En una jornada organizada por el Consejo General de Economistas, España ha asegurado que "hay cuestiones que no tienen por qué pagarse con cotizaciones sociales", como es el caso de las reducciones y bonificaciones y del citado complemento para madres de dos o más hijos que han accedido a su pensión desde el pasado 1 de enero.
Sobre la revisión de las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo -una tarea que sus integrantes tenían previsto culminar antes del verano-, España ha dicho que se sigue trabajando "intensamente" y confía en que las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo para alcanzar un pacto nacional por las pensiones.
La portavoz socialista en la citada comisión, Mercé Perea, ha asegurado que "ha de haber un pacto, pero no solo de las pensiones, sino de todo el sistema de protección social".
En declaraciones a los medios, ha dicho que el PP solo está dispuesto a "dulcificar" la última reforma de las pensiones de 2013, mientras que el PSOE demandan una reforma en profundidad.
En este sentido, ha indicado que lo principal es intentar negociar con Europa el objetivo de déficit de la Seguridad Social para conseguir un margen de maniobra que permita invertir en empleo.
También ve necesario aumentar de manera pactada a medio plazo el salario mínimo interprofesional y sacar de la Seguridad Social las bonificaciones y reducciones a la contratación.
Los socialistas confían en que, de cara a los presupuestos de 2018, el PP se siente a negociar una reforma de las pensiones que pase por derogar el actual índice de revalorización y definir el factor de sostenibilidad para que sea un mecanismo transparente y más social.
El PSOE quiere un sistema de la Seguridad Social socialmente sostenible, ha dicho Perea, quien cree que habrá "un antes y un después" de que se aprueben los presupuestos generales del Estado de 2017 y de que se celebre el Congreso de su partido.
En representación de la patronal, el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, es partidario de depurar el sistema de la Seguridad Social y ha criticado que se haya utilizado para pagar prestaciones y ayudas que no le correspondía.
Ha considerado negativo un incremento de las bases de cotización porque dificulta la creación de empleo y ha defendido la posibilidad de ir equiparando con el tiempo las aportaciones sociales de empresas y de trabajadores, mayores en el caso de los empresarios.
También ha abogado por controlar la incapacidad temporal y el absentismo, reformar la invalidez e incapacidad permanente y fomentar mecanismos de ahorro complementario.
Desde el punto de vista sindical, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha abogado por subir las bases máximas y también la pensión máxima, aunque no en la misma proporción, así como equiparar las cotizaciones de autónomos y los trabajadores del régimen general.
Al mismo tiempo, ha opinado que se deben sacar de la Seguridad Social las reducciones, bonificaciones y otros elementos como el complemento de maternidad, que no deben ser subvencionados con cargo al sistema.
Respecto a una eventual reforma, ha señalado que el índice de revalorización que desvincula la subida de las pensiones de la evolución del IPC es una herramienta "pésima" que "no va a aguantar mucho tiempo", al tiempo que ha apostado por redefinir el factor de sostenibilidad. EFECOM
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