Ningún país del euro ha sido nunca multado por incumplir el déficit, pero tampoco habían sido sancionados por manipular el déficit hasta que llegó España falseando el déficit de la Comunidad Valenciana. El país está volviendo a hacer méritos para recibir otra sanción con tanto incumplimiento del déficit. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha trasladado a Bruselas que España no cumplirá el objetivo del déficit para este año (bajarlo hasta el 2,8%) y que tampoco lo hará en 2017. Esta vez sin cruce de declaraciones: todo claro, no se cumplirá y punto.

La Comisión Europea es consciente de que cumplir con la senda del déficit fijada es imposible: requeriría un recorte del gasto público de unos 8.000 millones de euros, que se sumarían a los 2.000 millones que anunció la semana pasada el Ejecutivo. Una cifra que pondría en peligro la recuperación de la economía española y la creación de empleo, una cuestión demasiado seria como para no tener flexibilidad. Sin embargo, Bruselas no está dispuesta a premiar a un país que incumpla sus compromisos, lo que lleva a España a enfrentarse a una multa por no cumplir con el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).

La sanción a mí me importa muy poco, lo que me importa es la credibilidad de la política fiscal española

La multa a la que se enfrenta España alcanza el 0,2% del PIB, esto es, algo más de 2.000 millones de euros mientras se mantenga dentro del brazo preventivo. Si la Comisión Europea considera que el país no está cumpliendo sus recomendaciones (a España le mandó una recomendación el pasado 9 de marzo), la sanción podría alcanzar el 0,5% del PIB, esto es, algo más de 5.000 millones de euros. Guindos menospreció la posible multa a la que se enfrenta España después de la gestión de su Gobierno: “La sanción a mí me importa muy poco”, aseguró el martes durante su comparecencia en la Comisión de Economía, “lo que es fundamental es que la Comisión Europea vea que estamos haciendo caso a la recomendación autónoma”, esto es, para no pasar del brazo preventivo al correctivo de la Comisión.

Esta es la tercera ocasión en la que Guindos negocia una nueva senda del déficit en Bruselas. Ya está acostumbrado a las conversaciones con los responsables europeos. Y, lo que es peor, la Comisión ya está acostumbrada a que España incumpla sus compromisos y vaya a pedir un ajuste más liviano. Ahora bien, que el ministro de Economía en funciones haya solicitado un año adicional para corregir el déficit excesivo no significa que la CE haya dado el visto bueno.

Es fundamental que la Comisión Europea vea que estamos haciendo caso a la recomendación autónoma

El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha querido salir al paso de los rumores que apuntan a un trato de favor hacia España y, aunque ha reconocido que abordó esta cuestión con Guindos en Washington durante la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, ha dejado claro que “de momento no se ha adoptado ninguna decisión”.

Hacia la multa

Lo importante ahora no es si habrá una nueva prórroga para España, algo que se da por descontado. En Bruselas, todo el mundo asume que es “imposible económicamente” recortar el déficit del 5% al 2,8% (el objetivo al que Rajoy se había comprometido para 2016) en un solo año. Está claro que España necesitará más tiempo para volver a situar el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. El desvío de 2015 fue tan grande que la Comisión ha asumido ya que quizá un año extra no sea suficiente. Probablemente se necesiten dos, hasta 2018, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

En estos momentos, el auténtico debate en el Ejecutivo comunitario es otro. Lo que se discute es si se debe o no sancionar la inacción de Rajoy durante el último año a la hora de controlar el déficit. Y España tiene muy difícil escapar a esta multa, que podría llegar al 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros). La cuenta atrás comienza el próximo jueves 21 de abril. Ese día, la oficina estadística comunitaria, Eurostat, publica las cifras definitivas de déficit para todos los países de la UE en 2015. El 5% registrado por España estará entre los más altos de la eurozona.

A partir de ese momento, la Comisión tiene que examinar los motivos del desvío respecto al objetivo del 4,2% marcado por la UE. En primer lugar, debe determinar si el gobierno de Rajoy ha tomado “medidas eficaces” para corregir el déficit y el desfase se debe a otros factores, por ejemplo a un empeoramiento económico. En caso de veredicto positivo, Bruselas aprobaría una prórroga y no avanzaría en las sanciones. “Pero aquí está claro que no ha habido medidas eficaces”, explican las fuentes consultadas.

El progreso necesario en materia de consolidación fiscal se ha detenido, mientras que parte del ajuste estructural que se aplicó en años anteriores se está revirtiendo

La falta de avances en el control del déficit es una de las principales críticas del informe preliminar de los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo que visitaron Madrid la semana pasada. “El progreso necesario en materia de consolidación fiscal se ha detenido, mientras que parte del ajuste estructural que se aplicó en años anteriores se está revirtiendo”, denuncian. Dombrovskis ha subrayado también que el desvío respecto al objetivo del 4,2% “no puede considerarse insignificante” y “tendrá consecuencias para este año”.

Las funciones del Gobierno

España tampoco puede alegar un empeoramiento económico. Al contrario, el crecimiento del 3,2% registrado en 2015 fue uno de los más altos de la Unión Europea. La última bala para tratar de frenar la multa de Bruselas sería presentar un plan contundente de ajustes y reformas, como hizo Francia el año pasado. Pero la propia Comisión admite que un gobierno en funciones no tiene poderes suficientes para adoptar estas medidas.

La multa, cuyo importe todavía no se ha discutido dentro del Ejecutivo comunitario, podría llegar ya a mediados de mayo, después de que se publiquen las previsiones económicas de primavera. Y su posible anulación dependería de los compromisos del futuro gobierno, de acuerdo con las fuentes consultadas.

A favor de España juega el hecho de que la Comisión nunca antes se ha atrevido a avanzar a la fase final de las sanciones por déficit excesivo y no parece tener apetito por multas en un momento en el que el crecimiento se ralentiza. Si finalmente no hay acuerdo de gobierno, Bruselas sopesa retrasar la decisión a después de las elecciones del 26 de junio con el argumento de no interferir en la campaña. Es la hipótesis que parece más probable. Ello permitiría a un nuevo Gobierno adoptar un plan de recortes para tratar de frenar la sanción.