Nueva investigación de Competencia. Esta vez por las tasas que los abogados han aplicado a quienes fueron a los tribunales por la salida a bolsa de Bankia, que sucumbió en los tribunales en centenares de casos y acabó acatando la jurisprudencia del Tribunal Supremo para devolver el dinero invertido en la OPV.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la CNMC) ha abierto expediente sancionador a nueve colegios de abogados de toda España por presunta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia al haber aplicado sobrecostes en el cálculo de las tasas de las demandas contra el proceso de salida a bolsa de Bankia.

Los colegios de abogados afectados, cuyo número se podría ampliar durante el proceso de investigación, son el de Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla, ha informado a través de un comunicado. Tras una denuncia de Bankia, el regulador ha observado "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas" respecto a recomendaciones de precios por parte de los colegios de abogados mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos de tasación de costas, sin tener en cuenta la existencia de pleitos masivos idénticos o muy parecidos entre sí.

Sobreprecio de 150 millones

Según explica la CNMC, el expediente tiene su origen en la denuncia presentada por Bankia S.A. contra los Colegios de Abogados en relación con las demandas a las que está haciendo frente la entidad en todo el territorio nacional, por su Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011 (OPS 2011).

Según la denuncia, los Colegios de Abogados habrían elaborado y difundido unos criterios de tasación de costas que no tienen en cuenta el carácter masivo de pleitos idénticos o muy similares entre sí, como sucede con los relativos a la OPS 2011. Como consecuencia de la aplicación de los citados criterios, Bankia afirma estar soportando un sobreprecio en la liquidación de costas procesales de más de 150 millones de euros.

Tras esta denuncia, la CNMC inició una investigación y, al observar indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la LDC, se ha acordado la incoación del expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la LDC. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.