Lo que realmente erosiona la credibilidad de un país no es sólo la mayor o menor heterodoxia de sus dirigentes sino el quebrantamiento continuado de las promesas institucionales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que preside José Luis Escrivá avisó ayer que el déficit de 2016 estará entre el 4,1% y el 4,7% del PIB en vez del 3,6% al que se comprometió el Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad que remitió en abril a Bruselas.

Todo esto después del escandaloso incumplimiento del objetivo de 2015 (5,16% del PIB frente a un objetivo del 4,2%) y de que la Comisión Europea tirara de las orejas a Rajoy y amenazara con multar a España.

Esta vez, el aviso de la AIReF tiene ribetes muy preocupantes. Al margen del impacto de la inflación en las cuentas públicas y de que la reforma fiscal ha tenido efectos de mayor calado a los previstos (cuestión que ya advirtió Bruselas), el organismo ha detectado falta de rigor en la aplicación del nuevo marco de disciplina presupuestaria que surgió de la reforma constitucional de 2011.

Las medidas ofrecidas por el Gobierno a Bruselas para controlar el déficit son insuficientes y poco creíbles. La laxitud de Hacienda a la hora de aplicar la normativa ha permitido que se dispare el gasto en las comunidades autónomas y que hasta las corporaciones locales, que se ponían como ejemplo por su superávit, vean reducirse éste por la falta de rigor de los organismos que las tutelan.

¿Quién controla el déficit cuando el que lo incumple es el Gobierno de la Nación?

Pero el mayor riesgo de incumplimiento no se halla esta vez en las comunidades autónomas sino en la Administración Central. La horquilla del déficit que prevé la AIReF va desde el 4,1% que podría alcanzarse si se cumplen a rajatabla las medidas de ajuste (incluida la subida encubierta del Impuesto de Sociedades que supone el carácter "permanente" que se quiere dar a las nuevas retenciones) y el 4,7% si éstas fracasan. Esas seis décimas de la desviación serían atribuibles exclusivamente a la Administración Central.

Y aquí es donde la AIReF ha detectado un agujero negro en la Ley de Estabilidad Presupuestaria: si los ayuntamientos incumplen, las comunidades autónomas o el Gobierno los reprenden y controlan; si la que falla es la comunidad autónoma, es Hacienda el que las embrida, pero, ¿y si el que falla es el Gobierno de la Nación? La ley no dice nada al respecto.

Somos increíblemente perserverantes en esto de querer parecer lo que no somos

Desde que se conoció el déficit de 2015, en el Gobierno en funciones se ha vivido un debate entre los que critican el incumplimiento y los que piensan que era inevitable. Estos últimos, con el ministro Montoro a la cabeza, sostienen que el impulso fiscal era imprescindible para combatir la principal lacra del país que es el desempleo.

Sus razones son muy respetables aunque tenga muchos y muy cualificados detractores, pero lo que no tiene explicación es que el Gobierno aceptara la senda de ajuste que le propuso Bruselas en 2013. Si sabes que no vas a cumplir, no es serio aceptar un objetivo que consideras inasequible. Eso es lo que realmente daña a las instituciones.

Pero somos increíblemente perseverantes en esto de querer parecer lo que no somos. Para muestra un botón: la Ley de Estabilidad Presupuestaria elaborada en 2012 prevé que la deuda pública no supere el 60% del PIB en 2020. ¿Alguien cree que España amortizará 400.000 millones en cuatro años? De momento, la AIReF estima que la deuda pública se situará por encima del 100% del PIB.