PENSIONES
Será necesario adaptar el sistema de pensiones a las nuevas realidades poblacionales. En los países cuyas pensiones están basadas en sistemas de reparto o de caja, como es el caso de España, será preciso que el sistema de pensiones mantenga un número de trabajadores y trabajadoras en activo suficiente, con salarios dignos, que permitan asegurar las pensiones de un número creciente de jubilados y jubiladas.
El Índice de Revalorización de las Pensiones está provocando pérdidas de poder adquisitivo a los actuales pensionistas, así como el Factor de Sostenibilidad que puede suponer reducciones importantes de las cuantías de las futuras pensiones de jubilación.
Por eso, una de nuestras prioridades es asegurar la revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y el derecho a percibir prestaciones y pensiones suficientes que garanticen un nivel de vida digno. Para ello, será necesario aumentar los ingresos en el sistema, comenzando por fomentar el empleo y su mayor calidad; mejorar la recaudación de la Seguridad Social, con medidas dirigidas a incrementar los ingresos, procedentes de los PGE a través de la fiscalidad general, diversificando las fuentes de ingresos en la Seguridad Social; recuperar la inversión en el Fondo de Reserva; suprimir el tope máximo de cotización; mejorar las bases de cotización del Salario Mínimo Interprofesional; modificar la cotización de los trabajadores autónomos para que ésta se realice en función de sus ingresos reales; renunciar a la utilización de las reducciones y bonificaciones en la cotización para el desarrollo de políticas de fomento de empleo ¿salvo colectivos de baja empleabilidad, excepcionalmente; y asumir por los PGE los gastos de personal de la Seguridad Social.
FUNCIÓN PÚBLICA
Tenemos que conseguir instituciones públicas adecuadamente dimensionadas para afrontar los retos estratégicos de nuestro tiempo. Hay que aumentar y mejorar el capital humano que trabaja en lo público, con un nuevo modelo de selección, recuperar un nivel de financiación suficiente, mejorar la eficiencia en la asignación del gasto, fomentar la evaluación de políticas, eliminar duplicidades y ser más eficaces en la prestación de servicios 112.
Con carácter general, las Administraciones solo podrán realizar nuevos contratos con entidades privadas para la prestación de servicios públicos cuando se justifique detalladamente su conveniencia desde el punto de vista económico y social, asegurando en todo caso la equidad y la calidad de dichos servicios, e incorporando un sistema riguroso de control y de sanciones para los agentes que no cumplan con los estándares de prestación acordados.
VIVIENDA
¿ Favorecer el acceso a la vivienda y el mantenimiento del hogar familiar en condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad, de forma que las familias no tengan que dedicar al pago de la renta o hipoteca más de una tercera parte de sus ingresos, incrementando las ayudas públicas para los hogares con niveles de ingresos reducidos, y para los grupos especialmente necesitados de apoyo, sobre todo los jóvenes, así como los mayores, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.
¿ Impulsar la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler a partir de viviendas de nueva construcción y de viviendas vacías, así como, y sobre todo, de las generadas en los procesos de rehabilitación y regeneración urbanas.
¿ Anticiparse a la ejecución de los desahucios, asegurando la coordinación entre las Administraciones Locales, los servicios de protección social y la Administración de Justicia, para que se garantice un alojamiento digno a todas las personas y familias que como consecuencia de un desahucio sean desalojadas de sus hogares.
¿ Impulsar una nueva legislación, siguiendo las prácticas habituales de los países de nuestro entorno, para garantizar una segunda oportunidad a las familias en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, con medidas que permitan la refinanciación de la deuda y el mantenimiento del hogar familiar.
DEUDA PÚBLICA
Es preciso revertir el crecimiento de la deuda total (pública, corporativa y de los hogares), país a país y a escala internacional, determinando los niveles sostenibles de deuda que posibiliten el progreso económico, el sostenimiento del Estado del Bienestar y su pervivencia en el tiempo. A escala europea habría que lograr la mutualización de la deuda soberana a través de la creación de un Tesoro Europeo. Y para que esa mutualización no esté sujeta a criterios políticos de parte, necesitamos en Europa una agencia de rating justa, objetiva e independiente.
MERCADOS FINANCIEROS
El elemento más pernicioso de la globalización ha sido la globalización financiera, por lo que es preciso introducir elementos que encaucen al sector financiero a converger con la economía real y a moderar sus beneficios especulativos. Por ello, se debe poner en marcha la propuesta de Directiva relativa a un sistema común de Impuestos sobre Transacciones Financieras, que aplique un tipo mínimo del 0,1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0,01% sobre la de los productos derivados.
