España es importante para Argentina. Y la operación seducción que ha diseñado el gobierno de Mauricio Macri ya está en marcha. Tanto que el nuevo ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, de visita oficial en Madrid, pidió disculpas sin ambages ante políticos, empresarios y lobbies “por los últimos años”. El nuevo presidente argentino quería venir en persona a sellar la nueva etapa, pero “como no hay un gobierno con apoyo parlamentario, ha preferido esperar”, dijeron fuentes diplomáticas.
Bajo el kirchnerismo, la de Argentina en España ha sido una embajada secreta, dedicada a asuntos consulares y a cenar con los amigos locales del populismo. El modelo de segregación ideológica es similar al impuesto por la embajada de Venezuela.
Pero las cosas están cambiando. El pasado miércoles 25 de mayo, día de la fiesta nacional argentina, el nuevo embajador, Ramón Puerta, abrió su residencia sin aplicar sesgos ideológicos a la lista de invitados. La casa, un palacete situado en la calle Fernando el Santo que acoge un gran Sorolla en el techo de una de sus habitaciones, se llenó hasta los topes de políticos, empresarios y periodistas que no habían asistido a esta fiesta en casi 15 años.
El Gobierno de Macri ha impuesto una política de shock durísima en los seis meses que lleva en el poder. Pese a que venció por muy escaso margen, ha conseguido ganarse a grupos dispersos del peronismo -el embajador Puerta, por ejemplo, procede del llamado “peronismo democrático” que es uno de ellos- con sensibilidades distintas a las de los Kirchner. Gracias a ese apoyo pudo diseñar un ajuste clásico, eliminando las llamadas leyes cerrojo y pago soberano -que dificultaban un acuerdo con los tenedores de su deuda externa-, liberalizó el tipo de cambio y puso fin al llamado “cepo cambiario” que obstaculizaba el flujo de capitales.
Ese respaldo parlamentario le permitió una subida radical de las tarifas. Pero lo perdió frente a la ley antidespidos que promovió la oposición con el objetivo de blindar a los empleados públicos y que el presidente se vio obligado a vetar.
Estas decisiones le permitieron alcanzar un acuerdo muy rápido con los tenedores de bonos que sorprendió a los analistas que esperaban que el asunto se enquistara por más tiempo. Con el acuerdo, Argentina colocó bonos por 16.500 millones de dólares a un tipo medio del 7,14% y desbloqueó el acceso a los mercados para su sector privado y para los gobiernos provinciales. La demanda de deuda argentina superó las expectativas, lo cual supuso un espaldarazo para Macri.
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La asignatura clave es la inflación. El Ejecutivo argentino espera que el año termine con una inflación del 25%, pero los analistas externos creen que se irá por encima del 30%. El Gobierno ha dicho que a partir de 2017 entrará en vigor un sistema de metas de inflación. El asunto es crucial y toda la credibilidad del nuevo gobierno se juega en la estabilidad de precios. De momento, los analistas extranjeros piensan que si no se toman medidas adicionales de cara a la segunda mitad del año, el proceso de ajuste podría fallar.