Las nuevas metas han sido aprobadas con el voto a favor del Estado, las CCAA del PP, Canarias y Ceuta y Melilla, frente al voto en contra de todas las regiones socialistas, salvo Extremadura, que se ha abstenido, y Cantabria, mientras que Cataluña no ha podido votar porque no ha asistido el consejero de Hacienda.
El CPFF, presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha votado los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020 que suponían una relajación de 1.000 millones para el próximo año y otros 1.000 para 2019.
El Gobierno había retirado el proyecto de ley sobre el techo de gasto del Congreso para volver a iniciar el proceso y presentar su nueva propuesta, que eleva del 0,3% al 0,4% el objetivo de déficit de las CCAA para 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y mantiene la meta de equilibrio para 2020.
En concreto, han vuelto a votar en contra de la senda 2018-2020 todas las comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia), salvo Extremadura, que se ha abstenido, y Cantabria, mientras que Cataluña no ha podido votar porque no ha asistido el consejero de Hacienda. Han votado a favor de los nuevos objetivos Canarias, que en el anterior CPFF del 29 de junio se había abstenido, y todas las regiones en las que gobierna el PP (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia), además de Ceuta y Melilla.
El cambio en el voto de Canarias se produce después de que ayer Montoro se comprometiese a que el superávit que este año puedan conseguir las islas se destine a inversiones productivas.
La décima de margen que otorga Hacienda a las CCAA en 2018 y 2019 procederá de la Seguridad Social gracias a los "buenos datos" de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán del aumento de las cotizaciones como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva.
En la última reunión del CPFF del pasado 29 de junio se aprobó mantener el objetivo de déficit autonómico del 0,3% para 2018, una décima más que en el anterior CPFF del pasado 22 de diciembre, y estabilidad presupuestaria (déficit cero) para 2019 y 2020, con lo que Hacienda mantenía las metas recogidas en el Programa de Estabilidad remitido por el Ejecutivo a Bruselas a finales de abril.
Asimismo, se mantenían los objetivos de deuda pública del conjunto de CCAA fijados son del 24% para 2018 (cuatro décimas más que lo acordado en diciembre), el 23,1% para 2019 (cuatro décimas más que en diciembre) y el 22,3% para 2020.
A su vez, se mantiene el aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020 acordados el 29 de junio.
EL TECHO DE GASTO SE MANTIENE Y SE VOTARA EL MARTES
Pese a la relajación de los objetivos de déficit que Montoro ofrece a las CCAA, el cambio no afectará tampoco al déficit del conjunto de las administraciones públicas ni al techo de gasto, por lo que se mantiene el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 y el aumento del 1,3% previsto para el límite de gasto no conocido, conocido como techo de gasto, hasta los 119.834 millones de euros.
De esta forma, el Consejo de Ministros aprobará este viernes de nuevo el techo de gasto y se remitirá posteriormente al Congreso, por lo que los objetivos de déficit y deuda que acompañan al límite de gasto no financiero se votarán en sesión plenaria el próximo martes en el Congreso y el miércoles en el Senado, tal y como estaba inicialmente previsto.
Así, la meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018 quedaría repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,1% para la Seguridad Social, el 0,4% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos. Para 2019, el objetivo de déficit del 1,4% se derivaría de un déficit del 0,3% del Estado y del 1% de la Seguridad Social, frente al 0,1% de las CCAA y el equilibrio de las corporaciones locales.
Las autonomías rechazaron mayoritariamente la senda 2018-2020 propuesta y aprobada en el CPFF del pasado 29 de junio e incluso algunas acusaron a Montoro de no dar más margen a las autonomías mientras "coquetea" con una bajada de impuestos, en referencia a la negociación con Ciudadanos.
Concretamente, votaron en contra de la senda 2018-2020 todas las comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia), además de Cantabria y Cataluña, frente a la abstención de Canarias y el voto a favor de las regiones en las que gobierna el PP (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia).