En el debate sobre el futuro de las pensiones que ha suscitado la nueva convocatoria electoral, el PP ha respondido al PSOE que la solución no pasa por más impuestos, como proponen los socialistas, sino por más crecimiento económico. No les falta razón, porque mayor crecimiento implica mayores ingresos públicos. La cuestión es qué tipo de crecimiento se necesita para ello y si es posible alcanzarlo sin reformas estructurales. La respuesta a este último punto es que no.

El crecimiento económico no basta por sí solo para resolver los problemas de la Seguridad Social, porque los gastos crecen más deprisa que los ingresos debido al envejecimiento de la población. Y esto es así hoy y antes de la crisis.

Para crecer más lo primero que se necesita es tener a más gente trabajando y generando cotizaciones a la Seguridad Social

De hecho, a mediados de la década de los 90 ya se sabía que el sistema entraría en números rojos en esta década. El aluvión de gente que llegó a trabajar a España entre 1997 y 2007, retraso en unos años la fecha de la aparición del déficit, pero no acabó con el problema. Y ahora que la burbuja inmobiliaria ha estallado, volvemos a encontrarnos con la realidad de que, aunque la economía española esté creciendo, al sistema público de pensiones le faltan recursos para cubrir la totalidad de los pagos y tiene que obtenerlos del fondo de reserva.

Para crecer más lo primero que se necesita es tener a más gente trabajando y generando cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, hay que resolver el problema de los 4,8 millones de parados. En los últimos cuatro años esa cifra se ha reducido en 1,4 millones de personas, de acuerdo con la encuesta de población activa. Pero parte de la bajada se ha debido a que ha habido gente que ha abandonado el mercado de trabajo -por desánimo, porque se han ido a otro país, porque se han jubilado-.

Además, el empleo que se ha creado no es de calidad, como pone de manifiesto la fuerte subida de la temporalidad. O que la renta media por persona y año se haya reducido en más de un 10% en todos los tramos de la población, excepto en el de mayores de 65 años, según los datos de la encuesta de condiciones de vida, porque el ajuste a la crisis se está haciendo, también, vía salarios. Ese tipo de empleo genera ingresos bajos para la Seguridad Social y, como es lógico, no resuelve el problema de las pensiones.

Lo que se necesita, por tanto, es más empleo, pero también un empleo mucho mejor remunerado, para que pueda aportar más al sistema público de pensiones en forma de cotizaciones sociales. Pero para conseguirlo es necesario incrementar la productividad del trabajo. Y esto es algo más fácil de decir que de hacer.

La productividad en España es una de las más bajas de entre los países industrializados. Y, lo que es peor, crece a un ritmo mucho menor que en ellos. Este hecho obedece a dos cuestiones estrechamente relacionadas entre sí. La primera de ellas es la inversión en investigación y desarrollo (I+D). De esa inversión es de dónde procede el conocimiento científico y la tecnología, que permiten aumentar la cantidad de producto por persona y, por tanto, su retribución salarial y las cotizaciones sociales vinculadas con ella. El problema es que en España se invierte poco en I+D.

Nuestro país destina a este fin algo más del 1% del PIB, mientras que Alemania o Estados Unidos destinan casi el 3% y Japón en torno al 3,5%, según la OCDE. Para aumentar la productividad, por tanto, se precisa incrementar más este tipo de inversión. Lo cual nos lleva a la segunda cuestión.

Si la estructura del tejido empresarial fuera como la de Alemania, con menos empresas pequeñas y más medianas, la productividad sería un 13% superior, podrían aparecer 15.000 nuevas empresas

La inversión en I+D está muy ligada a las empresas y, más en concreto, al tamaño de las mismas; cuanto mayor es una compañía, más recursos dedica proporcionalmente, a este concepto. El problema que tiene España, en este sentido, es que, al analizar la estructura de su tejido empresarial en relación con el de otras economías de nuestro entorno, como Alemania, se aprecia que el porcentaje de grandes empresas es similar al de esos países, pero el de empresas medianas es menor, mientras que el de pequeñas empresas y microempresas es mucho mayor, según se desprende del estudio “La empresa mediana española”, elaborado por el Círculo de Empresarios. Para aumentar la inversión en I+D, por tanto, lo que se necesita es incrementar el tamaño de la empresa española, y ahí es donde reside el problema.

Según el Círculo de Empresarios, el 99,3% de las empresas españolas son microempresas o pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores. Si la estructura del tejido empresarial fuera como la de Alemania, con menos empresas pequeñas y más medianas, la productividad sería un 13% superior, podrían aparecer 15.000 nuevas empresas y se generarían 400.000 puestos de trabajo. El problema son las barreras fiscales, laborales y burocráticas existentes que impiden el aumento de tamaño de las empresas. Ello requiere cambios en la fiscalidad y, sobre todo, una nueva reforma laboral que acabe con esos obstáculos, así como con aquellos otros que frenan la contratación de trabajadores.

Por mucho que se haga para aumentar la inversión en I+D, no llegaremos muy lejos si no contamos, además, con personas cualificadas que puedan trabajar con las nuevas tecnologías. Pero para ello es necesario llevar a cabo una reforma en profundidad del sistema educativo, de formación profesional y de recualificación de los parados. Se trata de que la gente tenga empleo. Se trata, también, de que las empresas puedan disponer de ese personal cualificado sin el cual la inversión en I+D pierde parte de su sentido. Con ello habrá más productividad y más ingresos para la Seguridad Social. Con ello, el problema de las pensiones se aliviará, pero no se resolverá por completo. Solo lo hará en parte. No nos llamemos a engaño.

 * Emilio J. González es profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)