El Ejecutivo comunitario ha determinado tras una investigación en profundidad que Iberpotash se benefició de dos medidas de apoyo ilegales según las normas europeas. En primer lugar, de garantías financieras "excesivamente bajas" para la restauración de sus explotaciones mineras en Súria y Balsareny/Sallent; y en segundo lugar de una financiación pública para cubrir todos los costes de inversión para reducir el impacto negativo de un cúmulo de residuos en Vilafruns.

Con respecto a la primera ayuda, Bruselas recuerda que los tribunales españoles determinaron que las garantías aportadas por Iberpotash para Súria en 2006 y para Balsareny/Sallent en 2008 fueron sin justificación demasiado bajas, así como que en 2016 las autoridades medioambientales regionales estimaron los costes y establecieron unas garantías con un nivel "significativamente" más alto.

Las empresas que trabajan en explotaciones mineras deben aportar garantías a las autoridades públicas a las que puede recurrirse para restaurar las condiciones medioambientales del lugar en el que opera. El objetivo de las mismas es asegurar que estos costes no son asumidos por el Estado si las empresas fracasan en su obligación de proteger el entorno.

En relación a la segunda medida, la Comisión Europea ha señalado que la legislación comunitaria permiten ayudas de Estado cubrir parte de los costes de una inversión para mejorar las condiciones medioambientales por encima de los niveles obligatorios, pero aún así Iberpotash estaba obligada a asumir el 50% de los mismos.

Como resultado de ambas medidas, Bruselas apunta que la empresa no tuvo que soportar los costes de la protección medioambiental que sí tienen que asumir otras compañías rivales en la Unión Europea, lo que supone una ventaja competitiva indebida.

Ante esto, Bruselas ha concluido que Iberpotash debe pagar tasas de garantías que "reflejen el los verdaderos costes de rehabilitación de sus explotaciones hasta 2016 y también devolver el exceso de costes de inversión que fueron asumidos al completo por las autoridades públicas".