Después de cuatro años de parón en el sector, el Ministerio de Energía da este miércoles un nuevo impulso a la generación de energía renovable en la península con la subasta de 2.000 megavatios (MW) de nueva capacidad, ampliables hasta 3.000 MW si el resultado ofrece precios competitivos.

Este empujón a las energías verdes llega después de la subasta de 700 megavatios –500 MW eólicos y 200 MW de biomasa– realizada a principios de 2016 que, adjudicada a coste cero para el Estado, ha derivado en una gran incertidumbre sobre la viabilidad real de los proyectos, razón que ha llevado a blindar este concurso con plazos intermedios para la ejecución de las obras y elevadas garantías para poder participar. En el sector, sin embargo, se mira la ocasión con recelo debido a la complejidad del proceso para la asignación de los cupos y por considerar que ni hay una verdadera neutralidad tecnológica ni tampoco claridad en cuanto a la retribución a largo plazo.

Con este concurso, el Gobierno quiere introducir las tecnologías renovables más eficientes en costes y acercarse al cumplimiento de los objetivos comunitarios marcados para el año 2020, que incluyen la reducción de un 20% en la emisión de gases de efecto invernadero y elevar a un 20% el consumo de energía que provenga de fuentes renovables, desde el 14,5% actual.

Las renovables suponen ya el 41,1% de la generación eléctrica total, según datos de 2016 de Red Eléctrica Española, siendo la eólica la segunda fuente de generación por detrás de la hidráulica. Según las estimaciones del Ministerio de Energía, si se adjudican los 3.000 MW, la capacidad renovable aumentaría en un 10%.

La relevancia de la subasta

Aunque el fin de la moratoria a las renovables impuesta en 2012 lo marcó el concurso de 2016, este proceso supone “la primera gran subasta o nueva potencia instalada en más de cinco años”, explica a EL ESPAÑOL, Joan Batalla, presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam). “La subasta de este miércoles es muy relevante para la inversión en nueva potencia instalada renovable”.

Al igual que a la subasta anterior, las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa- acudirán al concurso, indican fuentes del sector. En la cita de 2016, sin embargo, no lograron adjudicarse nada.

Respecto a si este concurso será el impulso necesario para cumplir los Objetivos 2020, Batalla recuerda que es necesario incrementar la potencia instalada en de 8.500 MW, como indicó el Gobierno a Bruselas en un documento sobre Planificación Energética. "Considero que esta subasta no es suficiente, serán necesarias otras de aquí a 2020, pero es un primer paso", afirma.

El experto agrega que los porcentajes del 20% de los objetivos comunitarios se calculan sobre el consumo de energía final, por tanto, "se puede invertir en potencia por si la demanda incrementa debido a la recuperación económica, el porcentaje -de renovable- se va reduciendo". En situaciones como la actual, "que se observa un incremento de la demanda energética, es necesario invertir más en renovables para llegar a esa meta del 20%. Esta subasta, en un momento de demanda como hasta ahora, no sería suficiente, pero en un contexto de demanda creciente es todavía más insuficiente".

El procedimiento

Según la orden ministerial que regula el procedimiento, la subasta es tecnológicamente neutra, lo que permitirá competir a todas las fuentes de generación renovable. No se establecen cupos por tecnología, sino que todos concurren por los 2.000 MW, en bloques de hasta 100 MW.

La subasta se realizará mediante un sistema marginalista en el que, mediante sobre cerrado, los interesados pujarán a la baja hasta completar la bolsa de megavatios que está en juego. 

Las ofertas se ordenan, con independencia de la tecnología, de la más barata a la más cara y la última que se inscriba será la que marque el precio para el conjunto. Como novedad, ya no gana la puja con mayor descuento, sino que se realizará un ajuste para establecer el sobrecoste que cada proyecto genera al sistema eléctrico, es decir, se busca el menor coste para el consumidor.

Según fuentes del sector, el sistema puede llevar a un resultado donde las ofertas especulativas lleven tan abajo los precios que se adjudiquen proyectos con unas rentabilidades “poco realistas”, como ocurrió en el concurso de 2016, recoge Europa Press.

