Así, destacaba que la Fundación Transporte y Formación, dependiente del Ministerio de Fomento, desembolsó 154.000 euros de más por la "imprevisión" de no resolver el contrato de alquiler del local de su sede, que estuvo pagando durante ocho meses entre 2012 y 2013 pese a que ya había despedido a todos sus trabajadores como paso previo a su disolución.

En este informe de fiscalización se recuerda que en junio de 2011 el Gobierno acordó una reestructuración del sector público fundacional estatal que, entre otras cosas, implicaba la liquidación de la Fundación Transporte y Formación.

Para ejecutar dicho mandato, en julio de 2012 se rescindió el contrato laboral con el gerente, cuyas funciones pasaron a manos del presidente del patronato hasta julio de 2014, cuando la fundación fue extinguida y liquidada.

ERE A TODA LA PLANTILLA

En octubre de 2012, el patronato de la fundación acordó la extinción de los contratos de la totalidad de los trabajadores. pese a ello, se mantuvo el contrato de alquiler del local donde se ubicaba la fundación "cuando ya no contaba con personal", lo que a juicio del organismo fiscalizador conlleva que "no se gestionara de forma eficiente".

Y es que mantener activo dicho contrato supuso que durante ocho meses (hasta abril de 2013) la Fundación Transporte y Formación estuvo pagando 18.000 euros mensuales de alquiler, 935 euros mensuales por limpieza, 129 euros mensuales por el alquiler de la fotocopiadora y otros 172 euros mensuales por alquiler de la centralita telefónica. En total, 155.888 euros.

"La resolución (de estos contratos) debió efectuarse con mayor diligencia", insiste el Tribunal, que cree que la fundación no ha aportado documentación que "sustente las negociaciones llevadas a cabo para minimizar el perjuicio económico que se derivaba del pleno cumplimiento de los contratos", sobre todo habida cuenta que "la extinción de la fundación resultaba una causa objetiva evidente para negociar la resolución anticipada de dichos contratos".

MÁS DE TRES AÑOS PARA UNA FUSIÓN

Por otra parte, el informe del departamento que dirige Ramón Álvarez de Miranda critica que el Ministerio de Fomento lleve más de tres años sin aprobar el plan de redimensionamiento de las fundaciones AENA y Ferrocarriles Españoles, que deben unificarse en la nueva Fundación del Transporte, que tampoco se ha constituido.

"El proceso se encuentra ralentizado sin que, ni por parte de los patronatos de las dos fundaciones ni del propio Ministerio de Fomento, se hayan adoptado decisiones definitivas", subraya el Tribunal de Cuentas, que recuerda que en diciembre de 2012 los patronatos de las fundaciones AENA y Ferrocarriles Españoles ya solicitaron al departamento que dirige Ana Pastor la "preceptiva y previa autorización para la fusión".

Sin embargo, en todo este tiempo Fomento no ha realizado las gestiones necesarias para adecuar las estructuras organizativas, laborales, inmobiliarias y de recursos de las dos fundaciones, ni ha constituido la nueva.

Finalmente, el Tribunal de Cuenta sí reconoce que durante el primer año de aplicación del acuerdo de reestructuración del sector público fundacional estatal se cumplió el objetivo de reducir el número de directivos al menos un 10%, ya que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012 se pasó de 98 a 86 (-12%). No se puede sin embargo realizar una estimación del impacto económico global que ha tenido este proceso por su "complejidad" y "falta de homogeneidad".