Lo más inquietante de la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo es que logró tranquilizar a los políticos frente al desafío que tienen por delante: nuestras pensiones. Probablemente no es lo que José Luis Escrivá quería, pero fue lo que consiguió.

Sólo así se entiende que Alberto Montero, portavoz de Podemos, prácticamente saltara de alegría en su banco tras escucharlo. “Con usted nos hubiéramos ahorrado una serie de intervenciones donde se nos viene diciendo que el mundo se va a hundir en el 2050”, dijo. “Estoy tan contento que no doy ni para preguntarle”, añadió mientras se revolvía, feliz, en su asiento.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, no fue menos expresivo: “¡Estamos igual o más felices que los de Podemos!”. El diputado Barandiarain, del PNV, y Campuzano, del grupo Mixto, también mostraron su alivio. Sólo las portavoces del PSOE y del PP se mostraron más circunspectas.

Pero, ¿qué les dijo Escrivá? El presidente de Airef les explicó la situación de las pensiones a corto, medio y largo plazo.

A corto, el déficit de la Seguridad Social en 2016 fue del 1,7% del PIB y se mantendrá igual en 2017 si no se adoptan medidas adicionales. Este déficit es fruto del gasto creciente en pensiones y de la estabilización de los ingresos por cotizaciones.

A medio plazo, es decir entre 2018 y 2022, si no se hace nada y considerando que la economía crezca un 2% anual y la inflación reflejada por el IPC sea del 1,8%, el déficit sólo se corregirá ligeramente en un contexto económico extremadamente positivo, hecho altamente improbable.

Por lo tanto, lo más probable es que la revalorización anual de las pensiones será la marcada por la reforma de 2013, es decir el 0,25% en ese periodo. Esto significa que la pensión corriente perderá un 7% de su poder adquisitivo (entre 2013 y 2016 las pensiones ganaron poder de compra gracias a la desinflación), es decir 70 euros de cada 1.000.

Pese a este deterioro, las pensiones seguirán siendo un problema para las cuentas públicas. El 60% del desequilibrio estructural de 2,5 puntos del PIB que presentará el Estado español a partir de 2019, si no se adoptan medidas, será consecuencia de los números rojos de la Seguridad Social.

En el largo plazo, hay diversos factores que interactúan en ese asunto. Escrivá citó tres: demográficos, institucionales y del mercado laboral. Fue en este momento cuando la intervención del presidente de AIReF resultó más sugestiva para los diputados. Éste sostuvo que todos los estudios basados en las proyecciones de población del INE han mostrado enormes fallos: las proyecciones hechas en el periodo 1995-2001 subestimaron los habitantes de España en más de 5 millones, las personas de más de 65 años en 700.000 individuos y el número de afiliados a la Seguridad Social en 1 millón.

“Todos los estudios que les han mostrado aquí toman (estas proyecciones) como dadas”, recalcó Escrivá.

La lámina exhibida por Escrivá quizá habría sido diferente si hubiese tomado unas proyecciones poblacionales del INE menos alejadas en el tiempo y, sobre todo, que no estuvieron adulteradas por la oleada migratoria de entrada y salida que ha sufrido España en poco más de una década y que en 1995 nadie previó.  

Varios diputados suspiraron aliviados al oir que la base de todos los cálculos sobre población debe ser puesta en cuestión a partir de ahora.

También hablando sobre el largo plazo, Escrivá explicó que las reformas paramétricas adoptadas pueden tener un efecto mayor del esperado en las cuentas públicas. En 2011 se acordó el retraso de la edad de jubilación y la ampliación del periodo de cálculo y en 2013 se definió el Factor de Sostenibilidad que incluirá la evolución de la esperanza de vida a contar de 2019 y el nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones que ya se aplica. Estos cambios harán que la pensión de entrada en 2030 sea similar a la pensión de entrada en 2013 (poco más de 1.300 euros).

A ese monto habrá que descontarle la inflación que se acumule en ese periodo. Sin las reformas, la pensión de entrada habría llegado a 1.600 euros en 2025. Esto supondrá un ahorro en el gasto en pensiones de 5 puntos del PIB (55.000 millones de hoy) hasta 2050.

Las reformas de 2011 y 2013 conseguirán frenar la tendencia al aumento de la tasa de reemplazo (el porcentaje que representa la primera pensión cobrada respecto del último salario percibido) que en 2012 era superior al 75% y ahora se aproxima al 70% en vez de al 82% donde estaría sin reformas.

El presidente de AIReF también definió dos escenarios que han sido analizados por su servicio de estudios a partir de una muestra amplia del historial de vidas laborales. El primero, que llamó pesimista, supone que si las proyecciones del INE son ciertas y la población se sitúa en 44,2 millones en 2050 y la tasa de ocupación (porcentaje de la población en edad de trabajar que está empleada) pasa del 58,9% actual a un 67% que fue la cifra máxima alcanzada por España en 2007, el gasto en pensiones representará el 14,3% del PIB, es decir 3,3 puntos porcentuales más que el 11% que ha supuesto en el periodo 2009-2015.

Los dos escenarios descritos por el presidente de AIReF.

Fue entonces cuando Escrivá dijo “pero yo no me resigno” y propuso un escenario alternativo en el que España “puede hacerlo mejor”. Planteó que el país podría contar con 55 millones de habitantes en 2050 y una tasa de ocupación del 76%, similar a la de Alemania. En ese caso, el gasto en pensiones medio entre 2016 y 2050 se mantendría fijo en el 11% del PIB.

Lo que Escrivá no explicó a los alegres diputados que no escucharon su “no me resigno”, es que la España de su escenario alternativo es un país que no existe. No sólo necesitaríamos una prosperidad muy superior a la que aparentemente generó el boom inmobiliario para atraer nuevas oleadas migratorias, sino que necesitaríamos que esos forasteros tuvieran características específicas de edad y formación. Además, elevar la tasa de ocupación del 58,9% al 76% (nada menos que 17,1 puntos porcentuales) con esos 11 millones de habitantes más supondría una revolución del mercado laboral y del tejido empresarial español que sólo se podría lograr con medidas de flexibilización que están muy lejos de ser aceptables para el portavoz de Podemos, de Ciudadanos, del PNV y del Grupo Mixto.

Ese país no es inalcanzable, pero son los mismos diputados que ayer se alegraban sin ser muy conscientes de lo que tienen entre manos (el portavoz de Podemos asumió sin rechistar que las pensiones perderán un 7% de su poder adquisitivo entre 2018 y 2022, y el de Ciudadanos ni se inmutó al oir que el déficit no bajará del 2,5% en años y ninguno dijo nada ante la quiebra del sistema que supondrá cobrar en 2030 lo mismo que en 2013 menos la inflación) los que lo harán imposible. Eso ocurrirá apenas lean el diario de sesiones y entiendan de verdad lo que oyeron.