La calificadora de riesgo aclaró, no obstante, que mantuvo la calificación de la deuda brasileña en BB, dos escalones por debajo del llamado grado de inversión, en el que los países son considerados seguros para los inversores, con perspectiva negativa.

El anuncio de que la deuda brasileña ya no está bajo la "observación negativa" de la calificadora se produjo tras el anuncio del Gobierno de una nueva meta para el déficit fiscal del país en 2017 y de 2018, acompañado de varias medidas de ajuste, principalmente de reducción de gastos públicos.

El Gobierno elevó su meta para el déficit fiscal de este año desde los 139.000 millones de reales (unos 43.437 millones de dólares) que había previsto inicialmente hasta 159.000 millones de reales (49.678 millones de dólares). La nueva meta también se aplicará para las cuentas públicas en 2018.

El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, admitió que el Gobierno tuvo que revisar las cuentas debido a que, por la persistencia de la profunda recesión que el país enfrenta desde 2015, la recaudación prevista para este año está muy abajo de lo que era esperado.

Para compensar el anuncio de que el déficit fiscal será mayor al inicialmente previsto, el Gobierno también anunció la congelación de los aumentos de los salarios de los empleados públicos por un año, la supresión de 60.000 cargos públicos que habían sido creados en los últimos años, la eliminación de una serie de ayudas financieras concedidas a los empleados del Estado y la elevación de la tasa que se descuenta de los funcionarios para financiar su jubilación.

El Gobierno también anunció una serie de elevaciones de impuestos en 2018, como las cobradas sobre fondos de inversión, y la eliminación de algunas exenciones fiscales, con las que espera elevar su recaudación el próximo año en 14.500 millones de reales (unos 4.600 millones de dólares).

El ajuste llevó a Standard & Poor's a cambiar su evaluación sobre la perspectiva de la deuda brasileña.

La calificadora explicó que, desde que la calificación de Brasil fue incluida en el CreditWatch, en mayo pasado, el escenario político mejoró ligeramente, especialmente por la decisión de la Cámara de Diputados de archivar la denuncia por corrupción que la Fiscalía había hecho contra el presidente Michel Temer.

La agencia también destacó la aprobación de la reforma laboral y el empeño del Gobierno en impulsar una reforma al régimen de jubilaciones para "contener el crecimiento de los gastos y avanzar hacia una activa agenda de reformas microeconómicas".

S&P aclaró que su decisión de mantener la calificación en BB con perspectiva negativa obedece a que los desafíos fiscales y políticos del país aún son elevados, al creciente peso de la deuda pública y al riesgo de que el Congreso no apruebe las medidas de ajuste del Gobierno.

Las tres principales calificadoras de riesgo del mundo le retiraron en 2015 el estatus de país seguro para la inversión que Brasil conquistó en 2009, y actualmente califican su deuda soberana con dos notas por debajo del llamado grado de inversión.

Además de la grave recesión en que se hundió la economía brasileña en los dos últimos años, con una retracción del 3,8 % en 2015 y del 3,6 % en 2016, las agencias han manifestado su preocupación con el creciente déficit fiscal del país.

De acuerdo a datos oficiales, este año será el cuarto consecutivo que el Gobierno brasileño cerrará con déficit, una situación que no ayuda a recuperar plenamente la confianza de los inversores, según ha reconocido el propio Meirelles.

La revisión de la meta de déficit fue precedida por sendos recortes en el presupuesto nacional, decididos en marzo y en julio pasados, que redujeron el gasto para este año en 48.000 millones de reales (15.000 millones de dólares) y resultaron insuficientes.