En el último debate de investidura, Mariano Rajoy ponderó mucho su tarea a la hora de superar la crisis económica. Incluso llegó a la tautología: “Por primera vez salimos de una crisis sin devaluar la moneda” (cosa que es imposible tras entrar en el euro). Pero no habló de los baremos que muestran las heridas del descalabro. Por ejemplo, cómo se ha disparado la deuda pública ni del indomable déficit fiscal, que sigue ahí, por encima de los 50.000 millones.

Ayer, Standard & Poor’s difundió un informe sobre las comunidades autónomas españolas que parece una enmienda al discurso triunfalista de Rajoy: “Para las comunidades de régimen común, la recuperación aún está muy lejos”.

El informe es devastador y nos retrotrae a las graves dudas que existían en 2010 sobre la capacidad jurídica y política del Gobierno central de imponer la racionalidad económica a las comunidades. Superadas, gracias a la reforma del artículo 135 de la Constitución, estas dudas, ahora la situación es aún peor ya que el informe viene a sugerir que sólo se ha parcheado la situación.

La demografía es una importante amenaza para el gasto de las comunidades autónomas 

El informe de S&P señala que los déficit crónicos han hecho que la deuda de las comunidades de régimen común se haya cuadruplicado respecto a los niveles anteriores a la crisis de 2008. Lo peor es que el documento advierte que ni siquiera “un mayor incremento de los ingresos será suficiente para restaurar las finanzas regionales a niveles pre crisis” y que los cambios demográficos suponen un importante obstáculo para las regiones porque de ellas dependen los principales servicios sociales como la Sanidad y la Educación, cuyo nivel de gasto previsiblemente aumentará.

El estudio recoge que la reforma del sistema de financiación autonómico, previsto para 2013, ha sido deliberadamente pospuesto por el Ejecutivo, pero que éste ha financiado las necesidades de las comunidades autónomas y eso le ha convertido en su principal acreedor. Casi la mitad de la deuda de las comunidades autónomas está ahora en manos del Estado. En 2011 no había deuda de las comunidades con el erario público.

No hay mecanismos para amortiguar la caída de ingresos y tampoco hay incentivos para reducir el gasto

S&P afirma que no hay mecanismos en el sistema de financiación existente para amortiguar el impacto de una caída de ingresos y tampoco hay incentivos suficientes para reducir el gasto. Considera que puede llevar décadas a las comunidades reducir su deuda si no hay un aumento significativo de los recursos o un alivio de su deuda. La calificadora de riesgos estima que cualquier reforma del sistema de financiación “será objeto de un debate caldeado” y parece improbable que se afronte en un futuro inmediato debido a la que España aún no tiene un gobierno.