Alerta entre los españoles por el deterioro de la Educación y la Sanidad

España superará el año que viene el nivel de PIB que tenía antes del inicio de la crisis. Esta noticia, que ya ha adelantado el Gobierno, no llega por igual a todos los españoles y, mientras unos ya han salido de la crisis, otros siguen sufriendo sus consecuencias. El paro es la mayor preocupación para los españoles, seguida por la corrupción y la clase política. Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un claro repunte de la preocupación por los problemas sociales y la situación del estado de bienestar.

Según los datos del Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la preocupación de los españoles por la Educación, la Sanidad y los problemas de índole social está en máximos históricos en los tres indicadores. A los recortes de los últimos años se une en 2017 el problema de la falta de un Presupuesto para el Estado, lo que es un foco añadido de incertidumbre. Es cierto que la mayor parte de las competencias en Sanidad y Educación están trasferidas a las comunidades autónomas, pero el retraso en la aprobación del techo de gasto y la ausencia del Presupuesto del Estado provoca que muchas autonomías todavía no sepan exactamente cuántos recursos tendrán el próximo año.

Desde el año 2011 la preocupación de los españoles hacia estos tres temas se ha duplicado. Los recortes en el estado de bienestar empezaron en 2010, después de que en 2009 marcaran su máximo histórico. Según los cálculos de Javier Andrés, de la Universidad de Valencia, Ángel de la Fuente, de FEDEA y Rafael Doménech, de BBVA Research, el gasto público por habitante en Sanidad y Educación alcanzó su máximo histórico en 2009 después de una gran escalada en los años del boom económico. Entre 2003 y 2009 aumentó el gasto en más de un 30%, ajustado de inflación, después empezaron los recortes, que fueron especialmente intensos en las comunidades autónomas.

A partir de ese momento empezó a crecer la alerta por el estado de bienestar. El porcentaje de españoles que sitúa la situación de la Educación y la Sanidad entre sus tres principales preocupaciones se ha duplicado desde el año 2011. En concreto, un 13,7% de los españoles sitúa la Educación entre sus tres principales preocupaciones y un 13,5% apunta a la Sanidad (este indicador baja con respecto a noviembre, cuando alcanzó el 14,4%, pero sigue en la zona de máximos históricos). Por detrás aparece la preocupación por los diversos problemas de índole social, una categoría muy amplia, por lo que no es fácil saber a qué se refiere cada encuestado, pero que la apuntan muchos españoles: hasta un 12,2% la sitúa entre los tres principales problemas del país.

La realidad

Cada vez más españoles sienten los problemas de la Sanidad y la Educación. El CIS hace dos tipos de preguntas en este sentido, una en cuanto a la percepción de los mayores problemas del país y otra en cuanto a los problemas que más le afectan directamente a cada encuestado. En este segundo punto es donde queda recogida la realidad del día a día de los españoles.

Por ejemplo, el 36,7% de los españoles señala que la corrupción y el fraude es uno de los mayores problemas del país (solo por detrás del paro), pero este porcentaje cae hasta el 11,9% para el caso de los españoles que creen que les afecta directamente a ellos.

Los españoles señalan a la Sanidad y la Educación como el tercer y el cuarto problema que más les afecta, por encima de la corrupción y la clase política. Estas cifras del CIS reflejan como los recortes en el estado de bienestar han terminado por afectar seriamente a los ciudadanos.

Empleo y pensiones

La recuperación de la economía española adolece de un gran punto débil: la precariedad del empleo. El mercado laboral se está recuperando, pero se sostiene sobre salarios muy bajos y contratos temporales. La consecuencia es que la preocupación de los españoles por la calidad del empleo y el futuro de las pensiones está aumentando con fuerza.

Tras el estallido de la crisis las empresas se centraron en despedir a los trabajadores que tenían una indemnización menor y una causa objetiva: los temporales. En 2007 en torno a un 35% de los empleados tenía un contrato temporal, dos años más tarde, este porcentaje había caído por debajo del 25% y tras la reforma laboral de 2012 llegó a bajar hasta el 22%. En esos años, la calidad del empleo dejó de ser una preocupación para los españoles. Como siempre repite la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la calidad en el empleo empieza por tener uno.

A partir de 2014, cuando se asienta la recuperación y vuelve la contratación, los españoles que salen del paro empiezan a preocuparse porque su puesto de trabajo tiene unas condiciones muy pobres. La tasa de temporalidad ha vuelto a máximos desde 2008: según los datos del INE, en el tercer trimestre de 2016 el porcentaje de asalariados con contrato temporal volvió a alcanzar el 27% por primera vez en ocho años.

La consecuencia es que el 7,4% de los españoles señala la calidad en el empleo como uno de los tres principales problemas que tiene España, el nivel más alto desde julio de 2008, dos meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. Este porcentaje sube hasta el 10,1% cuando se trata de los problemas que le afectan directamente al encuestado.

La segunda consecuencia del empleo precario que se está creando es el agujero de la Seguridad Social que ha llevado a agotar 67.500 millones de euros de la hucha de las pensiones desde el año 2012. Ya solo quedan 15.000 millones de euros en el Fondo de Reserva que se acabarán este año, lo que ha provocado que los españoles empiecen a temer por el futuro de su pensión.

Según el CIS, el 4,2% de los españoles creen que las pensiones son uno de los tres principales problemas de España. Es necesario remontarse hasta 2005 para encontrar un nivel de preocupación más elevado que el que hay actualmente. Este porcentaje sube hasta el 9,4% si se pregunta por el nivel en el que afecta directamente a los ciudadanos. Esto sitúa a las pensiones como el séptimo mayor problema para los españoles.

El problema no es solo si en el futuro se cobrará alguna pensión pública. El Estado es el último garante de la prestación, por lo que, salvo que este caiga, siempre se pagará una prestación. El problema es la cuantía que recibirán los españoles. Con las reformas de 2011 y 2013 se han introducido las herramientas para reducir entre un 30 y un 45% la pensión real durante las próximas décadas.