Barcelona y Madrid, “los ayuntamientos del cambio”, de los que tanto le gusta presumir a Pablo Iglesias, han quedado situados en el cuadrante del incumplimiento de la regla de gasto, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En total podrían ser hasta seis los grandes ayuntamientos que incurrirán en un gasto excesivo en 2016. Gijón, Alicante, Bilbao y Córdoba se sumarían a los dos ya citados.

El órgano supervisor de la política presupuestaria ha detectado dos fenómenos preocupantes en estas grandes ciudades. Por un lado, una fuerte erosión de su superávit fiscal, en línea con la caída generalizada del 33% registrado en todos los ayuntamiento españoles en el primer trimestre de 2016. Por otro, un  gasto excesivo de los municipios que los expone a vulnerar la regla de gasto prevista por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La AIReF señala como responsables de estos fenómenos a la laxitud en la aplicación de la regla de gasto y a la eliminación de medidas de ingresos impuestas desde el Estado tras las elecciones municipales de mayo de 2015. La situación, advierte, es particularmente preocupante en los 16 grandes ayuntamientos españoles. Con las cifras actuales, la probabilidad de que los ayuntamientos vuelvan a registrar un superávit como el de 2015 es de apenas un 50%.

Pese a esto, la AIReF no cree que los ayuntamientos, grandes o pequeños, incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria. Distinto es el caso respecto de la regla de gasto donde Madrid, Barcelona, Gijón (gobernado por Foro Asturias con apoyo de Podemos) y Córdoba (gobernada por el PSOE) superarán el límite marcado. La AIReF ha cuestionado el criterio del Ministerio de Hacienda para calcular la regla de gasto porque éste permite consolidar los gastos excesivos de años anteriores, mientras que la aplicación estricta no lo permitiría. Si se aplica el criterio más riguroso de la AIReF y, además, se confirman las estimaciones de cierre comunicadas, también incumplirían Alicante y Bilbao. Esta última ciudad se encuentra sometida a la elaboración de un Plan de Estabilidad-Financiera (PEF).

La ley ordena que los ayuntamientos que han vulnerado la regla de gasto presenten un PEF ante el organismo que los tutela, ya sea comunidad autónoma o Hacienda. La norma no les obliga a comunicarlos a la AIReF pero todos suelen enviarle la información voluntariamente al organismo supervisor. El problema es que si la comunidad autónoma o Hacienda le autorizan un exceso al ayuntamiento infractor, la AIReF no lo puede saber.

Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Zaragoza deberían tener aprobado un PEF por haber incumplido la regla de gasto en 2015. Sólo Barcelona ha comunicado que ha tenido que aprobar un nuevo PEF porque se ha modificado el límite de gasto. Y el Ayuntamiento de Manuela Carmena acaba de anunciar que no reelaborará su PEF -rechazado por Hacienda porque excedía en 400 millones la regla de gasto ¡bajo la interpretación laxa!- hasta septiembre debido a la interinidad que advierte en el Gobierno en funciones.