Hay compromisos que los carga el diablo. Por ejemplo, éste: “La ética es una dimensión esencial del éxito del proyecto... y un acto de responsabilidad individual de cada uno de sus integrantes”. O este otro: “El sistema democrático exige implícitamente la asunción de un compromiso ético por los políticos. Es la sustancia misma de la democracia la que exige a los políticos ese compromiso…”.


Se trata de dos párrafos parecidos que constituyen parte de la declaración de principios de dos organizaciones muy distintas, pero que se han visto hermanadas por el Caso Púnica. La primera frase corresponde al comienzo del apartado “Ética, Valores y Compromisos” de la página web de Cofely, la filial en España del gigante francés GDF Suez que se dedica a servicios medioambientales y de eficiencia energética. La segunda forma parte del Código Ético del PP.


En octubre de 2014, el juez Eloy Velasco expuso la implicación de Cofely en la trama que capitaneaba el conseguidor David Marjaliza, por la que se encuentra detenido el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. El juez reflejó en sus autos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que Cofely encargaba encuestas electorales que trataban de “disfrazar como sondeos sobre gestión energética” en pequeños ayuntamientos para lograr contratos públicos sobre eficiencia energética. Sondeos de ese tipo se realizaron en Parla, Valdemoro, Brunete y Torrejón de Velasco, según la policía.


El PP, en un gesto sin precedentes, reaccionó de manera inmediata a las detenciones de Granados y otros cargos públicos y el entonces vicesecretario Esteban González Pons anunció la “expulsión cautelar” del partido de todos los detenidos. La expresión “expulsión cautelar” demostró lo difícil que resultaba para el partido adoptar una medida drástica contra militantes que no habían sido condenados, pero donde la acción de la Justicia indicaba que había responsabilidades sustanciales.


Cofely, por su parte, tardó unos días en actuar, pero cuando lo hizo revocó los poderes de los cuatro empleados implicados en la investigación (ninguno de ellos fue detenido) y sustituyó al cargo más alto de la empresa en España, el director general, el francés Didier Maurice. En un primer momento, en noviembre de 2014, Maurice fue reemplazado de forma temporal por Georges Cornet. A su vez, Cornet cedió su puesto de manera definitiva a Loreto Ordóñez en septiembre de 2015. Como parte del control de daños, la empresa encargó una auditoría interna cuyos detalles no han trascendido.


Además de Maurice, los otros cuatro empleados de Cofely investigados por el juez Velasco fueron Pedro García Pérez, Constantino Álvarez de las Cuevas, Xavier Susan y José Antonio Hernández. Todos ellos se desvincularon de Cofely en el curso de 2015, informó la compañía. Así que ya no hay empleados investigados en Cofely. En los dos comunicados que ha difundido sobre el caso, Cofely ha señalado que “estas decisiones no afectan a la presunción de inocencia de los implicados y no suponen ningún juicio respecto a los resultados de las investigaciones en curso”. Como se ve, la cultura empresarial francesa no tiene problemas en respetar la presunción de inocencia y adoptar medidas drásticas.


El PP ha sido incapaz de encontrar una solución equilibrada al conflicto que se da entre las acusaciones de corrupción contra sus militantes o dirigentes y la presunción de inocencia. En muchas ocasiones, una interpretación amplia de la presunción de inocencia -sin ir más lejos ahí está el caso Bárcenas con el sms de Rajoy- ha dinamitado la credibilidad de la cúpula del partido y extendido la sensación de impunidad. Acaba de suceder con Rita Barberá en Valencia. Quizá convendría aprender de cómo lo ha resuelto una empresa privada. Aunque esta respuesta sólo sea posible cuando la presunción de inocencia es contemplada como tal y no como un intercambio de favores bajo el principio de protección mutua.