El mal llamado autoconsumo eléctrico es la última panacea. Todos los partidos que no están en el Gobierno -algunos de los cuales se reputan de izquierdas y deberían contemplar esta iniciativa como el fruto de un individualismo inaceptable para su menú ideológico- han pedido el miércoles 25 una ley que lo fomente sin ningún tipo de cargo.

En primer lugar, para hacerlo con propiedad deberíamos hablar de autogeneración eléctrica y no de autoconsumo porque éste último sin ningún tipo de cargo ya existe en España y la actual ley en vigor lo permite. Si usted vive en una finca aislada sin conexión a la red eléctrica y compra un generador, nadie le va a cobrar nada extra por producir y consumir su propia energía. El problema surge cuando se conecta a la red para recibir energía de los demás o verter la que le sobra.

Como los impuestos del juez Brandeis, el suministro eléctrico es un rasgo de la civilización

Este último caso es el que hace visible que en España la energía y los impuestos van de la mano. Y si el famoso juez Brandeis dijo que los impuestos eran el precio de la civilización -como le gusta recordar a algunos economistas del PSOE y de Ciudadanos-, habrá que convenir que el acceso al suministro eléctrico en red es un rasgo clave de nuestra civilización.

Siendo el autosuministro eléctrico una idea muy atractiva para la libertad económica desde el punto de vista teórico, cabe subrayar dos aspectos que no han sido bien considerados. El primero es que en el caso particular de España se trata de una medida regresiva. Y para ello basta analizar cómo vivimos. Para autogenerar electricidad por fuentes renovables -que es lo que interesa a los defensores del autoconsumo- se requiere superficie para capturar sol o viento, o un salto de agua. Y el espacio lo poseen las personas más ricas o con más patrimonio.

El 65% de la población española vive en torres de pisos donde no hay superficie para capturar sol, viento o agua

El 20% de los ascensores de Europa están instalados en nuestro país. Somos los que más elevadores por persona tenemos en el mundo. En 2013 había 1.021.953 ascensores, según la Federación Empresarial Española de Ascensores, el doble que la media de la UE. Esto se debe a que el 65% de la población de España vive en bloques de pisos, frente al 46% de la media europea. No vivimos en casas con un gran jardín.

Esto significa que los poseedores de segundas viviendas o los habitantes de chalets de Aravaca, Las Rozas o Alcobendas, que son los que tienen espacio, se verían favorecidos por la medida, mientras que los vecinos de las torres de Vallecas o Carabanchel apenas tendrían el espacio de un techo para ocho, 12 o 16 familias.

Siendo regresiva, la medida se podría corregir para adaptarla a esta singularidad española favoreciendo la generación de energía bajo la forma de cooperativas. Con todo, seguiría siendo regresiva.

Una ley de autogeneración justa requeriría que pagáramos sólo por lo que consumimos y por la logística. Pero no es así.

Un segundo aspecto es que una ley de autogeneración sin coste supondría rehacer desde cero el sector. La razón es que nuestro edificio eléctrico viene siendo desde hace años fruto de unas malas reformas que se hacen sobre otras malas reformas. El escenario que exige una ley de autogeneración justa supondría que en España los consumidores de electricidad sólo pagáramos por la cantidad de energía gastada y por la logística para llevarla hasta nuestro domicilio o lugar de trabajo. Y el resto de las cosas que hay emboscadas en el recibo de la luz deberían ser sufragadas con impuestos.

Pero entre esas cosas emboscadas en la tarifa hay errores políticos, pero también hay políticas públicas: están la moratoria nuclear (reclamada por los ecologistas), las subvenciones a las energías renovables, el coste del suministro en Canarias y Baleares, y la financiación y amortización del enorme agujero creado por el déficit de tarifa en la primera década de este siglo. Todo ello supone hoy la mitad del recibo.

Si a alguien se le permitiera autogenerar permaneciendo en la red y no se le imputan estas cargas fiscales, se estaría apropiando de esos costes que los demás tienen que pagar. A la larga, si muchos individuos se pasan a la autogeneración, el déficit empezaría a ser importante, pero si el sector terciario (hoteles, grandes superficies) lo hace, el agujero podría llegar a ser insostenible. Recientemente, el estado norteamericano de Nevada acaba de descubrir un déficit de 50 millones de dólares en su sistema eléctrico por una razón parecida.

Si sólo se restringe a las familias o individuos, el recorrido de la autogeneración es corto. Requiere un enorme trabajo de reajuste legal y económico del sistema eléctrico y al final, con casi 30 millones de personas viviendo en pisos en altura en España, el fundamento microeconómico del negocio prácticamente desaparece. Sólo lo podrán aprovechar los dueños del espacio. En ese sentido, el llamado “impuesto al sol”, destinado a implantar un autoconsumo eficiente allí donde tiene sentido, no está tan mal planteado.

Lo que los expertos tendrán que valorar es si esta medida, por perseguir un objetivo popular y aparentemente razonable, va a terminar encareciendo y retrasando la inevitable descarbonización de la economía o favoreciéndola.