“Mama if that’s moving up then I’m moving out” Billy Joel


Uno de los problemas con el que se encuentra España a la hora de mejorar en competitividad es el coste de la energía. Al fin y al cabo, los principales costes con los que se encuentra la industria a la hora de competir son los salarios y el precio de los insumos energéticos. Si se disparan, no hay ayudas ni políticas monetarias que eviten la deslocalización y la desindustrialización.


Entre 2004 y 2011, España pasaba de tener un coste medio de la electricidad antes de impuestos dentro de la media europea, a tener un coste medio un 20,5% superior a la media (fuente CNE). Sin embargo, la media de costes de generación -precio del pool– no se movió de la media europea. ¿Qué ocurrió? Empezamos a cargar la tarifa de costes fijos y subvenciones. Hoy, más del 60% de la tarifa eléctrica son impuestos, costes regulados y subvenciones (vean el vídeo).


Ante un problema de sobrecapacidad y sobrecostes creado desde el gobierno, fue el mismo gobierno el que se presentó como la “solución”. La creación en 2009 del “bono social” para atacar la pobreza energética. Primero se decía que las subidas de la tarifa por primas y subvenciones eran “poco más que el precio de un café” (dic 2010). Luego se le echa la culpa a cualquiera menos a una planificación de burbuja.


El “bono social” es un descuento de más del 25% en la factura y lo pagan entero las eléctricas. Supuso 182 millones de euros en 2014 que sufragaron en un 99% cinco empresas, y hay 560.000 familias beneficiarias. En 2015 había 2,4 millones de suministros acogidos a ese “bono social”, lo que supondría un 13% en relación al total de hogares que hay en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 9,4% de viviendas que tienen alguna dificultad para pagar las facturas asociadas a la vivienda (hipoteca, luz, agua,...), una cifra muy inferior a la que cubre el bono social.


Esa obligación a las empresas eléctricas para mitigar los problemas de pobreza energética no funciona por varios motivos. Primero, se aplica según criterios de consumo (potencia contratada menor a 3 kW), con lo cual se pueden “apuntar” todo tipo de pequeños consumidores, segundo, es aplicable a hogares con potencia contratada menor a 10kW que cumplan uno de tres requisitos: Pensionistas con cuantías mínimas, familias numerosas y familias con todos los miembros en situación de desempleo.


Para que ese “bono social” tuviera un verdadero impacto se deberían poner criterios más estrictos de renta real (un límite de ingresos ligado al salario mínimo) y además luchar contra el fraude. Solo entre 2008 y 2015 se han “retirado” de dicho descuento hasta 600.000 casos donde no se cumplían las condiciones para ser beneficiario.
En este desaguisado, los gobiernos se han comportado como el “pirómano-bombero”.

La regulación ha creado el problema –sobrecostes, primas, subvenciones que hacen que la tarifa se encarezca- y una “solución” al mismo problema ineficiente y que no ayuda a las familias que realmente sufren lo que se llama “pobreza energética”. La factura caería un 10% si no se cargara el sobrecoste de tecnologías subvencionadas que suponen solo el 5% de la producción de energía española y sin embargo son el 20% del coste. De hecho, la factura caería un 30% si se eliminasen las ayudas por interrumpibilidad, primas y subvenciones de la factura y se pasasen, como la ayuda estatal que son, a los presupuestos.


Las empresas eléctricas han ido más allá de la regulación, que no protege “al pobre”, ya que el 75% de los impagos con corte no tiene bono social, y han firmado convenios con las administraciones regionales y municipales, para verificar la situación social real del suministro ante un caso de impago. Se pregunta a los servicios sociales, y si se constata una situación vulnerable, la administración libera fondos de protección social, y la eléctrica no corta el suministro.


Así, conviene destacar que de los cerca de 506.000 cortes de suministro por no abonar las facturas el pasado ejercicio, en más del 55% se reestablece el suministro en 48 horas y otro 8% en un mes. Esos cortes de suministro se han reducido de manera drástica en los últimos años, menos de la mitad de la cifra de 2011. Es importante a su vez, dejar claro que de los cortes de suministro, solo el 2% son clientes vulnerables. Las principales compañías tienen entre un 90 y un 97% de sus clientes protegidos contra cortes de suministro.


La solución no pasa por el subsidio. Porque el problema es de exceso de costes. Pasa por sacar los errores de la planificación fuera de la tarifa, que podría bajar hasta un 30% si se eliminasen subvenciones de todo tipo y se pasasen a los presupuestos generales del Estado. Obligaría a los gobiernos a ser más prudentes, a ajustar gastos ante la necesidad de reducir déficit, en vez de pasar uno tras otro los costes –los necesarios y los innecesarios- al consumidor.

La solución pasa por cruzar los procesos eléctricos y de protección social, para que se destinen los recursos públicos a los desfavorecidos, sin nichos de fraude. El Tribunal Supremo ya alerta del riesgo de imponer que las empresas hagan políticas sociales, ya que se usa el balance de las compañías para fines políticos. Sin embargo, sí tiene sentido que las eléctricas eviten los cortes analizando cada caso con los servicios sociales, evitando el fraude y permitiendo que el bono social o las ayudas sean para quien realmente lo necesita.

La mejor política social en materia energética es no financiar burbujas ni subvencionar la sobrecapacidad, ni llenar la tarifa de conceptos exógenos a la producción de energía. Y entonces no hay problema ni de pobreza energética ni de incentivos perversos o abusos.