Estuvo a punto de ser vicepresidente del Gobierno, pero su entrada en el Ejecutivo de Mariano Rajoy comenzó con mal pie, tras ser relegado para dar cabida a Luis de Guindos como ministro de Economía. Su etapa al frente del aparato recaudador del Estado quedará marcada por las subidas de impuestos, la amnistía fiscal de 2012 y las irregularidades como las filtraciones de datos tributarios y contradicciones en la aplicación de las leyes tributarias.

La semana pasada, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, el ministro Cristobal Montoro celebró que se publicasen las identidades de quienes tienen sociedades en Panamá, “con nombres y apellidos”, para poder investigarlo. “Por eso, como ministro de Hacienda y APP, celebro que se publiquen los nombres, lo digo con toda claridad. Lo celebro porque yo no puedo hacerlo porque estoy sujeto a la confidencialidad de la Ley General Tributaria”, señaló.

Sin embargo, en no pocas ocasiones, Montoro ha acusado de forma indirecta, con insinuaciones, a colectivos, empresas y personas concretas de no cumplir con sus obligaciones fiscales y luego, también lo ha celebrado. “Esto pone de manifiesto que ha tenido acceso a los datos”, asegura José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.

“Montoro es un filtrador profesional”

Durante meses, el ministro se dedicó a airear e insinuar quiénes no estaban pagando sus impuestos. "Alguno de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España (...) No nos ha hecho falta un Depardieu, porque alguno de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España”, dijo en febrero de 2013. También disparó a "tertulianos, periodistas o políticos de otros signos políticos", usando “información privilegiada”, según denunció la oposición en su momento.

Según opinan desde Gestha, quien conozca los datos de tributación de otra persona y no pertenezcan a la Agencia Tributaria (AEAT)-como el ministro- ha vulnerado la confidencialidad. “En el caso del juicio contra el Partido Popular por presuntos delitos fiscales se demostró que una persona del ministerio (Rogelio Menéndez, hermano del director general de la Agencia Tributaria) tuvo acceso antes que el juez y que la propia agencia al informe con los datos sobre las donaciones al PP”, señalan.

Según varios inspectores consultados por este diario, durante la etapa de Montoro se ha hecho un uso político y partidista de la Agencia Tributaria (AEAT) en múltiples casos. No sólo está el de la filtración de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre en vísperas de las elecciones, también el de Juan Carlos Monedero -que regularizó ingresos por trabajo declarados como sociedades- o más recientemente la del ex presidente José María Aznar.

“Se hace público un proceso cerrado con conformidad sobre unos hechos de 2009 pero cuya investigación comenzó en 2013”. Esto hay que ponerlo en contexto con las declaraciones de Montoro de qué se dedica al business en el caso de monedero muy similar al de Aznar porque se declararon ingresos por rentas del trabajo a través de una sociedad el ministro cargo directamente contra el contribuyente y envió a los funcionarios de vigilancia de Aduanas que no se dedican a notificar a un político cartas de Hacienda sino a combatir el contrabando y el narcotráfico el ministro Montoro quiso dar con esto un golpe en la mesa de nuevo se pone de manifiesto el uso partidista de la información tributaria

“Montoro es un filtrador profesional”. Son las palabras que le dedicó esta semana en declaraciones a las Mañanas de Cuatro, Pedro Saura, portavoz del PSOE en asuntos fiscales, quien en febrero de 2015 protagonizó un duro enfrentamiento con el ministro y desde entonces mantiene una enemistad manifiesta. “Yo puedo hablar más claro, pero no más alto sí todos pagásemos nuestros impuestos me entiende "Que haya tertulianos a los que no les guste que se advierta sobre la necesidad de pagar fielmente los impuestos, ya que los creadores de opinión también pueden tener problemas con la Agencia Tributaria”,

De Doctor Jekyll a Mr. Hyde gracias a Rato

“La amnistía fiscal tuvo un gran desgaste para este ministro le forjó diversas enemistades como por ejemplo con Pedro Saura”, asegura desde Gestha. Con la regularización masiva de patrimonio en el extranjero se abrió la puerta a que aflorase dinero de origen dudoso. De hecho, de los 30.000 contribuyentes que se acogieron al perdón fiscal, más de 650 fueron señalados por el SEPBLAC (Servicio de prevención de blanqueo de capitales) como sospechosos de haber obtenido el dinero de manera no justificada.

“Se acabó pagando el 3% del total de dinero aflorado en vez del 10% que fijaba la Ley”, aseguran fuentes conocedoras del proceso consultadas por este diario. Esto ocurrió porque un informe de la Dirección General de Tributos, sin firma, modificó la amnistía fiscal para que solo se contemplase en los cuatro últimos años de 2007 a 2010 y de ahí proviene la rebaja en la recaudación de la amnistía. La tasa inicial del 10% para su regularización quedó finalmente en el 3%, de manera que en lugar de recaudar 4.000 millones, la cifra se quedó en 1.200 millones. “La amnistía tuvo dos chapuzas principales: no tiene sentido que lo limite a lo bestia y no sé investigó el origen de los fondos que podría provenir de orígenes ilícitos como la corrupción. Hay un segundo hecho y es que mucha gente cercana al gobierno del Partido Popular aprovechó para regularizar con Hacienda”, añaden.

La caída del ministro José Manuel Soria después de que se revelase su pertenencia a sociedades con sede en Panamá, y más tarde en Jersey (BBV Privanza), dio pie a que Montoro hablase también sobre ello. “No se puede estar en el Gobierno si se ha operado desde paraísos fiscales”, defendió con contundencia el titular de Hacienda. Pero Montoro olvidó en ese momento que durante anterior etapa como ministro no cesó a su secretario de Estado, Estanislao Rodríguez Ponga, el que fuera asesor jefe de fiscalidad internacional en BBV cuando estalló el caso de las cuentas secretas en Jersey. “El ministro reacciona con un doble rasero: en algunos casos lo celebra como con la publicación de los nombres de Panamá o monta en cólera como con Cemex. Lo que está claro es que es difícil trabajar si no hay sigilo tributario”, apunta un inspector de Hacienda.

“Rodrigo, solicita a la amnistía”. Las palabras de su compañero de ministerio, subalterno en los días de vino, rosas y gloria europea con la entrada en el euro, le sonaron a Rato a una alfombra roja para declarar sus bienes en el extranjero y se apuntó después al 720, una línea tributaria que obligó a declarar bienes superiores a los 50.000 euros en el exterior. Montoro todavía creía en su exjefe pese al estallido del caso Bankia y su nacionalización. Cuentan que le defendió a capa y espada hasta un momento muy determinado: la aparición de las tarjetas black (opacas al fisco) y, algo más tarde, el descubrimiento del entramado societario con que Rato operaba por medio mundo. Aquello fue para Montoro el punto de inflexión para el salto a la ofensiva en materia fiscal por los remordimientos de la amnistía.