La cuenta atrás ha comenzado. España inauguró las multas de Bruselas por manipular las estadísticas, un castigo simbólico de 19 millones de euros por las facturas sanitarias en los cajones de la Comunidad Valenciana. Y en las próximas semanas podría convertirse también en el primer país miembro al que la UE sanciona por déficit excesivo en toda su historia.

La Comisión Europea está alarmada por el caos presupuestario del gobierno de Mariano Rajoy en 2015. El descontrol en pleno año electoral disparó el déficit hasta el 5% del producto interior bruto, ocho décimas por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas. Con el agravante de que el Ejecutivo comunitario ya avisó de los riesgos en octubre, pero sus recomendaciones fueron desoídas por el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El propio Guindos admite la posibilidad de una multa, pero sostiene ahora que el crecimiento y la creación de empleo son más importantes que la disciplina fiscal. Y prepara su estrategia de defensa para tratar de frenar la sanción, aunque sea en el tiempo de descuento como hicieron Francia e Italia en 2014.

A continuación explicamos cómo funcionan las próximas etapas del procedimiento sancionador.

Las previsiones económicas y la prórroga

La Comisión Europea presenta el 3 de mayo sus tradicionales previsiones económicas de primavera. Estas cifras son importantes para comprobar si Bruselas da credibilidad a la nueva senda de reducción del déficit planteada por Guindos: bajar del 5% al 3,6% este año y al 2,9% en 2017. Eso supondría una nueva prórroga (la cuarta) de un año para situarse por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad.

Pero el Ejecutivo comunitario tiene serias dudas de que esta senda sea realista. La magnitud del desvío de 2015, que ha superado las expectativas más negativas, ha hecho que Bruselas sopese incluso ofrecer dos años extra, hasta 2018. “La prórroga se concederá. La pregunta es si será de 1 o 2 años y eso depende del escenario que emerja de las previsiones”, explican fuentes comunitarias. “Si te dan dos años es porque eres un desastre”, admiten en el ministerio de Economía. La concesión de una nueva prórroga no excluye que además haya multa. Al contrario, las dos podrían llegar al mismo tiempo.

El veredicto negativo por la inacción de Rajoy

España está sujeta al procedimiento sancionador por déficit excesivo desde el año 2009. Desde entonces, la Comisión ha concedido ya tres prórrogas, una durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y dos con Rajoy. Y no ha dado nuevos pasos hacia una multa por considerar que los sucesivos gobiernos adoptaron ajustes para corregir el desfase. Si los objetivos no se cumplieron, fue por la mala situación económica, según el diagnóstico de Bruselas.

Una vez que se conozcan las previsiones económicas, el Ejecutivo comunitario debe evaluar de nuevo si Rajoy adoptó en 2015 los ajustes necesarios para corregir el déficit y si el desfase se explica por otros factores. A la vista de las cifras de déficit, la conclusión preliminar de Bruselas es negativa, de acuerdo con las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. Los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) lo han puesto negro sobre blanco en su último informe sobre el rescate bancario.

Así que salvo sorpresa de última hora, el Ejecutivo comunitario publicará a mediados de mayo un dictamen negativo contra España por falta de “medidas eficaces” y un último aviso antes de las sanciones. Es el siguiente escalón hacia la multa, y podría ir acompañado del envío a Madrid de una misión de inspectores, los “hombres de negro” en la terminología del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los argumentos de defensa de Guindos

La estrategia de defensa del ministro de Economía para tratar de parar la multa en el último minuto se basa en dos argumentos centrales. En primer lugar, alega que la Comisión no debe tener en cuenta sólo 2015, sino los esfuerzos realizados durante la legislatura. España ha reducido el déficit desde el 9,3% de 2011 al 5% de 2015, y se trata de un ajuste estructural porque el crecimiento medio del periodo ha sido prácticamente plano, sostiene Guindos. “España ha hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista del ajuste fiscal”, dice el ministro de Economía. Este argumento empieza a calar en el Ejecutivo comunitario, que sopesa tener en cuenta las decisiones del periodo 2013-2015.

La segunda línea de defensa de Guindos es reclamar el mismo trato que a Francia y a Italia. Los dos países estuvieron al borde de una multa en 2014. Pero se libraron en el último minuto porque su situación económica era peor que lo previsto y presentaron nuevas medidas de ajuste. En el caso de España no se cumple ninguna de estas condiciones. La economía creció un 3,2% el año pasado, una de las tasas más altas de la UE. Y un gobierno en funciones no puede aprobar un plan de recortes.

Así que el ministro de Economía ha recurrido a uno de los argumentos secundarios que se utilizaron para justificar las prórrogas a París y Roma: el nivel de precios. La inflación de España en los últimos años ha sido muy inferior a la que había proyectado Bruselas. Eso ha tenido un impacto negativo en la recaudación, que ha sido menor que la prevista, y dificulta la reducción del déficit. Guindos no ha dado cifras. Pero asegura que si se hubieran cumplido las previsiones de inflación, el déficit se habría quedado muy cerca de la meta del 4,2%.

Una multa de entre 2.000 y 0 euros

Todavía cabe la posibilidad de que los argumentos de Guindos convenzan a Bruselas y paralicen las sanciones. Pero en este momento parece improbable. Si finalmente el Ejecutivo comunitario aprueba un dictamen negativo por falta de medidas eficaces, el siguiente paso será su ratificación en el Ecofin.

A partir de ese momento, la Comisión dispone de un plazo de 20 días para hacer una propuesta de multa, que por defecto se fijará en el 0,2% del PIB, es decir, 2.000 millones euros en el caso de España. No obstante, Bruselas puede plantear reducir esta cantidad o incluso cancelar la multa, basándose en circunstancias económicas o en una petición razonada del gobierno que debe enviarse en 10 días. En esta fase del procedimiento, Guindos podría volver a plantear sus argumentos de defensa.

En la última semana, varios altos funcionarios de la UE han hablado de la posibilidad de una “multa cero”. Es decir, España no tendría que pagar ninguna cantidad, aunque le quedaría el estigma de ser el primer país miembro sancionado por el déficit. También podría haber una sanción simbólica, como ocurrió con el caso de la Comunidad Valenciana. El máximo posible eran 1.000 millones de euros pero el castigo final fue de 19 millones.

La multa de Bruselas se considerará adoptada salvo si el Ecofin reúne en el plazo de 10 días una mayoría cualificada en contra. Este nuevo mecanismo se aprobó para evitar que se repita lo ocurrido en 2003. En aquel momento, Alemania y Francia bloquearon la propuesta del entonces comisario Pedro Solbes y dinamitaron el Pacto de Estabilidad.

“Es muy difícil que si la Comisión plantea una sanción, el Ecofin la tumbe. Haría falta una mayoría de dos tercios sin votar España”, admiten en el ministerio de Economía. Aunque el Ejecutivo comunitario sopesaba esperar a después de las elecciones del 26 de junio si finalmente se convocan, el gobierno trabaja con la hipótesis de que la sanción, si la hay, llegue ya en mayo, en plena precampaña electoral.