El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes las medidas con las que espera reducir el déficit en algo más de 15.000 millones, una cifra que haría posible asegurar el recorte del déficit desde el 4,6% del PIB este año hasta el 3,1% comprometido para 2017 con Bruselas. De este modo, España saldrá del procedimiento de déficit excesivo en 2018, cuando los 'números rojos' se situarían por debajo del 3% por primera vez desde el inicio de la crisis.
Con la aprobación de estas medidas, el Gobierno ha conseguido asegurarse el apoyo del PSOE, ya que ha cedido a sus tres exigencias claras: subir el salario mínimo un 8%, permitir a las comunidades autónomas un déficit del 0,6% del PIB para el próximo año y subir una serie de impuestos indirectos, como son el alcohol, el tabaco y la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas.
PSOE y PP han llegado así al primer gran acuerdo que establecerá el marco sobre el que elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Las medidas más relevantes son las siguientes:
1. El Gobierno ha aprobado el techo de gasto (límite de gasto no financiero) de 2017, que será de 118.337 millones de euros. Desde el Gobierno garantizan que este tope, similar a lo ejecutado este año, permitirá no tener que recortar ninguna partida social, como Educación, Sanidad o Servicios Sociales y, al mismo tiempo, gracias al aumento de ingresos tributarios, cumplir con el déficit.
2. Subida de impuestos. El Gobierno ha aprobado un real decreto ley de medidas fiscales por el que modifica el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales, que gravan el alcohol y el tabaco, para recaudar 4.650 millones de euros adicionales, de los cuales 4.300 corresponden al Impuesto de Sociedades.
Así, ha salido adelante el aumento de los impuestos que gravan el consumo de alcohol de alta graduación (bebidas espirituosas, por lo que quedan fuera la cerveza y el vino) y del tabaco. En los impuestos especiales sobre alcohol y bebidas alcohólicas se incrementa un 5% la fiscalidad que grava los productos intermedios y las derivadas.
Estos cambios fiscales forman parte de un plan para incrementar la recaudación tributaria en 7.500 millones de euros para cumplir los objetivos de déficit público.
En cuanto a las labores de tabaco, se trata, explica el Gobierno, de adecuar la tributación a la que recomienda la Unión Europea. En este sentido, se incrementa el peso del componente específico frente al componente ad valorem. En los cigarrillos, un 2,5% y en el tabaco 6,8%.
Además, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre un nuevo impuesto para gravar las bebidas de alto contenido en azúcar (refrescos), con el que prevé recaudar hasta 200 millones de euros. Con estos cambios fiscales forman parte de un plan para incrementar la recaudación tributaria en 7.500 millones de euros para cumplir los objetivos de déficit público.
3. El Ejecutivo también ha aprobado el reparto de los objetivos de déficit para los años 2017-2019, con el horizonte de rebajar al 3,1% del PIB el déficit de 2017, objetivo que, de acuerdo con las previsiones del Ejecutivo está asegurado gracias a este aumento de recaudación, que se sumará a otros 10.000 millones más de ingresos que espera ingresar por la mejora del ciclo económico el próximo año. Así, ha repartido la meta de déficit público del 3,1% del PIB prevista para 2017 entre el 1,1% para el Estado, el 1,4% para la Seguridad Social, el 0,6% para las comunidades autónomas y el 0% para los ayuntamientos.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó elevar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año hasta el 0,7%, de modo que se reserva para el Estado (Administración Central y Seguridad Social) un margen del 3,9% del PIB. El esfuerzo para 2017 será mínimo, ya que el PSOE ha conseguido arrancar un objetivo de déficit del 0,6% del PIB, frente al 0,1% que tenían aprobado hasta ahora.
De este modo, las autonomías tendrán una situación holgada para el próximo ejercicio, ya que el incremento de los ingresos debería ser suficiente para cumplir con este objetivo.
El reparto de los objetivos de déficit de este año, que se sitúa en el 4,6% del PIB, quedará distribuida entre los siguientes objetivos: el 2,2% para la Administración Central, el 1,7% para la Seguridad Social, el 0,7% para las comunidades autónomas y el 0% para los ayuntamientos.
4. Para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, el Gobierno presentará como proyecto de ley, entre otras medidas, el límite de pagos en efectivo a 1.000 euros, por debajo del límite actual de 2.500 euros aprobado en 2012. El decreto de medidas tributarias permitirá recaudar, según fuentes de Hacienda, más de 2.000 millones de euros. Además, se obligará a las grandes empresas -unas 62.000- a comunicar a Hacienda en tiempo real las facturas de IVA que emitan. Se mejorará la aplicación para hacerlo de manera electrónica a partir de la segunda mitad del año, como un sistema de liquidación online.
Por otro lado, el Gobierno también ha incluido en el paquete de medidas antifraude una mayor limitación de los aplazamientos de pago en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades porque considera que, en un momento de bajísimos tipos de interés, las empresas no deben financiarse a costa del erario público.
5. El Gobierno ha aceptado la exigencia del PSOE de subir un 8% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con esta mejora, el PSOE consigue subir el salario mínimo en 52,416 euros, hasta los 707,616 euros mensuales por ocho horas diarias y en 14 pagas.
6. El Ejecutivo ha aprobado una subida de las bases máximas y mínimas de cotización para elevar los ingresos de la Seguridad Social entre 370 y 400 millones de euros. La subida de las bases mínimas se produce como resultado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que las bases mínimas de cotización del Régimen General suben en la misma cuantía. Según los cálculos del Ministerio, esta subida de las bases mínimas elevará los ingresos de la Seguridad Social en unos 70 millones de euros.
Además, se ha aprobado subir un 3% las bases máximas, reservándose al Pacto de Toledo un programa de destope más amplio en los años venideros. Esta subida generará entre 300 y 330 millones de euros extra a la Seguridad Social. El Gobierno también ha ampliado hasta 2019 el pago para vender Bankia (finales de 2019) y BMN (marzo de 2020). Queda así ampliado el plazo para que el Estado, a través del FROB, privatice Bankia con el objetivo de obtener el máximo retorno de las ayudas públicas.