“Quitó el mástil de la carlinga y enrolló la vela y la ató. Luego se echó el palo al hombro y empezó a subir. Fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su cansancio. Se paró un momento y miró hacia atrás y al reflejo de la luz de la calle vio la gran cola del pez levantada detrás de la popa del bote”. Así empieza la parte final de El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. Esta ha sido la pesadilla de José Ignacio Goirigolzarri en los últimos meses: descubrir de pronto que, tras una magnífica faena, la obra en la que has empeñado tu talento acaba mordisqueada, convertida en un lustroso esqueleto, atado a la borda de la barca.

Dos sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo que confirman otras tantas de las Audiencias de Valencia y Oviedo, imperfectas en cuanto contienen “errores, inexactitudes y omisiones graves” según Manuel Conthe, han puesto a Bankia contra la espada y la pared. Con todo, Conthe, pese a que sostiene que las sentencias “sucumben al célebre sesgo retrospectivo” (una vez que se conoce el desenlace se tiende a desfigurar el recuerdo de los hechos pasados) no niega que haya responsabilidad civil, sólo que su origen no lo sitúa en el folleto de la OPV sino en el hecho de que las acciones se comercializaron a través de la red bancaria.

Ante esta situación, a Bankia le cabían varias opciones. Una era seguir oponiéndose a las demandas de los particulares -a sabiendas de que las perdería tras la sentencia del Supremo- y que en su gran mayoría estaban patrocinadas por bufetes que estaban haciendo su agosto con las costas procesales. De hecho, algunos ofrecían no cargar sus servicios a los afectados a cambio de las costas. Ante esto, se especuló la semana pasada con que Bankia se allanaría ante cada nueva demanda con el fin de evitar las condenas en costas y disuadir a los bufetes más agresivos. Se calculó que esto le supondría a la entidad un ahorro de 400 millones aproximadamente. Pero esto creaba una situación que penalizaba a los futuros demandantes, porque si decidían reclamar su dinero, siempre tendrían que contratar un abogado que les cobraría por sus servicios entre el 25% y el 30% de lo invertido. Así que esta alternativa nunca llegó a considerarse en la mesa de decisiones.

Finalmente, Bankia se ha inclinado por una tercera opción: devolver de oficio la totalidad de lo invertido por los minoristas en la OPV o compensarles la pérdida si las hubieran vendido. En ambos casos se les abonará un interés del 1% anual desde julio de 2011. La bolsa saludó la decisión con importantes subidas de la acción ya que se disipa un riesgo que, aunque estaba provisionado en las cuentas con 1.800 millones, tenía un coste reputacional que estaba complicando a la marca. Además, de perseverar en los pleitos, dichas provisiones podían quedarse cortas por la acumulación de costas procesales, intereses de mora, etc. Se estima que, con esta decisión, en 2018 el asunto estará zanjado.

Podría ocurrir que, dentro de un tiempo, se estima que en 2020 o 2021 tal como está la Justicia en España, el Tribunal Supremo lleve a su fin la vía penal del caso Bankia y descubra que no hubo delito en la salida a bolsa de la entidad. También podría ocurrir que una discrepancia fáctica (que se dijera que el folleto no era engañoso, por ejemplo) obligara al Supremo a estudiar un recurso de revisión que coordinara ambas sentencias. Podría ocurrir que, dado que lo actuado ha sido hecho en parte con dinero público (un 40% de Bankia ya es privada), alguien sugiera que se ha desprotegido el interés del contribuyente a favor de unos inversores que actuaron por su cuenta y riesgo. La cúpula de Bankia ha calculado que, en este peor de los casos, si les mandaran recuperar el dinero que ahora están devolviendo, eso sería tan difícil de ejecutar como la famosa sentencia que obligaba a desconcentrar Antena 3 y la cadena Ser y que nunca se cumplió. Goirigolzarri que es en extremo perfeccionista ha preferido correr ese mínimo riesgo antes de que le pase como a Santiago el pescador.