Aunque en las últimas semanas la tensión política ha disminuido sustancialmente, la incertidumbre en Cataluña durante este 2017 ha hecho que, a fecha de ayer, un total de 3.172 empresas catalanas hayan trasladado su sede social desde el pasado 1 de octubre, según los últimos datos ofrecidos por el Colegio de Registradores de España.

Los dos grandes bancos catalanes, CaixaBank y el Sabadell, han sido algunas de las primeras corporaciones en dar el paso de trasladar su sede social, el primero a Valencia y el segundo a Alicante.

La posibilidad de que el Parlament declarase unilateralmente la independencia, como así hizo el 27 de octubre, provocó que aumentara el número de catalanes que abrían cuentas bancarias fuera de Cataluña. Los dos grandes bancos tomaron así su decisión para preservar la seguridad jurídica.

En el caso de CaixaBank, pudo agilizar el traslado de su sede social gracias a que el Gobierno aprobó un decreto para facilitar que estos traslados no tuvieran que pasar por una Junta de Accionistas.

Grandes compañías catalanas como Gas Natural Fenosa, Abertis, Agbar, Criteria, Colonial, Cellnex, SegurCaixa o VidaCaixa también optaron por trasladar la sede social fuera de Cataluña, la mayoría de ellas para garantizar la seguridad jurídica y su vinculación con la Unión Europea con independencia de la evolución de los acontecimientos.

Una de las últimas empresas en marcharse ha sido la multinacional eléctrica Endesa, controlada por la italiana Enel, que, según ha trascendido hoy, ha trasladado la sede social de su sociedad de distribución eléctrica de Barcelona a Madrid.

El temor a que el ya expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont declarara la independencia el 10 de octubre -en ese momento la suspendió para luego hacerla efectiva el 27-O- aceleró los anuncios de traslados de sedes sociales, principalmente por parte de empresas cotizadas.

Grifols es la única de las siete compañías catalanas del Ibex 35 que no ha dado ese paso, si bien aclaró en octubre que tomaría medidas si la situación política llegase a afectar a sus negocios o a la situación financiera de la compañía.

Puigdemont dijo el 10 de octubre que asumía el mandato del pueblo en el referéndum ilegal del 1-O para que Cataluña se convirtiera "en un Estado independiente en forma de república", y acto seguido suspendió los efectos de la declaración de independencia para abrir la puerta al diálogo. Entonces, continuaron la salida de empresas.

Compañías de capital familiar como Catalana Occidente, Indukern o Cementos Molins, así como el gigante editorial Planeta o el grupo hotelero Hotusa, entre otras, han anunciado también el traslado de su sede social.

El punto culminante de la crisis política se produjo el pasado 27 de octubre, cuando el Parlamento catalán declaró la independencia de forma unilateral, si bien horas después el Gobierno cesó a todo el govern, convocó elecciones para el 21 de diciembre e intervino la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Aunque en las últimas semanas se ha frenado sustancialmente la salida de empresas, está por ver el efecto que la crisis puede tener sobre la captación de inversiones internacionales, tanto en Cataluña como en el resto de España, dada la imagen que se ha proyectado en los últimos meses.

De hecho, los responsables del Congreso Mundial de Móviles han avisado de que siguen de cerca la evolución de la situación.

Los efectos de la crisis se han notado en octubre en el turismo ya que la llegada de turistas extranjeros a Cataluña descendió un 4,7 % interanual, y en el comercio minorista, con una caída del 3,9 % interanual.

Mientras, en Cataluña ha aumentado el número de parados tanto en octubre (14.698 más) como en noviembre (7.391) en comparación al mes precedente, aunque son meses que coinciden con el fin de la temporada turística.

No obstante, la intervención de la Generalitat también ha llevado a algunas empresas, como Freixenet, a mantener por ahora su sede en Cataluña a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos.

En cualquier caso, la incertidumbre política está generando un recorte de las previsiones económicas para España en 2018.

Además de la ya mencionada rebaja de la previsión del Gobierno, el BBVA también ha recortado tres décimas su estimación de crecimiento, que cree que puede ser del 2,5 %.

Asimismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó a mediados de octubre de que la incertidumbre asociada a la crisis institucional en Cataluña podría reducir incluso hasta el 1,5 % el crecimiento económico de España en 2018, frente al 2,3 % apuntado por el Gobierno.

Este mismo organismo también ha estimado que la crisis política puede hacer que la comunidad autónoma pierda entre 0,7 y 2,7 % puntos de PIB en 2018.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA SE DUPLICA EN 2017 A PESAR DE LA CRISIS EN CATALUÑA