La lista de terceras jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal, como se llama oficialmente, es el primer repertorio de paraísos fiscales común para la UE y sustituye a las listas nacionales que tenían algunos Estados, homogeneizando los criterios que determinan qué países acaban en ella.
Para confeccionar este repertorio, expertos fiscales de los Veintiocho han analizado desde principios de año la legislación fiscal de 92 jurisdicciones en base a tres criterios.
Estos tienen en cuenta su nivel de transparencia, si garantizan una imposición justa o por el contrario facilitan la creación de estructuras opacas, y si aplican las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).
La UE se ha puesto en contacto con aquellos países que generaban dudas, lo que ha llevado a algunos a cambiar ya sus leyes para adaptarse a los estándares de la UE y a "la mitad" de ellos a comprometerse a hacerlo en 2018, según dijo hoy el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una comparecencia en la Eurocámara.
Estos países se incluirán en un documento que se adoptará también el martes, aunque no está claro si será público, y el cumplimiento de los compromisos será revisado periódicamente.
Los Veintiocho estudian introducir sanciones contra los países en la lista, como retenciones a la fuente sobre los pagos a estas jurisdicciones, la no deductibilidad de los mismos o nuevas reglas sobre los ingresos de empresas controladas desde esos países, el grueso de las cuales podría aprobarse el martes.
La publicación de esta lista negra pone el broche final a un proceso que comenzó en 2015 y ha ganado relevancia al calor de revelaciones sobre el auge de las actividades de políticos y personajes públicos en estos paraísos fiscales, como los Papeles de Panamá o los más recientes Papeles del Paraíso.
La Comisión Europea, que ha asistido en la elaboración de la lista pero subraya que esta depende enteramente de los Estados, cree que la iniciativa demuestra el progreso hecho por la UE en los dos últimos años en materia de transparencia y buena gobernanza fiscal, no solo con nuevas leyes sino también con investigaciones de su departamento de Competencia que han castigado las malas prácticas de multinacionales como Apple o Amazon.
Sin embargo, algunas organizaciones critican que la lista no incluya a los propios miembros de la UE.
De acuerdo con un informe publicado hoy por Oxfam, que afirma haber hecho el análisis de los 92 países más los 28 miembros de la UE conforme a los criterios para entrar en la "lista negra", esta debería contener 35 Estados, incluidos los comunitarios Luxemburgo, Irlanda, Malta y Holanda.
La Comisión defendió hoy a través de una portavoz que "todos los miembros de la UE cumplen totalmente los criterios" que se exigen a terceros, y aseguró que la interpretación hecha por la organización "va mucho más allá de los estándares reconocidos internacionalmente".
El grupo de los Verdes en la Eurocámara se sumó a la crítica y pidió "que la UE reconozca sus propios paraísos fiscales" y, en particular, Gibraltar y otras dependencias británicas.
"Dado el asombroso número de escándalos fiscales revelados en los últimos años, es importante que la UE establezca una lista contundente y creíble", dijo el eurodiputado español Ernest Urtasun, quien pidió a los ministros "ser objetivos por encima de consideraciones políticas".