“You'll take my life but I'll take yours too, you'll fire your musket but I'll run you through” Steve Harris

Esta semana se ha producido una falsa polémica ante las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la solidaridad interterritorial. Explicaba, en una intervención en la que -para no variar- se exigía subir impuestos, que “con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan (el PSOE), como en Andalucía”.

Hasta ahí, nada malo. Ni se niega el modelo solidario del Estado ni es un “España nos roba”. Es la demostración de que la política fiscal de bajos impuestos y atracción de capital funciona, y nos beneficiamos todos los ciudadanos del Estado. Y que la política de entorpecer y ahogar a impuestos, no.

Sin embargo, la polémica se desata ante la manipulación de las palabras. Típico en política, pero abre un interesante debate económico sobre el patrón de crecimiento.
Miremos a los datos. Los recursos sujetos a liquidación, que suponen casi el 73% de los ingresos no financieros de la Comunidad de Madrid, proporcionan una financiación per cápita 215 euros inferior a la media de las Comunidades Autónomas de régimen común.

Una infrafinanciación de casi 1.400 millones de euros en la primera parte del ejercicio 2016. En el periodo 2009-2016 la Comunidad de Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos con el resto de las regiones casi 18.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda, casi un 30% beneficia a Andalucía. Estupendo.

Muchos argumentan que los impuestos no los pagan las Comunidades Autónomas, sino los ciudadanos. Y es correcto. Pero sí dependen de los gobiernos los presupuestos, la política fiscal y económica sobre todo orientada a la creación de empresas y atraer capital. Y es de eso de lo que se hablaba.

Muchos argumentan que Madrid se beneficia “porque es la capital” y “porque tiene menores impuestos”. Ambos argumentos son claramente incorrectos cuando se mira, en términos de aportación y recepción al Fondo mencionado, a otras regiones como Galicia y el País Vasco. Y es que resulta, oh sorpresa, que la gran diferencia -gobierne quien gobierne- es tener una política fiscal atractiva y no confiscatoria. Y una administración facilitadora, no fagocitadora.

Lo que más me alegra es que en la polémica los redistribuidores de la Nada hayan reconocido que se crea más empleo y atraen más empresas con impuestos bajos.
La señora Teresa Rodríguez, por ejemplo, acusaba a la Comunidad de Madrid de “atraer capital” -se lo juro- y de " verdadero paraíso fiscal para las grandes fortunas con un dumping durísimo contra otras comunidades y por el cual se facilita que no tengan que pagar impuesto de sucesiones o patrimonio”.

Lo que no se puede hacer es tener un infierno fiscal y culpar a otros por no serlo.
Llamar “dumping” a tener una fiscalidad exactamente igual a la de otras Comunidades y la inmensa mayoría de países de la UE es una broma. Pero argumentar que el problema es el impuesto de sucesiones y patrimonio es bien fácil de solucionar. Elimínenlo en Andalucía, como en tantas comunidades y países de Europa.

El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto “para fastidiar”, y, como el de Patrimonio, ideológico e injusto. No recauda casi nada. En Andalucía unos 326 millones en uno y 80 millones en otro, menos de diez veces las transferencias que recibe de Madrid. Injusto porque grava cosas que han tributado varias veces anteriormente, desincentiva el ahorro y la principal fuente de transmisión de riqueza en la clase media, el piso de padres a hijos.

Encima, es fiscalmente desastroso. La Sra. Rodríguez, como es habitual en su partido, no parece saber sumar y darse cuenta de que el supuesto efecto de “lucro cesante” de todo lo que critica es varias veces inferior a lo que reciben de hecho. Se estima en -como mucho- 660 millones en toda España, eso si no se van del país esos patrimonios.

Aunque reconozcamos las diferencias históricas entre regiones -y de ello viene ese modelo solidario- el problema se centra en que ciertos políticos siguen viendo a las empresas y ciudadanos como cajeros. Cuando faltan ingresos, aunque los gastos no estén justificados, se tira del cajero sin límite.

