Hace ya unos meses que comentábamos los errores que comete la Unión Europea atacando al sector tecnológico orientando su acción a la represión fiscal. Es francamente descorazonador que una Unión Europea que presume de defender el libre comercio y la tecnología cometa errores que afectan al desarrollo y la innovación.

En vez de plantearse por qué no crea gigantes tecnológicos, se recurre a medidas cuyo impacto negativo supera en mucho los supuestos beneficios.

Una de las preocupantes propuestas de la Comisión Europea es hacer un cambio unilateral de las reglas fiscales de las empresas tecnológicas.

La propuesta conlleva muchos más efectos negativos que positivos. Sugiere que las empresas multinacionales tecnológicas (norteamericanas) paguen impuestos por sus ingresos en vez de por sus beneficios.

Primero, supone discriminar a unas empresas según su actividad respecto a otras, introduciendo un elemento muy preocupante en cuanto a seguridad jurídica, competencia e igualdad de condiciones. Adicionalmente, si se llevase a cabo tal medida en todos los sectores, hundiría a muchos conglomerados multinacionales europeos, porque entrarían casi todos en pérdidas y enormes problemas financieros. Esos mal llamados “campeones nacionales” que han perdido desde hace años la batalla de la innovación.

Segundo, se puede interpretar como una medida de guerra comercial dirigida contra empresas solo por el hecho de ser norteamericanas. En un momento en el que el mundo intenta evitar la tentación proteccionista, es fácil tildar esta propuesta de ser precisamente eso, proteccionismo que busca recaudar a toda costa, en vez de facilitar que crezca la innovación y se desarrollen gigantes tecnológicos en Europa.

El riesgo de que otros países lleven a cabo medidas similares contra nuestras empresas no es pequeño ni debe ignorarse. ¿Qué sería de las grandes multinacionales europeas si los países donde operan y generan más del 55% de sus ingresos hicieran lo mismo

Tercero, es el consumidor el que sufrirá las consecuencias. Se piensa en unos ingresos fiscales fantasma que no se han perdido por culpa del “fraude”, sino por tener un sistema que desincentiva la creación y entrada de capital de empresas innovadoras. Pero, sobre todo, lo único que consigue es que los productos y servicios se encarezcan para el consumidor europeo. Como explica el ministro de finanzas danés, Kristian Jensen, “si hacemos que las empresas tengan mayores dificultades en Europa, entonces a lo mejor estamos llevando a que se usen productos norteamericanos o chinos”.

Hay una razón por la que se gravan los beneficios y no los ingresos, y por eso se hace desde hace muchas décadas. Porque es mucho más positivo en creación de empleo, inversión y crecimiento para todos.

¿No pagan impuestos?

Decir que estas empresas no pagan impuestos es incorrecto. Pagan lo que especifica la ley según el país donde generan el valor añadido, como hacen las europeas o japonesas. Pagan más en cuotas sociales, impuestos directos e indirectos, locales y regionales, que gran parte de las empresas.

Esa misma Unión Europea que no se preocupa por los sectores subvencionados –porque lo deciden los gobiernos-, se fija en el impuesto de sociedades solamente sin pensar en los importes pagados en otros impuestos, y sin fijarse en el efecto positivo en empleo directo e indirecto, inversión y facilidades para el consumidor.

Curioso que se empecine en el impuesto de sociedades mientras la misma Unión Europea concede enormes deducciones en ese mismo impuesto a sectores de menor valor añadido y menor innovación.

Gravar los ingresos no deja de ser percibido a nivel global como un arancel, una medida que destruye mucho más de lo que se pretende proteger. Los aranceles no benefician a los consumidores, ya que encarecen los productos y los hace más escasos, pero es que además destruyen inversión potencial justo cuando lo que la Unión Europea debería estar haciendo es atraer capital tecnológico y prepararse para la digitalización desde el liderazgo.

Al fijarse solo en los impuestos y –aún peor- solo en el impuesto de sociedades, se olvida el impacto en la economía y su beneficio multiplicador. Según Deloitte, una sola de estas empresas, Google, genera un impacto positivo para la economía española de más de 7.000 millones de euros.

Lo único que se consigue con estas medidas –que espero que no se implementen- es quebrar la percepción de seguridad jurídica, cuando se orienta a un sector determinado y a unas empresas muy específicas.

Imaginen si Estados Unidos decide, de repente, hacer lo mismo con los sectores europeos que lideran el crecimiento e inversión extranjera en ese país. Es una absoluta bomba de relojería que parte de la base de unos supuestos “ingresos fiscales perdidos” calculados de manera cuestionable.

En vez de pensar en crear ingresos fiscales atrayendo inversión y fomentando el cambio del patrón de crecimiento, el peligro es que lo que se consigue es empeorar la situación de consumidores y empresas por intentar rascar unos millones de euros de recaudación que ni van a conseguir, y que, encima, se irán a otro países en mucha mayor cantidad en empleo e inversión potencial.

La propuesta está mal orientada. No ofrece soluciones para atraer el enorme potencial de crecimiento y empleo que suponen las tecnologías disruptivas e innovadoras y se centra en una contraproducente visión cortoplacista de la oportunidad que ofrece la nueva revolución industrial.

Porque nuestros gobernantes tienen que darse cuenta que las tecnologías disruptivas siempre van a generar unos menores ingresos fiscales a corto plazo pero mucho más crecimiento y mejor calidad de vida, y con ello mejores recursos fiscales a medio plazo. Y que lo que se pierde por un lado, se termina ganando en bienestar para todos.

No cometamos el error de orientar la política de la Unión Europea a defender el pasado, sino a liderar el futuro. Aquellos sectores que ignoran el riesgo de estas medidas y crean que se “van a beneficiar” del asalto a los gigantes tecnológicos norteamericanos, corren el peligro de ser los siguientes en sufrir la próxima ola de impuestos.

Dentro de diez o veinte años, la Unión Europea puede ser un motor global de crecimiento e innovación o seguir por detrás de sus comparables en creación de gigantes tecnológicos. No caigamos en el error de una política intervencionista y cortoplacista.

Sería importante que las empresas multinacionales de todos los sectores, porque esto no sólo afecta a las tecnológicas, y los organismos internacionales, trabajaran juntos para encontrar soluciones al reto fiscal y tecnológico que no pongan en peligro el empleo, la inversión y el crecimiento. Hay mucho camino por delante. No lo vamos a recorrer intentando volver a los años 70.