Uno de los argumentos más sorprendentes que Alejo Morodo ha dado a EL ESPAÑOL sobre los pagos recibidos de la venezolana PDVSA es que son en retribución por su asesoría para “implantarse en Europa”. En realidad, en vez de implantar, Morodo se encargó en 2009 de desarraigarla de España al liquidar la filial que tenía aquí.

Pero, además, PDVSA es una empresa petrolera que conocía bien Europa. En 1983, hace más de 30 años, estableció una joint venture al 50% con Ruhr Oel, que entonces tenía dos grandes refinerías en Alemania y un amplio complejo petroquímico. Ruhr Oel era filial de Veba Oel, una empresa del estado de Prusia fundada en 1929 que fue privatizada en 1965. Durante un tiempo fue controlada por E.ON que en 2001 se deshizo del negocio petrolero para concentrarse en el eléctrico y la vendió a British Petroleum. Gracias a su acuerdo con PDVSA, Ruhr Oel tenía derecho a adquirir petróleo venezolano a precio rebajado.

Desde su inicio, la joint venture fue criticada por políticos y profesores universitarios de izquierda que llegaron a posiciones de poder con Hugo Chávez y su Movimiento Bolivariano. La crítica principal era que el acuerdo con la alemana no generaba ganancias para Venezuela. La falta de transparencia de la petrolera venezolana -los sueldos de sus altos ejecutivos, por ejemplo, sólo fueron conocidos en 1996, cuando los publicó El Universal de Caracas- contribuyó a que las críticas arraigaran en la sociedad. Cuando Chávez llegó al poder, una auditoria interna de PDVSA elaborada por los nuevos gestores sentenció el acuerdo con Veba y ya en 2004 comenzó a hablarse de que sería liquidada.

Finalmente, PDVSA vendió su participación en Ruhr Oel a la rusa Rosneft en un acuerdo firmado personalmente por Chávez en Moscú en octubre de 2010 con el entonces presidente ruso Dimitri Medvedev. Rosneft pagó 1.600 millones de dólares. Luis Giusti, ex presidente de PDVSA entre 1994 y 1998, calificó la cifra de “ridiculez” y estimó que representaba apenas una quinta parte del valor total.  

Una nota elaborada por Wolf Petzall, vicepresidente de PDVSA en 1982 y principal negociador del acuerdo con Veba, se quejaba en 2004 de que las críticas de quienes decían que el acuerdo con Veba no producía réditos para Venezuela nunca fueron eficazmente contestadas. Según sus cálculos, la tasa de rendimiento de la inversión en la joint venture se estimó inicialmente en un 24%. En 1991, cuando llevaban 11 años de actividad, PDVSA calculó que la tasa de retorno había sido realmente del 25%.

La estrategia de internacionalización de PDVSA también supuso la compra, en la década de 1980, de casi una decena de refinerías en EEUU que pertenecían a Citgo que pasó a ser filial de PDVSA.

PDVSA fue creada en 1975 por el primer gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez tras la nacionalización de los hidrocarburos en Venezuela. Llegó a figurar entre las 40 empresas más grandes mundo, pero nunca pudo desmarcarse de las sospechas de corrupción que pesaban sobre algunos de sus gestores nombrados en la época del turnismo entre gobiernos socialdemócratas (adecos) y socialcristianos (copeyanos). Era popular el concepto de “la caja chica”, un fondo de reptiles mantenido con dinero del petróleo que servía para pequeños sobornos de 1 a 5 millones de dólares. Cantidades mayores suponían prácticamente acuerdos de Estado.    

La compañía entró en barrena tras una reestructuración emprendida por el ex líder guerrillero Alí Rodríguez después de que parte de la plantilla secundara un paro general contra Chávez en diciembre de 2002. Algunos de los mejores profesionales venezolanos fueron purgados en ese momento.

La nueva PDVSA, al margen de regalar su crudo a países aliados como Nicaragua o Cuba -donde no se exigía una retorno monetario como el de Veba-, se desenvuelve bajo una gran presión sobre sus márgenes. El coste de producción de un barril de crudo oscila entre 8 y 19 dólares. Hace cuatro días el barril se cotizó a 24 dólares y la compañía mantiene un presupuesto de gastos con el barril a 100 dólares.