El Gobierno en funciones piensa subir las pensiones un 0,25% y los salarios de los empleados públicos un 1% en 2017. Se está convirtiendo en una costumbre que, detrás del anuncio de la subida de las pensiones, el Ejecutivo nos endilgue la subida salarial de los empleados públicos siendo que se trata de dos cuestiones de naturaleza muy distinta que deben ser consideradas aparte.
La subida de las pensiones es un trámite automático, ya que el alza del 0,25% está prevista en la legislación que contiene la última reforma de las pensiones destinada, según se dijo, a hacerlas más sostenibles. Dicha decisión no requiere más voluntad política que cumplir con la ley.
Pero esta es la segunda ocasión -porque también ocurrió en 2016- que el PP sube los salarios del sector público un 1% sin que fundamente por qué lo hace. La variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) en 2015 fue del 0% y la acumulada en 2016 es de -0,5%, es decir, los precios han evolucionado a la baja. ¿Por qué se siguen subiendo entonces las remuneraciones a los empleados públicos?
Parece que la única razón para ello es que pueden celebrarse nuevas elecciones. A lo mejor la productividad de la Administración española ha aumentado, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Porque si se tratara de recuperar el poder adquisitivo perdido, eso lo podrían argumentar todos los españoles.
En 2010, Zapatero redujo un 5% de media la nómina del Estado que se mantuvo congelada los cinco años siguientes. Una situación similar se vivió en el sector privado, donde se produjo una devaluación salarial que, sólo entre 2009 y 2013, supuso una pérdida de poder adquisitivo medio de casi el 6% y en el caso del decil más bajo llegó a rondar una caída superior al 25%.
El 'efecto demostración' de las subidas salariales del sector público es muy potente y marca la evolución del sector privado
La tendencia del sector público cambió radicalmente al comenzar 2015. A comienzos de ese año electoral, la masa salarial pública aumentó drásticamente, alcanzando los 118.669 millones de euros, una subida del 3,3% en relación a 2014. Es cierto que allí se incluía el 50% de la paga extra suprimida en 2012, pendiente de compensar por orden judicial.
El “efecto demostración” de las subidas salariales del sector público es muy potente y marca la tendencia a seguir por el sector privado. La media de los convenios colectivos cerrados tras el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado en junio de 2015 ha sido del 1,1%. Pero el sector privado puede hacer de su capa un sayo, porque es su dinero y ya se encargan ellos de vigilarlo. Hay empresas donde los sueldos han bajado y otras, cuyos salarios habían caído mucho, que han tenido subidas del 4% o 5%. Al final, las negociaciones funcionan.
Pero es distinto lo que sucede con el dinero público, que es de todos. Los ciudadanos no sabemos qué tipo de negociación se ha desarrollado y qué argumentos económicos se han presentado para esta subida de los salarios públicos por segundo año consecutivo. Y si es una subida discrecional acordada por el Gobierno, qué tipo de estudios le han aconsejado seguir realizando subidas anuales del 1% en los salarios públicos cuando el nivel de precios no hace más que bajar.