Las indemnizaciones y jubilaciones millonarias del Ibex

César Alierta no se irá de Telefónica con las manos vacías. De hecho, ni siquiera se irá, ya que seguirá como consejero de la compañía hasta 2017 y, a la espera de saber si renovará su puesto en el consejo de la teleco, lo que está claro es que se llevará una jubilación de 35,5 millones de euros. Cuando los cobre entrará a formar parte del selecto grupo de las mayores indemnizaciones de España que actualmente está copado por banqueros.

En la entrada del siglo XXI las grandes empresas españolas eran bancos, energéticas y Telefónica y, como dice el refrán, esos barros, estos lodos: son los que se han llevado las mayores indemnizaciones. Un nombre destaca por encima de todos: Ángel Corcóstegui, que salió del Banco Santander Central Hispano tras la fusión de las entidades en el año 1999 y que estuvo remunerada con 108 millones de euros. Su salida se complementa con la de José María Amusátegui, copresidente de la entidad, y que recibió una indemnización de 48 millones de euros.

Estas dos salidas estuvieron envueltas en la polémica, ya que representaron la pelea de las dos cúpulas, la del Banco Santander y la del Central Hispano, para dominar la nueva entidad. La disputa se solucionó con la salida de la cúpula del Central Hispano y Emilio Botín consiguió quedarse a los mandos del banco. Sin embargo, este arreglo en la cúpula acabó en los tribunales por posible “apropiación indebida” de los recursos del BSCH “en perjuicio de la sociedad”, pero los tres fueron absueltos en 2005 por la Audiencia Nacional y definitivamente en 2006 por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal determinó que “la ley permite una gratificación extraordinaria”, por lo que no era “decisivo” que apareciese reflejado en el acuerdo de fusión de las dos entidades. Y en efecto, fue extraordinaria, tanto que no se ha vuelto a ver una indemnización de ese montante, y eso que han pasado ya 15 años.

El ADN de Botín

Emilio Botín imprimió al nuevo BSCH, que nacía entonces, su ADN empresarial: una apuesta decidida por el crecimiento, las operaciones corporativas y también un Consejo de Administración bien cuidado ante las salidas. No es extraño, por tanto, que la segunda mayor indemnización también la pagara este banco: fueron los 88,1 millones de jubilación que se llevó Alfredo Sáenz en el año 2013. El consejero delegado del banco tenía abierto un procedimiento en el Banco de España por el que se iba a determinar si inhabilitaba al banquero después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le indultara en el año 2011.

En 2013 el Tribunal Supremo anuló en parte este indulto, por lo que, para evitar males mayores, Sáenz decidió abandonar la entidad con una indemnización más que jugosa: esos 88,1 millones de euros.

Ángel Corcóstegui, ex vicepresidente del BSCH Efe

Otro directivo del Santander ocupa los primeros puestos de las mayores indemnizaciones pagadas nunca en España: es el caso de Francisco Luzón, que era en 2012 consejero y director general para América Latina de la entidad. La salida se realizó como una prejubilación, que estaba respaldada por 65 millones de euros, aunque no llegó a recibir todo el pago en metálico, ya que una parte se entregó en acciones.

Las salidas del BBVA

También el BBVA tiene a sus espaldas dos de las mayores indemnizaciones que se han pagado en España: son las de José Ignacio Goirigolzarri y Ángel Cano. Durante años se especuló con que ‘Goiri’ sería el relevo de Francisco González al frente de la entidad. Tenía la trayectoria en el grupo como consejero delegado desde 2001 y se había ganado el prestigio interno. Sin embargo, una serie de discrepancias internas acabaron provocando su salida de la entidad en 2009, eso sí, con una buena indemnización, de 53 millones de euros.

José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia MADRID

Su sucesor en el cargo fue Ángel Cano, hasta entonces director de Recursos y Medios de la entidad. Su periplo como número dos de la entidad no duró seis años, ya que en julio de 2015 firmaba su salida de la entidad, según se publicó en su momento, por discrepancias con Francisco González sobre la necesidad de que BBVA liderase la transformación digital de la banca. Su salida estuvo remunerada con 45 millones de euros -19 millones de indemnización y otros 26 millones como pensión- y el banco continuó con su giro hacia la digitalización.

La energía es rentable

Entre las mayores indemnizaciones de España no podía faltar Endesa, otra de las grandes privatizaciones de la democracia. La eléctrica, que llegó a ser la mayor cotizada española, tuvo muchas novias en la segunda mitad de la década de los años dos mil hasta que en julio de 2007 la italiana Enel y la española Acciona consiguieron ‘conquistar’ a la CNMV y a los accionistas de Endesa y culminaron la OPA con éxito. Los nuevos propietarios de la compañía remodelaron su cúpula y dieron salida a sus antiguos dirigentes, incluido el presidente Manuel Pizarro, famoso desde entonces por su defensa de la compañía. Aunque no se conocen las cifras desagregadas, la eléctrica comunicó a la CNMV que en ese año pagó 22 millones a los ejecutivos de la compañía.

En 2014 se produjo otra salida sonada, la del consejero delegado Andrea Brentan, que fue el encargado de encarrilar el proceso de venta de activos de la compañía en Latinoamérica. Su salida tuvo una buena indemnización, de 11 millones de euros.

El escándalo de Novacaixagalicia

Uno de los mayores escándalos de las cajas de ahorro rescatadas fue el que protagonizó la cúpula de Novacaixagalicia. Los máximos responsables de la antigua Caixa Galicia salieron de la entidad poco antes de que fuese nacionalizada para salvarla. José Luis Pego, director general de la entidad, su expresidente, Julio Fernández y otros tres altos directivos llegaron a embolsarse casi 19 millones en indemnizaciones.

Este escándalo llegó a los tribunales y aunque los afectados se defendieron asegurando que “el Banco de España conocía todo el proceso” y que les dijo que “no podían no pagarse la indemnizaciones”, la Audiencia Nacional les encontró culpables de concederse estas prejubilaciones de forma ilegal. Les condenó a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de más de 15 millones de euros, pero la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.