La España de 2016 se debate entre dos años de su pasado reciente: 2007 y 2009, años que funcionan como un par de espejos curvos. El primero fue el año en que el Estado español tuvo los mayores ingresos de su historia, 433.000 millones, el 41% del PIB. En sólo dos años de una crisis que el Gobierno negó sistemáticamente, los ingresos se desplomaron hasta 367.000 millones, un 15% menos. Pero con el gasto público se produjo la situación inversa: en 2007 éste ascendió a 420.000 millones y en 2009 se disparó hasta 493.865 millones.
Estos números no sólo nos dejaron un déficit del 11% -un récord europeo sólo superado por Grecia e Irlanda-, sino las bases para muchas de las comparaciones que se presentan hoy como verdades absolutas. Cuando el PP quiere argumentar que no ha hecho recortes, se compara con 2007. Y, claro, hoy gastamos mucho más (468.000 millones en 2015). Pero cuando Podemos quiere “recobrar el gasto social” perdido con la crisis, habitualmente se refiere a 2009. Así que es muy importante al leer un programa electoral saber con qué año se están comparando.
En los “50 pasos para gobernar juntos”, Podemos e IU emplean como referencia la vuelta a los niveles de gasto de 2009. Unos niveles que España no puede sostener hoy de manera racional sin incurrir en déficits que nos convertirían en una nación-paria, incapaz de financiarse en los mercados internacionales.
Efecto global de las medidas
Como viene ocurriendo de manera sistemática en los programas de Podemos, la formación de Pablo Iglesias pierde de vista el efecto global de sus políticas aisladas. Proponen aumentar los ingresos tributarios en 3 puntos del PIB, unos 30.000 millones. Estos ingresos procederían de la lucha contra el fraude fiscal y del aumento de impuestos. Pero subir los impuestos, distorsiona la actividad económica y si los subes mucho a pocos contribuyentes, a los que además criminalizas, acabas liquidando el crecimiento.
La reforma energética para descarbonizar la economía suena excelente sobre el papel, pero ¿de dónde va a salir el dinero para costear esas inversiones? Y una acción pública radical en contra de las energías fósiles, ¿no hará quebrar a muchas de esas empresas o a emprender fuertes ajustes de su actividad?
Lo mismo ocurre con la idea de derogar las dos últimas reformas laborales. ¿Se volverán a crear mágicamente los empleos destruidos por la rígida normativa laboral que existía antes de 2010 o de 2012 y que trituró el mercado laboral español? ¿Quién se va a animar a crear empresas en un contexto de inflexibilidad total?
El fin de la concertada, medida liberticida
Y la propuesta de acabar con la escuela concertada -gravísima y antidemocrática-, primero implantando una moratoria de los conciertos y después consiguiendo su “supresión progresiva” mediante “integración voluntaria” de los actuales centros en el sistema público. Este asunto no sólo tiene incidencia económica, sino que supone el fin de la libertad de elección de centro y la medida tiene un tufo totalitario indisimulable.
Por no hablar de la implantación de una banca pública, después que el rescate de las cajas de ahorros, que eran lo más parecido que quedaba a una banca pública, nos obligara a mendigar en Europa.
Obsesión con los ingresos
Los 50 pasos son generosos en el gasto, pero muy poco creativos a la hora de generar nuevos ingresos. Estos sólo pueden proceder del crecimiento económico y es muy posible que la interacción global de las propuestas lo único que consigan es deprimir la economía. Los economistas de Podemos, como muchos otros, siguen pensando que los 66.000 millones de euros que se perdieron en los ingresos del Estado entre 2007 y 2009 son fruto del fraude fiscal, de las rebajas tributarias y en muy menor medida de la caída de la actividad.
Pero no es así. Desgraciadamente, se siguen sacando mal las consecuencias del estallido de la burbuja en que vivíamos. Muchos economistas afirman que es inexplicable que si el PIB cayó un 1% en esos dos años y el consumo se desplomó un 2%, la recaudación del IVA cayera un 32%. Sugieren que el fraude está detrás del fenómeno, pero la respuesta es mucho más sencilla. La caída de la actividad económica provocó una restricción de las ventas a crédito, especialmente de inmuebles y vehículos. Y el IVA de un artículo adquirido a crédito se liquida de una vez, aunque después te pases años pagando el coche o la casa. Nuestro problema no es sólo de falta de ingresos.