BANCA
Hay que garantizar el crédito en la economía española. Si no lo remediamos avanzaremos hacia un sistema de fuerte concentración bancaria. Es necesario revertir esa tendencia, como garantía de una economía productiva que disponga de recursos de inversión y crédito, mediante la creación de un sector de Banca Pública, dirigida a garantizar el crédito para inversiones a largo plazo, y otro de Banca Cooperativa y Social.
¿ Es necesario el retorno a una separación entre la Banca comercial y la Banca de inversión.
¿ En el contexto de la Coalición Progresista que hay que construir en Europa, es necesario conseguir el acuerdo para que el Banco Central Europeo modifique su mandato y tenga el deber estatutario de asegurar no solamente la estabilidad de precios en la zona euro, sino también el crecimiento económico y del empleo.
REGULADORES
Para ello, en primer lugar, será necesario poner en funcionamiento auténticos organismos reguladores, eliminando así la mala práctica que ha supuesto su integración en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No sirve un sólo organismo regulador de los mercados que tenga atribuciones sobre la competencia, en la Energía, las Telecomunicaciones, el Sector Audiovisual, los Transportes y el Sector Postal. No existe mejor garantía de independencia que la competencia profesional especializada y la reputación contrastada de las personas elegidas para dirigir los Organismos Regulatorios. Para ello se precisa un control parlamentario riguroso en el nombramiento de los miembros de los Organismos Reguladores atendiendo a criterios de idoneidad profesional, garantizando la independencia que les es exigible.
ECONOMÍA COLABORATIVA
Los socialistas tenemos que impulsar las nuevas actividades que operan con un pie fuera del mercado, como la economía cooperativa, así como la economía colaborativa social y solidaria, previniendo al mismo tiempo que bajo esa apariencia se enmascaren actividades basadas en el autoempleo precario y en la elusión fiscal. Se trata de estimular la apertura de nichos de actividad socialmente necesaria que puedan ser atendidos por empresas colaborativas, cooperativas y sociedades laborales.
EMPLEO Y SALARIOS
La derogación de la reforma laboral aprobada por el PP que ha aumentado la precariedad, los bajos salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza. · Promover una alianza de los socialistas con los sindicatos con el doble objetivo de desarrollar un modelo de crecimiento y un marco laboral basado en el diálogo social y la negociación colectiva, restableciendo el equilibrio en las relaciones laborales y corrigiendo la unilateralidad empresarial a la hora de modificar las condiciones de trabajo o para inaplicar los convenios colectivos y promover nuevas formas de organización de los trabajadores a tiempo parcial, el teletrabajo y del trabajo autónomo y de los trabajadores y trabajadoras independientes.
Impulsar las medidas destinadas a la democratización de las empresas, como la participación de los trabajadores en el gobierno de las grandes empresas, en la perspectiva seguida en Alemania y otros muchos países desde hace tiempo. En este mismo sentido, proponemos que el 5% de los beneficios distribuidos de las empresas sean destinados a sistemas de participación económica de los trabajadores en las mismas.
Apoyando la propuesta del PSOE de un Ingreso Mínimo Vital, y la iniciativa de los sindicatos, ya tomada en cuenta en el Parlamento, de establecimiento de una renta mínima, estos objetivos deberían avanzar hacia una naturaleza estructural dentro del sistema fiscal, y tener posibilidades de progresar en el futuro hacia una Renta Básica.
FISCAL
Es necesario reorientar la política tributaria para conseguir aumentar de manera estable su potencia recaudatoria, acercándonos a la media de la zona euro, y para incrementar su capacidad redistribuidora, elevando su nivel de progresividad. Esto supone reformar el impuesto sobre la renta, al tiempo que se homogeniza el tratamiento de las rentas del trabajo y del capital. Así mismo redefinir el impuesto sobre el patrimonio y la riqueza y reformar el Impuesto de Sociedades en línea con la consecución de una Base Única en la Unión Europea, eliminando los tratamientos especiales y los ¿mal llamados- ¿beneficios fiscales¿ que sólo favorecen a algunas grandes empresas multinacionales. También, es necesario acabar con las amnistías fiscales e impulsar una acción europea a favor de la armonización fiscal.