“Tenía un presencia pública muy importante. Él era un gran inspector de Hacienda y siempre ha sido muy capaz, con mucho conocimiento y muy especializado en fiscalidad internacional. Te sabe mal que a la gente le vaya mal”, asegura un asesor fiscal a EL ESPAÑOL al valorar la trayectoria profesional de Fernando Peña Álvarez, la cabeza pensante detrás del despacho Nummaria, además de docente y reputado asesor fiscal.
“El problema es que si tú tienes una determinada clientela, te especializas en una rama de actividad, si eres asesor fiscal de gente que tiene dinero fuera… Al final entras en dinámicas que son siempre conflictivas”, añade. “Quiero decir, si sólo trabajas con gente que te puede generar problemas, pues al final te los terminas generando”, sentencia. “Cada uno coge a los clientes en función de su forma de ser”.
Fernando Peña Álvarez fue uno de los asesores fiscales con más renombre de la década de los 90, hasta que acabó en los tribunales. No rehuía la presencia pública, ni la publicación de sus artículos de opinión en cabeceras como el diario El País. Ha editado 24 libros sobre tributación. Y es un claro ejemplo de puerta giratoria fiscal. Pasó de trabajar para Hacienda a asesorar a clientes sobre cómo reducir su factura al fisco. Era su especialidad. De hecho, dirigía un máster sobre la materia y era docente en diversos centros universitarios.
En defensa de la familia y la igualdad de los españoles
“El impuesto sobre la renta de las personas físicas, como pieza clave para la consecución de una equitativa distribución de la renta, determina la cuantía del gravamen en función de la capacidad económica del contribuyente”, explicaba en 1983 en una columna en el diario del Grupo Prisa titulada “La familia en el impuesto sobre la renta”.
“De lo anterior se desprende que no es posible realizar afirmaciones tajantes respecto al tratamiento fiscal de la familia, si bien parece que los niveles de renta a partir de los cuales se discrimina en contra de la familia son muy bajos, ya que puede producirse para remuneraciones situadas a partir de 384.000 pesetas, siendo el sueldo bruto medio en 1979, según, estadísticas oficiales, de 850.00 pesetas”, concluía.
El artículo tuvo una segunda parte, más significativa. En ella, se reafirmaba como defensor de un nuevo sistema de tributación de la familia en el impuesto sobre la renta. “El sistema vigente de acumulación de rentas podía estar en contradicción con los preceptos de la Constitución que proclaman la igualdad jurídica de todos los españoles”.
Entonces, a principios de la década de los 80, Fernando Peña Álvarez es inspector financiero y tributario. En 1987, dio el salto a lo privado. Constituyó, junto a un socio, la empresa Gestores del Mercado de Valores, según publicó el diario ABC. A finales de ese año, creó la sociedad Gestesor SGIIC, que en 1991 pasó a formar parte de Fibanc. Permaneció en ella hasta 1991, cuando dio el salto a otra firma de asesoría Gestesor Inversores SL.
Al frente de los asesores fiscales
Tampoco evitó los cargos. Fue el primer presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf). Un cargo que ocupó entre 1988 y 1996 y en el que logró que se afiliaran hasta 2.500 asesores fiscales. “Su gestión fue transparente y no hubo nada polémico, ni sospechoso”, indican fuentes próximas al organismo. Tras el Reaf fue vocal del Consejo General de Economistas, un cargo de menor relevancia, que alcanzó en representación del Colegio de Economistas de Madrid, del que fue vicedecano.
En el año 2000, en uno de sus artículos en El País, al hablar de cómo trata Hacienda los datos económicos de los contribuyentes, pedía una gestión única de la información. “Se deben sortear aquellos caminos que impidan la unidad en el tratamiento de los datos, ya que complicará aún más el ‘laberinto fiscal’ con el que se encuentran los contribuyentes que, en referencia mitológica, parece construido por el mismo Dédalo”. Fue justo después cuando surgieron los problemas con la justicia.
La Sección Sexta de la Audiencia Nacional le condenó en abril de 2000 por un delito continuado de apropiación indebida tras la desaparición de 482.000 euros de cuatro clientes de su asesoría fiscal. En ese caso, utilizó un testaferro para evitar el rastro. Intentó evitar que aflorara dinero de sus asesorados ocultado al fisco. Para ello, constituyó una red de sociedades que le permitían “tener plena disponibilidad del dinero de los clientes”, según el fallo de la Audiencia.
La interpretación de las normas
Su último perfil profesional obvia estos nubarrones judiciales. “Especialista en derecho fiscal, avalado no sólo por sus conocimientos teóricos, incluido el grado de doctor, en Derecho y Económicas, sino por su posición como profesor universitario”. Así habla de él, el bufete Jiménez y Vázquez, en cuya web aparece como colaborador.
“Desde el punto de vista práctico, ha ejercido como profesional independiente, tras su paso por la administración tributaria, desde hace más de 25 años lo que le permite atesorar una sólido elenco de supuestos resuelto de forma satisfactoria”, resume el despacho de abogados. “Esa posición teórico-práctica, le permite encontrar siempre la mejor alternativa ante una situación real dentro de la interpretación correcta de las normas. Su actividad, a través de su docto equipo, ante los tribunales es también habitual habiendo logrado el establecimiento de doctrinas progresistas y favorables al contribuyente”, concluye. Ni una palabra de sus choques con la Justicia. Eso queda opaco.
Las puertas giratorias en la Agencia Tributaria
El problema de las puertas giratorias no sólo se limita a los cargos de mando del poder Ejecutivo, sino que también se extiende hasta la Agencia Tributaria del Estado (AEAT) y a los inspectores del Ministerio de Hacienda. El caso de Peña Álvarez es el último ejemplo de esta práctica que pone en duda la ética de estas puertas giratorias, ya que anteriormente era inspector de Hacienda. “Hay personas con puestos relevantes que son fichados por despachos o forman despachos, que en algunos casos muestran indicios muy sólidos de colaboración con la evasión fiscal”, denuncia José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.
Estas personas conocen a la perfección el trabajo de la inspección y cuáles son sus puntos débiles, lo que supone una gran ayuda a la hora de organizar tramas de evasión de impuestos. No es la primera vez que Gestha denuncia este tipo de salidas para los altos responsables de la inspección del Estado. Un ejemplo es la salida de Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, el pasado mes de junio, cuando renunció a su cargo de director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria para fichar por Deloitte. "Un día abandonan su cargo y al siguiente están asesorando a grandes empresas y multinacionales, 'que pueden tener algún conflicto tributario con la AEAT'", explica Gestha.
Peña Álvarez participó en la creación de la Fundación Nummaria que se registró en el año 1998 en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal. Entre las “finalidades más importantes e inmediatas” de la Fundación está la de “facilitar información al ciudadano sobre los medios para relacionarse con el Estado, las comunidades autónomas, así como la Unión Europea”. Los objetivos de la Fundación contrastan con la investigación en marcha a Imanol Arias y Ana Duato en la que, presuntamente, el bufete habría ayudado a la organización de la trama para defraudar a Hacienda.