Es la historia de David contra Goliat en un sector, el lácteo, que no se caracteriza por ser precisamente tranquilo. Las cuotas de producción, los precios a los que compran los consumidores en el supermercado o el déficit de leche de España frente a otros países europeos, como Francia, llevan años provocando discusiones.

Pero, sin duda, uno de los temas más polémicos es la multa que Competencia impuso el pasado marzo a las grandes empresas de la industria por pactar el precio al que compraban la leche a los ganaderos. En total, les obligó a pagar 88,2 millones de euros (aunque la multa está recurrida) por intercambiar información sobre el precio de venta de la leche de vaca cruda y los volúmenes que compraban.

Empresas como Danone, Central Lechera Asturiana, Senoble, Puleva, Nestlé o Celta, entre otras, se intercambiaron información para controlar así los precios o cederse ganaderos de una a otra, según concluyó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una práctica que llevó a cabo durante años. En concreto, entre 2000 y 2014.

Una cooperativa de 17 ganaderos

Hoy, una pequeña cooperativa navarra, integrada por 17 ganaderos, que colaboró con Competencia para destapar las prácticas irregulares de la industria, ha llevado a cuatro de esas grandes compañías ante los tribunales.

La Cooperativa de San Antón reclama casi 15 millones de euros (a los que sumar, además, intereses) por los daños y perjuicios que le provocaron Puleva (hoy en manos de la francesa Lactalis), Capsa (la sociedad detrás de Central Lechera Asturiana), Senoble (interproveedor de Mercadona, hoy en manos de Schreiber) y Celega (la Central Lechera de Galicia).

La demanda se ha presentado, según fuentes de la cooperativa, ante el Juzgado Mercantil de Granada, por ser la ciudad andaluza el lugar en el que está la sede social de Puleva que, entienden, tuvo el principal papel activo en los perjuicios que el cártel provocó a San Antón.

Se da la circunstancia de que la demanda contra las cuatro lácteas llega, prácticamente, sobre la bocina. “El plazo para pedir daños y perjuicios es de un año desde la decisión de la CNMC. Si dejan pasar ese plazo, los ganaderos no podrán pedirlas”, asegura uno de los abogados del proceso, que prefiere permanecer en el anonimato.

El proceso va en paralelo a la resolución de Competencia que también está en los tribunales, en concreto, en la Audiencia Nacional, a la que los fabricantes han apelado la resolución del regulador encabezado por José María Marín Quemada. “Los tribunales dirán, pero nosotros consideramos que el expediente de la CNMC es muy sólido”, indica el citado abogado.

¿Represalias de la industria?

¿Por qué no han reclamado daños y perjuicios todos los ganaderos o cooperativistas perjudicados por el cártel lácteo? Por temor, indican desde el sector, a posibles represalias. En el caso de la Cooperativa de San Antón la industria, después del expediente, la está situando ante serias dificultades. El escollo es encontrar quién le compre la leche que producen sus ganaderos. A final de 2015, la cooperativa cerró un acuerdo, válido para enero y febrero de este año, por el que vender la leche a 0,16 euros el litro. “El coste de producir es de 0,35 euros como mínimo, esta situación es insostenible”, indican desde la cooperativa.

El problema de vender a ese precio ha colocado a algunos de sus cooperativistas ante la necesidad de traspasar o de cerrar sus instalaciones. “A mí no me queda otra que vender las vacas, llegué a tener 400 pero en la situación actual no puedo continuar”, asegura a EL ESPAÑOL uno de los cooperativistas de San Antón. Indica, además, que su situación no es única y que, si en Navarra se compra leche a 0,16 euros el litro, en Galicia se dan situaciones similares, con precios de venta que rondan los 0,18 euros.

La resolución de Competencia, bajo “vigilancia”

Dada la situación actual del mercado, los ganaderos consideran que el sector está aún lejos de operar con normalidad y transparencia. Indican que la CNMC, está llevando a cabo una labor de vigilancia para comprobar si se están volviendo a llevar a cabo prácticas irregulares.

“A mí me ha realizado un requerimiento de información, quiere saber mi contrato lácteo y están comprobando que se cumpla su resolución”, aseguran desde la cooperativa. Fuentes de Competencia confirman que se está llevando a cabo esta vigilancia a su resolución de hace casi un año.