El esquema salarial de la alta dirección del Estado es incoherente, caótico y, pese a la entrada en vigor en plenitud de la nueva Ley de Transparencia, ofrece muchos rincones oscuros. Así se desprende del informe Sueldos de los máximos responsables y altos cargos de la Administración elaborado por la Fundación ¿Hay Derecho? Los tres mejores sueldos del Estado (210.000 euros anuales) corresponden a los presidentes de tres empresas públicas (SEPI, ENUSA y CESCE) que casi triplican el sueldo del presidente del Gobierno (78.185 euros anuales), hecho que no tiene explicación desde el punto de vista de las responsabilidades.
Del informe se deducen cuestiones llamativas. Por ejemplo, que el afán del gobierno por dar muestras de austeridad bajándose los sueldos sólo afectó a las autoridades de primera línea. Esto descabaló la racionalidad que podía existir en el escalafón salarial del gobierno. Así, el presidente y los ministros (68.981,88 euros cada uno) cobran muchísimo menos que los secretarios de Estado, los subsecretarios y los directores generales que tienen el derecho a repartirse la bolsa de “productividad” de cada ministerio lo que sitúa a estos últimos entre los 100.000 y 110.000 euros anuales.
Comparativa de salarios de presidentes sobre salario mínimo, en veces
Por otro lado, la falta de transparencia legislativa también ha contribuido al ejercicio de esta austeridad de fachada. El Real Decreto 451/2012 fijó un tope para la retribución básica en el sector público de 105.000 euros. Se llegó a proclamar que nadie cobraría del Estado más que esa cantidad. Pero existen los complementos burocráticos, como ya se ha visto en la bolsa de “productividad” que se reparten los segundos en la línea de mando de los ministerios. Y estos complementos en el sector público empresarial son todavía más generosos. Así, el salario máximo que se puede percibir del Estado llega a los 210.000 euros, cantidad que reciben los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) y la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE).
Un detalle significativo es la elevada concentración de los altos salarios público. De los 21 altos cargos que más cobran dentro del sector público empresarial, el 62% pertenece al grupo de la SEPI. Además, sólo cinco de esos altos cargos publican sus sueldos en el Portal de Transparencia del Gobierno.
El trabajo, firmado por Jaime Castellano, investigador de ¿Hay Derecho?, tiene limitaciones que no son responsabilidad del autor, aunque eso no le resta relevancia. La transparencia en el sector público aún está en pañales, así que cualquier informe constituye un aporte. La primera limitación tiene que ver con su alcance: el documento se circunscribe a la Administración General del Estado, ya que incluir a las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos hubiera resultado costosísimo. La segunda limitación es fruto de la falta de transparencia y el desorden del Estado. O los salarios no están donde deben estar o los conceptos no representan lo que realmente se cobra y que Castellano ha definido con el concepto clásico de “paquete retributivo”.
Comparativa de sueldos de presidentes en relación al PIB, en porcentaje.
Así, el paquete retributivo de Rajoy consta de su retribución fija y de una serie de servicios. El jefe de Gobierno no tiene retribución variable (otros altos cargos, como los secretarios de Estado, sí la tienen), pero en cambio tiene todos sus gastos cubiertos, así como los de su familia. Como estos gastos no están cuantificados, en realidad no se sabe cuál es su remuneración real y eso dificulta las comparaciones. Angela Merkel cobra 270.000 euros pero vive en su casa y paga su compra en el supermercado. David Cameron recibe 142.000 libras, pero se paga las vacaciones y viaja en aerolíneas low cost.
El estudio de ¿Hay Derecho? no se pronuncia sobre si los sueldos de los políticos son altos o bajos. El economista Luis Garicano suele decir que si pagas mal no puedes esperar buenos profesionales. Pero para que las comparaciones sean justas habría que imputar al presidente y a los demás altos cargos la retribución en especie que supone su manutención y la de su familia, o los coches oficiales, los salarios exentos de impuestos, viajes y comidas en los ministerios.
En los Presupuestos de 2013, el Gobierno reconoció que el presidente tenía 578 asesores eventuales. Pero el dato más sorprendente fue que 68 de ellos no contaban con el graduado escolar. Otros países han creado sistemas de alta dirección pública que buscan y reclutan a los mejores profesionales para los altos cargos de confianza. Se trata de instituciones no partidistas que cubren los cargos que aquí habitualmente llenan los partidos con sus militantes o familiares. Los resultados en países como Australia, Nueva Zelanda o Chile han sido positivos.
Y en cuanto a la transparencia, tarde o temprano se impondrá la noción radical de que toda transacción de dinero público debe ser pública (más aún, debe ser publicada). Esto implica que deban conocerse de manera cristalina desde el salario del más humilde funcionario hasta los pagos efectuados al más rico de los empresarios. De lo contrario, siempre existirá un recoveco burocrático para escamotear información al ciudadano.