No obstante, las partes disponen de plazo hasta el próximo martes 4 de abril a las 13.00 horas para pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo, con la que el mediador quiere dar respuesta a los asuntos que han sido esenciales durante todo el proceso de negociación: mantenimiento de empleo, mejora de la productividad y ayudas para los posibles ajustes de trabajadores portuarios (más de 6.150).

El presidente del CES reconoce los avances alcanzados hasta ahora tanto por parte del Gobierno como por las representaciones de los trabajadores y de la patronal, pero considera que ha llegado el momento de dar forma a unos acuerdos mínimos que permitan cimentar el resto de la negociación, que corre, en caso contrario, riesgo de atasco innecesario.

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) celebrará mañana una asamblea, a la que están convocadas todas las empresas asociadas, para fijar su posición respecto a la propuesta del mediador, que llega después del principio de acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos, rechazado por el Gobierno, y que incluye modificaciones al alza de la concesión de ayudas al sector y la subrogación mediante una disposición normativa con rango de ley.

Previamente las tres partes implicadas en el proceso de negociación de la reforma de la estiba, a la que obliga a España una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2014, entregaron sendas propuestas de las que ninguna ha tenido éxito.

El primero en plantear un acuerdo tripartito fue el Ministerio de Fomento y lo hizo en vísperas de la votación del real decreto-ley de reforma del sector en el Congreso, donde fue derogado con los votos en contra de la oposición.

También la comisión negociadora de la parte social, liderada por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) y de la que forman parte, asimismo, UGT y CCOO, tiene previsto comunicar mañana su decisión sobre la propuesta del mediación que recoge, entre otras medidas, la necesidad de una "normativa transitoria" que garantice la continuidad en el empleo, que puede tener una dimensión de adaptación de la regulación laboral común a estas circunstancias transitorias y otra de diseño de medidas de apoyo público que faciliten la transición.

Según el documento elaborado por el mediador, la nueva normativa, "en la forma jurídica que el Gobierno considere suficiente", debe configurar "una situación de continuidad en la actividad empresarial de puesta a disposición de trabajadores portuarios" y añade que la formulación legal del principio de subrogación empresarial se complementará y articulará con fórmulas de subrogación convencional".

El Ministerio de Fomento se adelantó al resto en anunciar su posición favorable el mismo día en el que se conoció la propuesta y, además, se ha mostrado dispuesto a elaborar "un reglamento para incluir el contenido de la mediación".

Fomento explicó, asimismo, que su rechazo al principio de acuerdo entre empresas y sindicatos se debe a que, además de incluir la subrogación por ley, eleva a 2.415 millones de euros el coste de ayudas al sector, una cifra "inasumible" para el erario público.

Sin embargo, Anesco califica de "erróneo" dicho cálculo, que evidencia que la representación del Gobierno en la reunión mantenida el pasado miércoles 29 de marzo "no alcanzó a comprender la exposición realizada" y se ha puesto a su disposición para aclararla.