Pineda tiene un pasado violento. Ha sido su tarjeta de visita y un mensaje de boca a oreja que circulaba sobre su persona y que le tildaban de “tipo peligroso”. Gran parte de esa reputación proviene de diversos episodios de su juventud. En marzo de 1980, el actual presidente de Ausbanc cuando tenía 17 años por entrar a punta de pistola en casa de la marquesa de San Eduardo en Madrid para perpetrar un robo. Fue detenido. Apenas un año más tarde, la policía volvió a echarle el guante después de que, junto a un grupo de jóvenes de ultraderecha, lanzase cócteles molotov para conmemorar el aniversario del fallido golpe de Estado del 23-F. De la pistola y artefactos incendiarios pasó a empuñar otras armas, chantaje y extorsión, según las denuncias que han desembocado en su detención.

Luis Pineda Salido (Málaga, 1952) tenía una mala fama perenne tanto entre bancos y cajas, como entre la propia prensa especializada. Sin embargo, también gozaba de cierto prestigio popular por haberse situado entre las caras visibles de la detención y entrada en la cárcel del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa de la Parra. En aquel caso, Pineda formó buen equipo con Miguel Bernad, ambos asociados a movimientos de extrema derecha desde siempre, para acusar al exbanquero por la compra del City National por Caja Madrid. Nada de preferentes, ni tarjetas ‘black’: la ruda argumentación que compró el juez Elpidio Silva se ceñía a una mala operación financiera que no llegó a entender.

No era la primera causa contra un banquero o contra una entidad financiera que tenía Pineda. Ausbanc fue junto a Adicae una de las impulsoras de las causas judiciales de las cláusulas suelo en las hipotecas, que llevó al Supremo a condenar a varias entidades financieras, con BBVA y las cajas gallegas a la cabeza, entre 2013 y 2015. También Adicae, cuyo presidente, Manuel Pardos, sin embargo, se refirió sin nombrarlos a Ausbanc hace sólo unos días cuando presentó la victoria judicial de su asociación en el caso de las hipotecas. “No voy a hacer mención de los innombrables hoy porque por culpa su mala fe la sentencia no tiene retroactividad total”, señaló.

Su detención no ha pillado por sorpresa a muchos, pero sí el contenido de la línea de investigación. Según la policía, el presidente de Ausbanc chantajeó junto al de Manos Limpias a dos entidades financieras (La Caixa y Banco Sabadell) para obtener 3 millones de euros a cambio de retirar la acción judicial contra la Infanta Cristina en el ‘caso Noos’. ¿Por qué pedir dinero por la Infanta a los catalanes de Sabadell y La Caixa? Fuentes del sector coinciden en señalar que el abogado de la Infanta es Miquel Roca, es consejero de la primera de las entidades, mientras la relación con la segunda era que en la Fundación de la segunda trabajaba la hermana del rey Felipe VI mientras vivía en Ginebra (Suiza) y Barcelona. La policía sospecha que no era la primera que lo hacían -extorsionar- por eso ha elevado el rango de la operación que ha lanzado sobre ambos juristas.

Fuentes bancarias hablan de sus presuntas prácticas y señalan cómo Ausbanc se dedicaba presuntamente a pedir dinero a empresas y bancos de cuando en cuando a cambio de no iniciar acciones judiciales en los tribunales contra alguno de sus productos financieros. “Ahí es donde realmente hacían daño”, explican. Con este ‘modus operandi’, Pineda logró crear un pequeño imperio de empresas en España, Colombia, Venezuela o Miami, regiones a las que extendió la actividad de las publicaciones de Ausbanc que le generaban suculentos ingresos.

Según las cuentas de 2014, la asociación que preside Pineda tuvo unos ingresos de unos 400.000 euros por las cuotas de sus afiliados, al tiempo que otros 6 millones procedieron de ‘otros ingresos’, fundamentalmente pagos por publicidad. Este ha sido uno de los indicios que ha llevado a los investigadores a sospechar del origen de sus ingresos. También la serie de años con bases imponibles han llevado a las autoridades a iniciar una revisión de sus cuentas con Hacienda.

Cuentas de Ausbanc en 2014.

Bravucón y follonero

La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) denunció el acceso a las ruedas de prensa de empresas de empleados de Ausbanc, que en 2014 tenía una plantilla de medio centenar de personas, así como decenas de abogados asociados. Se dedicaban a armar follón y en ocasiones amenazaban con reventar determinadas presentaciones. “Era parte de la estrategia de acoso y derribo para mostrar sus cartas de intenciones cuando luego realizaban sus peticiones de apoyo financiero a empresarios y directivos”, según cuentan fuentes del sector.

Era parte de su personalidad, entre bravucón y chulesco. Según cuenta un testigo presencial, en una ocasión, Pineda hizo llamar al dueño de un restaurante para mostrarle su interés en comprar el local solamente porque le encantaron los canelones que estaba degustando en ese momento. La esposa de Pineda, María Teresa Cuadrado Díez, fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón (2003).

Durante su etapa al frente de ese departamento fue la responsable de regular y supervisar las empresas de bienes tangibles, segmento de negocio al que pertenecía las filatélicas Afinsa y Fórum. “Mientras sobre ella recaía la responsabilidad de regular el sector, la asociación de su marido estaba recibiendo ingentes cantidades de dinero por parte de las dos filatélicas presuntamente para silenciar la crisis”, según publicó el diario El Economista en 2007.

Un grupo de afectados por la estafa de los sellos de Afinsa denunció a Ausbanc por presunta complicidad con las empresas filatélicas tras haber recibido pagos en forma de publicidad por más de un millón de euros en los dos años anteriores a que estallase el escándalo que atrapó a miles de ahorradores. A raíz de aquello, Pineda emprendió una campaña desde Ausbanc para desprestigiar de forma personal a las periodistas que se hicieron eco de los nexos de unión de su asociación con las filatélicas.

Las amenazas y las tácticas de desprestigio sobre sus críticos era otra de sus cartas de presentación. En 2014 se encontró con la horma de su zapato cuando comenzó a insultar y atacar al portavoz de otra asociación de consumidores, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Un tribunal terminó condenándole por "expresiones y comentarios vejatorios e insultantes" contra Sánchez a través de Twitter que "evidentemente lesionan su honor" y cuya "reiteración" representa "una muestra clara de la intención de atentar contra el honor ajeno". Lo mejor fue la condena. No sólo tuvo que borrar los tuits denunciados, sino que fue obligado a publicar la sentencia en su propio perfil de Twitter durante 30 días seguidos.