Mariano Rajoy puso ayer el dedo en la llaga en el caso Soria: “Si un funcionario no puede volver a ser funcionario. ¡Esto qué es!”. Pues ése es exactamente el problema, que la promiscua pasarela que permite transitar desde la política al funcionariado y viceversa a veces expone sus contradicciones y miserias ante la opinión pública.

Aunque le han salpicado varios escándalos, a José Manuel Soria nunca se le ha probado nada. No es un corrupto, ni ha sido inhabilitado. El problema es que Soria cometió una imprudencia a raíz de los ‘Papeles de Panamá’ y se vio pillado mintiendo ante la opinión pública. Él mismo consideró, con buen criterio, que la única forma de compensar su error y la pérdida de confianza producida entre los ciudadanos era su renuncia a la política.

Lo que los ciudadanos no entienden es cómo Soria reaparece por una puerta trasera en un cargo internacional que designa libremente el Gobierno y que, además, está espléndidamente bien remunerado (226.000 euros). Lo que irrita al ciudadano es comprobar que lo que moralmente inhabilita para la política no lo hace para seguir siendo funcionario de élite.

Esto no es un problema de las garantías jurídicas que deben existir en el ejercicio de la política o del funcionariado, como Rajoy ha querido manifestar. El problema es que la facilidad con que se pasa de la política a la función pública en España ha creado una situación en la que conductas que en la política merecen reproche resultan aceptables en el funcionariado. Esta contradicción la opinión pública la percibe y la rechaza.

Legal pero con irregularidades

En los países nórdicos y anglosajones, este problema no se presenta. La política y la función pública están separadas.

Que lo de Soria sea legal no significa que el caso no muestre serias irregularidades. Veamos los antecedentes:



El 15 de abril el ex ministro presentó su dimisión, empujado en parte por algunos compañeros del Consejo de Ministros que dijeron que nadie que tuviera cuentas en paraísos fiscales podía formar parte del Ejecutivo.

Tras su salida de la política, Soria, que estaba en excedencia por servicios especiales, pidió su reingreso en la Administración. El ex ministro es Licenciado en Económicas y, desde 1984, Técnico Comercial y Economista del Estado (los ‘tecos’). Se desempeñó fundamentalmente en la Secretaría de Estado de Comercio, que en esa época dirigía Luis de Velasco (1982-86). Durante un breve plazo fue asesor del equipo de Carlos Solchaga y llegaría a ser jefe del gabinete de Apolonio Ruiz Ligero, secretario de Estado de Comercio. En aquellos años coincidió con otro joven ‘teco’, Luis de Guindos.

Soria sirvió como funcionario de élite poco más de un lustro, hasta 1989-90, cuando se marchó a Canarias para dedicarse a la empresa familiar y a la política. Ahora, tras poner fin a 26 años de carrera política, ha vuelto a la Administración. Y ha presentado su candidatura ante la Comisión de Evaluación de los representantes de España en las Instituciones Financieras Internacionales para ocupar el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial en nombre de España, México, Venezuela y cinco países centroamericanos.

Aquí surge una primera irregularidad: el cargo de director ejecutivo en el Banco Mundial no forma parte de nuestra Administración Pública, como no forma parte de ésta el puesto de consejero del Banco Central Europeo (BCE) que perdimos en 2012. Existe una tradición española por la cual siempre los ‘tecos’ ocupan este puesto (lo que en el argot se llama “un pesebre”), pero perfectamente podría ir un economista del Banco de España, uno de Hacienda o un experto en cooperación y desarrollo (que es, en definitiva, a lo que se dedica el Banco Mundial). Otros países prefieren designar a expertos en desarrollo mientras que al FMI destinan a expertos en macroeconomía o política monetaria.

Segundo, la Comisión de Evaluaciones es un órgano absolutamente controlado por los propios ‘tecos’. La preside la Secretaría de Estado de Economía, y la integran la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y la Dirección General de Política Económica. El organismo está bajo la hegemonía de un cuerpo de la Administración que es capaz de definir sus propios intereses.

Sin transparencia

En tercer lugar, el caso viene a demostrar cómo la actividad política puede adulterar la carrera de un funcionario. Aunque apenas tiene poco más de un lustro de dedicación como funcionario público, Soria se habría beneficiado de su condición de exministro (un cargo de designación política) para sumar puntos para acceder al cargo según las reglas de la burocracia española.

(Las normas que quería imponer Ciudadanos obligaban a los funcionarios a prestar servicios durante un determinado plazo de tiempo antes de pasarse a la política para desincentivar este tránsito).

En cuarto lugar, la falta de transparencia es un clásico de nuestra Administración Pública. Hace unos meses se rumoreó que este puesto también era pretendido por quien fuera el ‘número dos’ de Soria en Industria, Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, el principal consejero económico de Rajoy. Esto ha sido imposible de confirmar porque la actuación de la Comisión de Evaluación de candidaturas, cuyo resultado se conoció el viernes 2 de septiembre poco antes de las nueve de la noche, no ha sido transparente. Ni se conocen los candidatos que se presentaron, ni las votaciones que se produjeron, ni el acta de la reunión, ni las minutas de los asistentes.