Mariano Rajoy dinamitó el viernes uno de los pocos elementos institucionales que limitaban los daños que la incertidumbre política puede ocasionar a la economía española. Al declinar la oferta del Rey, ha situado en un limbo jurídico el mecanismo constitucional que garantizaba que el proceso de definición de un nuevo gobierno no se prolongue más de dos meses o, de lo contrario, se convoquen nuevas elecciones.

Este no es un asunto menor. Dados los parsimoniosos plazos que existen para todo lo demás -casi un mes para constituir las Cortes desde la votación o una semana para la primera ronda de consultas-, que un legislador de finales de la década de 1970 fijara un intervalo de dos meses para la formación de gobierno parece hoy un límite riguroso. Pero el plazo existe y permitía a los analistas construir sus escenarios. Muchos dedujeron que, en el peor de los casos, España podía acudir a las urnas de nuevo a finales de mayo. Ahora, ese límite es incierto y con su acción Rajoy ha iniciado una dinámica que puede tener consecuencias indeseables.

Primero, Rajoy puede pasar como en el mus, pero no puede obligar a los demás a que jueguen. El socialista Sánchez también puede declinar la oferta real. Y puede emplear cualquier excusa, incluso una de tan mala calidad como la que ha empleado Rajoy para justificar su espantada. Dijo el presidente en funciones que Pablo Iglesias ha revelado la existencia de un futuro gobierno de coalición con el PSOE, propuesta que los socialistas ni siquiera se han tomado en serio. Sánchez no aludió a ella directamente y varios líderes del PSOE consideraron “humillante” la oferta.

Una dinámica de líderes políticos que se ceden continuamente el paso hacia la investidura, como si España fuera un gag de los Hermanos Marx o de los Tres Chiflados, podría llevarnos al absurdo de prolongar durante meses un gobierno en funciones debido a la estratagema de Rajoy.

En segundo lugar, la decisión de no presentarse ahora de un Rajoy que, según confesó a la radio catalana, tiene “una agenda muy libre”, pretende trasladar la presión a sus rivales políticos y también al Rey. Don Felipe, a quien Rajoy empezó a mandarle señales desde comienzos de la semana pasada, hizo saber el jueves a través de Joan Baldoví que seguiría “el orden natural de las cosas” en la investidura y que no se prestaría a ocurrencias. Esto obligó a Rajoy a replantearse su estrategia en la noche del jueves (“evidentemente voy a presentar mi candidatura”), hasta que el viernes Pablo Iglesias le ofreció una excusa perfecta.

Una vez más, Podemos sirve de coartada a Rajoy tal como ha venido ocurriendo desde las elecciones europeas de 2014. Los favores (estos días salen a la luz algunos dosieres contra Podemos que el tiempo marchitó) recuerdan desde el tren blindado en que el Kaiser mandó a Lenin para desmantelar la Rusia zarista -anécdota que le gusta repetir a Iglesias-, hasta los favores que el democristiano Rafael Caldera hizo a Hugo Chávez para que llegara al poder en Venezuela, anécdota que el profesor de Políticas no suele mencionar en público.

Luis de Guindos se apresuró ayer en Davos a intentar taponar la brecha de desconfianza y escepticismo que el gesto de Rajoy ha provocado. “No espero grandes oscilaciones en los mercados en los próximos días”, añadió. Pero a partir del lunes, la decisión de Rajoy será escrutada en detalle por los mercados. Un entorno internacional en el que pesan grandes incógnitas puede complicar aún más las cosas.

Guindos avanzó ayer que espera un dato de paro muy favorable este jueves cuando se conozca la Encuesta de Población Activa. Lo que no dijo es que en Bruselas ya están convencidos de que el déficit fiscal de 2015 será peor que lo estimado hasta ahora. No será un deslizamiento de un par de décimas, sino una cifra superior, fruto de la falta de rigor con el gasto autonómico y del déficit de la Seguridad Social.

¿Hasta dónde un mal dato de déficit puede impulsar la prima de riesgo? Es cierto que el rigor europeo está en horas bajas después de haber autorizado a Francia a que se salte sus compromisos de déficit por razones de seguridad, como oportunamente apuntó Pablo Iglesias. Pero déficit significa deuda pública y en ese terreno, un país cada vez más endeudado depende de la confianza de sus acreedores. España necesita este año 400.000 millones de euros para seguir funcionando: unos 45.000 millones para cubrir el déficit de 2015, unos 180.000 millones para refinanciar vencimientos públicos y una cantidad similar para las necesidades del sector privado. Si la incertidumbre dispara el riesgo, cada punto que suban los intereses supone 10.000 millones más para el Estado.