La decisión está tomada. La Comisión Europea propondrá en las próximas semanas una multa de alrededor de 2.000 millones de euros contra España por el fuerte desvío del déficit público durante el último año de gobierno de Mariano Rajoy. En lugar del 4,2% exigido, el desfase presupuestario en 2015 se disparó por el descontrol electoral al 5% del PIB, el segundo más alto de la UE. Pero el castigo será sólo simbólico, de efecto estigmatizador pero sin impacto financiero: Bruselas tiene decidido anular la multa si el gobierno español se lo pide, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes europeas.
El calendario todavía no está claro. Pero es muy probable que la multa multimillonaria y su eventual anulación se produzcan durante el mes de junio, en plena campaña electoral para los comicios repetidos del 26-J.
La siguiente etapa hacia la sanción se cumple este martes 3 de mayo, día en que la Comisión publica sus previsiones económicas de primavera. Los cálculos de Bruselas son muy importantes. Servirán para determinar si la prórroga que se da a España para situar el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad es de un año (hasta 2017) o de dos (hasta 2018). El plazo extra llegará al mismo tiempo que la multa.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido sólo un año. Prevé que el déficit público se reduzca del 5% al 3,6% del PIB este año y al 2,9% en 2017. “Si nos dan dos años es que somos un puñetero desastre”, admiten en el ministerio de Economía. Sin embargo, Bruselas no se fía de las cifras de Guindos y sopesa efectivamente que la prórroga sea de dos años, según las fuentes consultadas. Tampoco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se cree los números del Gobierno. Sin ajustes adicionales, España cerrará este año con un desfase del 4%, cuatro décimas por encima del objetivo de Guindos, dice la AIReF.
Dictamen negativo previo a la multa
El 18 de mayo, la Comisión tiene previsto dar el paso previo a la multa. Aprobará un dictamen negativo sobre España, cuya conclusión es que el gobierno de Rajoy no tomó en 2015 las medidas necesarias exigidas para corregir el déficit. Es lo que ya han dicho los inspectores del Ejecutivo comunitario y del Banco Central Europeo (BCE) en su último informe sobre el rescate bancario. “El progreso necesario en materia de consolidación fiscal se ha detenido y parte del ajuste estructural aplicado en años anteriores se está revirtiendo”, afirman los expertos.
Este dictamen por “falta de medidas eficaces” debe ser ratificado a continuación por los ministros de Economía de la UE, cuya siguiente reunión es el 25 de mayo. Lo más normal es que la recomendación negativa de Bruselas sobre España se ponga en la agenda, aunque también podría retrasarse. “La Comisión propondrá la multa al Ecofin cuando se apruebe este dictamen”, explica a EL ESPAÑOL un alto funcionario de la UE que conoce los preparativos.
El importe de la multa también está ya claro: el 0,2% del PIB del año anterior. Este es el nivel que prevé de forma predeterminada el procedimiento sancionador por déficit excesivo de la UE y se aplicará al caso de España, según las fuentes consultadas. Así que como el PIB de 2015 ascendió a 1,081 billones, la sanción por el desvío será de 2.162 millones de euros.
Diez días para que el gobierno pare la sanción
Una vez que el Ecofin apruebe el dictamen por falta de medidas eficaces, Bruselas dispone de un máximo de 20 días para proponer la multa a España. Es decir, que la propuesta de sanción llegaría a mediados de junio si la Comisión apura el plazo o a principios de ese mes si decide actuar con rapidez. En los dos casos, en plena campaña o precampaña electoral. La única forma de que la multa se retrase a después de las elecciones sería que el presidente del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem no ponga a España en la agenda del 25 de mayo y aplace el tema a la siguiente reunión del 17 de junio (también en campaña).
“Si España pide a la Comisión que anule la multa, la Comisión lo hará sin duda”, asegura el alto funcionario consultado por EL ESPAÑOL. La normativa de la UE prevé que el Ejecutivo comunitario puede reducir el montante de la multa o incluso cancelarla por completo a petición del estado afectado. Para ello, el país en cuestión debe enviar a Bruselas una “petición motivada” en un plazo de 10 días después de que el Ecofin haya aprobado el dictamen negativo por falta de medidas eficaces.
La Comisión atenderá de inmediato cualquier solicitud de Rajoy de anular la multa. Y alegará “motivos económicos y políticos” para cancelar la sanción. “Lo más importante es reducir rápidamente el déficit por debajo del umbral del 3% y no condenar el pasado”, resaltan las fuentes consultadas. A Bruselas parece incomodarle este castigo financiero, pero el refuerzo del Pacto de Estabilidad que se aprobó en plena crisis de deuda promovido por Alemania le deja sin alternativas, salvo anularlo en una fase posterior.
El ministro Guindos ya ha desvelado su estrategia de defensa. Sostendrá ante el Ejecutivo comunitario que debe tener en cuenta el ajuste estructural realizado durante toda la legislatura y no sólo el último año. Apunta además que la inflación ha sido inferior a la prevista por Bruselas, y ello ha dificultado reducir el déficit. Estos argumentos servirán a la Comisión para cancelar la multa. Pero no evitarán el estigma de que España sea el primer país al que la UE sanciona por déficit excesivo, aunque no tenga que pagar ninguna multa financiera.