El Gobierno destinará 5.265 millones al plan de empleo 2016

Luz verde al desembolso de 5.265 millones de euros para políticas activas de empleo. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ejecución del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE). Supone un 9% de incremento respecto al año anterior. "Hay que seguir trabajando en la formación y en las políticas activas", ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

La ministra ha resaltado que 1.800 de los 5.200 millones destinados a este plan se inyectarán a las comunidades autónomas, lo que supone 386 millones más que en 2015.

Uno de los objetivos de esta convocatoria es, según ha resaltado la ministra, la optimización de los recursos. De hecho, el 70% de los recursos destinados estarán vinculados a resultados (en 2013 era el 40%).

La ministra ha afirmado que el PAPE tiene como fines prioritarios a los jóvenes, a los colectivos con dificultades, a la formación profesional para el empleo, a la vinculación de políticas activas y pasivas y al impulso del emprendimiento. Se consideran prioritarias las áreas relacionadas con la digitalización y las tecnologías de la comunicación, la internacionalización de las empresas, el emprendimiento y la eficiencia energética, entre otras.

paro universitarios

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para planes de formación. Se dirigirá a trabajadores ocupados y estará dotado de 250 millones que podrán gastarse entre 2016 y 2017. Se suman otros 32 millones de euros no ejecutados del presupuesto de 2015.

De esos 250 millones, el Gobierno destinará 216 millones a formación sectorial; 22 millones a intersectorial, y 21 millones de economía social y trabajadores autónomos.

tasa de paro por nivel de estudios

Menos poder a sindicatos y patronal

En estas subvenciones para programas de formación, los sindicatos y patronal pierden poder. La convocatoria aprobada por el Ejecutivo impide su participación en el órgano que evalúa las ofertas presentadas por centros formativos. “No pueden ser juez y parte; parece claro que la participación de esas personas podría vulnerar el principio de objetividad consagrado en la ley de subvenciones”, ha advertido la ministra.

“Su función va a seguir siendo capital; el que no estén ahí no significa que no tengan perfecta información en otros ámbitos de participación”, ha resaltado.