PSOE y Ciudadanos declaran la guerra al capitalismo de amiguetes

El PSOE tiene una gran parte de la culpa del capitalismo de amiguetes que sufre hoy España. Las privatizaciones de las empresas monopolísticas que venían del franquismo se hizo favoreciendo una élite empresarial en el país que ha sido una gran lacra para la competencia. La mano de Luis Garicano, cerebro económico de Ciudadanos, se aprecia bien en la guerra que declaran ahora los dos partidos al capitalismo de amiguetes.

El pacto entre Ciudadanos y PSOE lo deja bien claro. “Contra el capitalismo de amiguetes: buena regulación y fomento de la competencia”. Los que más tienen que perder son los sectores más proclives al monopolio, lo que en economía se conoce como monopolio natural, que terminan convirtiendo una ventaja, los costes marginales decrecientes, en una desventaja, los precios más altos por la ausencia de competencia y de transparencia. Las dos formaciones quieren revisar la regulación para “favorecer la entrada de nuevos competidores” en sectores estratégicos, como son el de las telecomunicaciones, el energético o el de las infraestructuras.

Para asegurar el buen funcionamiento del mercado, PSOE y Ciudadanos han acordado reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a semejanza del modelo alemán. Esto es, dotarla de “la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para los reguladoras, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado”.

Supervisión del sistema financiero

Una parte fundamental del nuevo control del capitalismo de amiguetes es supervisar bien al sistema financiero. Sólo así se podrán evitar escándalos como los que han ocurrido en los últimos años en los que se ha vulnerado la ley en numerosas ocasiones con perjuicio para el ciudadano.

Las dos formaciones proponen adoptar el sistema de dos pilares conocido como twin peaks que se utiliza en otros países. Este modelo divide la supervisión en dos autoridades, una que vigila la solvencia y otra las conductas de las entidades.

Actualmente la supervisión de la solvencia y los riesgos de la banca, lo que se conoce como supervisión macroprudencial, lo ejerce el Banco Central Europeo en las grandes entidades y delega su responsabilidad en el Banco de España para las de menor tamaño. Pero en el caso del sector seguros, este papel recae sobre el Ministerio de Economía y en el caso de las empresas de servicios de inversión, lo ejerce la CNMV. El PSOE y Ciudadanos plantean crear un regulador único para todas las actividades financieras creando una Autoridad de control macroprudencial en el Banco de España que tenga en su mano toda la supervisión.

Pero la solvencia no debe conseguirse a cualquier precio, como fue, por ejemplo, la salida de Bankia a bolsa. Socialistas y ciudadanos quieren garantizar la protección de los inversores después de que los dos reguladores actuales, la CNMV y el Banco de España hayan fallado de forma recurrente en los últimos años. Las dos formaciones proponen crear una Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero que, “a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros”, banca, valores y seguros.

Esta Autoridad se encargaría también de supervisar a las auditoras, que también han hecho aguas en los últimos años con escándalos como el de Bankia, Pescanova o Gowex. Actualmente esta responsabilidad recae sobre el ICAC.

Las dos formaciones darían a esta Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero una independencia a la que tiene la CNMV actual, lo que podría poner en entredicho su independencia. No hay más que recordar que es el Gobierno quien nombra a los presidentes del organismo. La presidenta actual es Elvira Rodríguez, una política con amplia trayectoria en el Partido Popular, ocupando los cargos de Ministra de Medio Ambiente o presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. El papel del regulador ante escándalos como la salida de Bankia a bolsa o la comercialización de las participaciones preferentes del sector financiero han puesto en duda la independencia de la CNMV en los últimos años.

La financiación de esta Autoridad se realizaría íntegramente con tasas a la industria financiera que estarán fijadas por ley.