Recordemos que el PSOE gobierna en Andalucía desde hace tres décadas, y que la Comunidad sufre una de las presiones fiscales más altas de toda la nación, lo cual has supuesto un escollo histórico a la creación de empleo y cambio de patrón de crecimiento. Sus empresarios y contribuyentes son héroes. Porque el nivel de presión es absolutamente brutal (hasta 75 euros por persona por año superior a la media, ojo, de España que ya es de por sí elevada).

Hasta tal punto que Andalucía lidera -desafortunadamente- el ranking de fuga de empresas. Más de 985 empresas andaluzas trasladaron su sede desde 2009. Algunas comunidades, como Murcia, han tomado medidas importantes encaminadas a reducir la presión fiscal y el escollo burocrático, y el efecto ha sido inmediato.

Andalucía ha recibido más de 70.000 millones de euros en ayudas comunitarias en los últimos veinte años a través de los Marcos Comunitarios de Apoyo. Y transferencias netas positivas de otras comunidades durante tres décadas.

No solo es la presión fiscal a las empresas. Lo explico en “Acabemos con el Paro” (Deusto), según datos de 2015, el Impuesto sobre la Renta -el tramo estatal más el autonómico- va desde el 22% al 49%. De este modo, en Andalucía, el trabajador medio paga 3.395 euros en concepto de IRPF, 120 euros más que la media nacional. Además, en 2015, Andalucía mantuvo el Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos en el máximo permitido: 4,8 céntimos por litro, mantuvo el Impuesto sobre el Patrimonio con tipos impositivos que van del 0,24% al 3,03%.

Finalmente, el Impuesto de Circulación y el IBI se mantienen sin cambios significativos. Las presiones de Ciudadanos y del PP para reducir la presión fiscal han surtido un fruto muy modesto. Andalucía ha recibido más de 70.000 millones de euros en ayudas comunitarias en los últimos veinte años a través de los Marcos Comunitarios de Apoyo. Y transferencias netas positivas de otras comunidades durante tres décadas.

Sin embargo, mantiene casi intactos los mismos desequilibrios en récord de paro y presión fiscal. Si en vez de perpetuar el rentismo se hubieran aprovechado esas transferencias para convertir a Andalucía en lo que merece y puede ser, un motor de crecimiento, de empleo, mejora de productividad, atracción de empresas y capital, hoy no habría que entrar en polémicas manipuladas.

El asistencialismo

Seguiría existiendo solidaridad, pero no la perpetuación del asistencialismo. Porque “el asistencialismo hace confortable la pobreza, e impide salir de ella” (Sowell). Y asistencialismo es muy distinto a asistencia igual que solidaridad es muy distinto a donación. Pero a los que se dedican profesionalmente a repartir las migajas del mismo les es más cómodo echarle la culpa al eficiente.

Cuando hablan de armonizar impuestos, es subir. Cuando hablan de solidaridad, es más gasto -el que sea-. La única política social efectiva es crear empleo y facilitar que esos héroes que son los empresarios y autónomos andaluces -y de toda España- salgan adelante y pongan en valor el enorme potencial de su país y su región. A veces esto parece una clase donde los alumnos que suspenden se quejan de los que aprueban.

Esta desafortunada polémica no debe servir para acusaciones de falta de solidaridad, sino para que todos pongamos en marcha aquello que funciona, y dejemos de presionar para que las comunidades que funcionan se conviertan en infiernos burocráticos y fiscales. Porque entonces, si los intervencionistas vencen y consiguen que la política de Madrid u otras comunidades sea igual de confiscatoria y destructora de riqueza, no habrá nada que repartir. Desarrollemos el potencial de crecimiento en vez de potenciar el desarrollo del estancamiento. Andalucía, Madrid y todo el país lo merecen.