Como resultado de la subasta, se obtendrá la potencia adjudicada a cada participante para cada tecnología, así como el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia.

La polémica

Tras el resultado de la subasta de 2016, con descuentos del 100% que dejaron a los ganadores sin derecho a primas o ayudas del Gobierno y con el deber de construir los proyectos antes de 2020 dependiendo únicamente de la retribución que obtienen del mercado mayorista -pool-, para este concurso han cambiado algunas reglas.

La subasta es neutra, abierta a todas las tecnologías renovables, pero la orden ministerial establece tres instalaciones tipo de referencia (una para la tecnología eólica, otra para la fotovoltaica y otra para el resto de tecnologías) y unos mecanismos con que se busca una fórmula homogénea para ordenar las ofertas, indica Batalla, del Funseam.

“En estos parámetros, algunos consideran que han salido desfavorecidos, como es la opinión de los fotovoltaicos”, agrega Batalla. “Obviamente, intentar homogeneizar para poder ordenar las ofertas que se realicen sin hacer subastas independiente por tecnologías plantea esta dificultad, que cuando fijas los parámetros de conversión alguno considerará que no son del todo valorados”.

Es el caso de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha tratado de bloquear la subasta solicitando medidas cautelares al Tribunal Supremo por considerar que quedaban discriminados en beneficio de la energía eólica.

En caso de empate en los descuentos ofrecidos, el criterio aplicado para adjudicar el bloque será el mayor número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación, dato que da ventaja a la energía eólica (3.000 horas frente a 2.367, según el anexo de la convocatoria). La UNEF ha acusado al Gobierno de “favorecer a los grandes grupos empresariales” y de “convertir las renovables en un producto financiero”, ya que el modelo de subasta diseñado hace competir las tecnologías entre sí “ignorando su complementariedad y los beneficios de un mix renovable diversificado”.

Para Batalla, sin embargo, "algunos aspectos del diseño de la subasta sí se han mejorado". Pone como ejemplo que los paquetes sean de un máximo de 100 MW, algo que no se hizo en la subasta anterior, y que, para evitar "comportamientos oportunistas, si se incumple con el compromiso se pierde la garantía y este año han subido significativamente para evitar este tipo de comportamientos que luego tienen una penalización reducida" si no se acaba el proyecto.

Las garantías

Los proyectos adjudicados tendrán una vida útil de 25 años y deberán estar en funcionamiento antes de 2020. Para asegurar que serán ejecutados se ha establecido un sistema de garantías económicas que solo se irán devolviendo a medida que los promotores vayan cumpliendo hitos en la ejecución de los proyectos. Como requisito previo para la inscripción en estado de preasignación, el adjudicatario deberá pagar 60 euros/kW para la potencia instalada que se solicita inscribir, pudiendo elevar la fianza a hasta 6 millones de euros en el caso de un bloque de 100 MW.

Desde la adjudicación, corre un primer plazo seis meses para explicar al Ministerio de Energía qué instalaciones se construirán. Transcurrido ese plazo, la Dirección General de Política Energética y Minas devolverá, de oficio, por un importe de la garantía correspondiente a 12 euros/kW de potencia inscrita. En tanto, si no se ha identificado la instalación en ese plazo, se perderá la garantía completa aportada en la inscripción.

El segundo plazo corresponde a la acreditación de la autorización para construir las instalaciones identificadas. Una vez conseguida, la empresa recupera una cantidad de 18 euros/kW y, al contrario, perderá la misma suma si no consigue esta acreditación en un plazo de 12 meses desde la identificación.

Por último, será necesario inscribir la instalación en el Registro de régimen retributivo específico en estado de explotación. Para el cumplimiento de estos últimos requisitos, los adjudicatarios tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. Si cumplen con el plazo, las empresas recuperarán 30 euros/kW, pero si no llegan se iniciará un procedimiento por incumplimiento y perderán el mismo importe.