El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, explicó el viernes cuál es la senda que ha trazado su Gobierno para cumplir con la nueva senda del déficit: “Mantenemos presión fiscal y baja el gasto público sobre el PIB por lo que se reduce el déficit”. En efecto, el Ejecutivo tiene dos opciones para recortar el tamaño del déficit, elevar los ingresos o reducir los gastos, y la vía que ha elegido es la segunda. Así lo indicó Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el nuevo Programa de Estabilidad que marca la nueva senda de reducción del déficit hasta 2019 y que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha negociado con la Comisión Europea.

Los objetivos del déficit se marcan como porcentaje del PIB, por lo que es posible reducir la desviación de las cuentas públicas si la economía se expande, y esto es precisamente lo que espera el Gobierno. Sin embargo, esto supone reducir el peso que el Ejecutivo le da al Estado del Bienestar, lo que alejará a España todavía más del resto de los grandes países europeos. El objetivo del Gobierno es reducir el peso del gasto público sobre el PIB hasta el 40,1% en 2019, frente al 43,3% de 2015 y al 45,8% que había en 2011, antes de la legislatura de Mariano Rajoy.

Mantenemos presión fiscal y baja el gasto público sobre el PIB por lo que se reduce el déficit

De este modo, el ministro de Hacienda plantea una reducción del peso del sector público sobre el PIB de 3,2 puntos hasta 2019, de los cuales, más de la mitad recaerá sobre las partidas de Educación, Salud y Protección Social. En concreto, el ajuste en el Estado del Bienestar sobre el PIB será: 1,1 puntos en Protección Social; 0,4 puntos en Sanidad y 0,3 puntos en Educación.

De esta forma, el Ejecutivo prevé que el peso del gasto público sobre el PIB pueda rebajarse en 3,2 puntos, hasta quedarse en el 40,1% del PIB en 2019, con lo que volvería a su nivel más bajo desde el año 2007. No serán necesarios más recortes del gasto total, que seguirá aumentando, pero sí que irá perdiendo peso relativo con respecto al PIB. Esto significa que el esfuerzo que destinará el país al gasto público en Sanidad, Educación y Protección Social, sobre su nivel de producción, se reduce.

Este ajuste del gasto permitirá reducir el déficit sin variar el porcentaje de los ingresos públicos, lo que se conoce como presión fiscal y que no es otra cosa que el porcentaje de los ingresos de las administraciones públicas sobre el PIB (contabiliza tanto impuestos, como cotizaciones, ventas y rentas).

En el año 2011 la presión fiscal era del 36,7%, pero las subidas de impuestos del Partido Popular la llevaron hasta el 38,2%, un punto y medio más alta. El Programa de Estabilidad que ha remitido el Gobierno a Bruselas plantea que la presión fiscal suba unas décimas más durante los próximos años, hasta alcanzar el 38,5% en 2019.

A la cola de Europa

España ha sido uno de los países de Europa que más ha recortado los recursos públicos destinados al Estado del Bienestar. Un estudio presentado esta misma semana por Fedea, Sanidad, Educación y Protección Social: recortes durante la crisis, pone de relieve el ajuste del gasto en estas tres partidas entre 2011 y 2014. En términos reales y sin tener en cuenta las transferencias entre administraciones, el gasto en Sanidad se recortó un 10%, en Educación, un 19,4% y en Protección Social, un 13%. Según sus investigaciones, un 42% de estos recortes se realizó reduciendo la partida destinada al pago de salarios (ya sean con reducciones de salarios, como con ajustes de la plantilla).

Según los autores del estudio, una parte del ajuste sobre estas partidas bien puede responder a la corrección de algunas ineficiencias que podrían haber surgido en la época de la burbuja inmobiliaria, cuando los recursos públicos eran abundantes y España se intentó aproximar su gasto público a la media europea. Sin embargo, los autores del estudio no creen que “los recortes de estas partidas observados desde 2011 estén justificados por el aumento del gasto entre 2003 y 2009”.

España es ya uno de los países europeos que menos recauda, en porcentaje sobre el PIB y que menos gasto público realiza. Según los datos de Eurostat, el gasto público en España fue del 43,3% del PIB, 5,3 puntos por debajo de la media de los países del euro y 15 puntos menos que el primer país del euro, Finlandia. Los únicos países del euro que están por debajo de España en este listado son Malta, Luxemburgo, Chipre, Estonia, Letonia, Irlanda y Lituania, que es el último con un 43,3% de gasto público sobre el PIB. Sin embargo, con el ajuste que ha anunciado el Gobierno en el Programa de Estabilidad, España podría caer algunos puestos en este listado en los próximos años.