Las previsiones son demoledoras. Se estima que en 2050 habrá en España 15 millones de pensionistas. Es decir, casi seis millones más de los que había en 2016. Para poder garantizar su sostenibilidad se necesitarán cerca de 27 millones de cotizantes, algo que se antoja complicado a la vista de la proyección demográfica en España.
Datos a los que hay que sumarle el incremento de la pensión media en España, actualmente en los 1.068 euros de media. Esto significa que la sostenibilidad del sistema está en entredicho a medio-largo plazo, aunque también a corto. La crisis ha pasado estragos en el sistema, y el déficit de la Seguridad Social alcanzará el 1,5%, según la previsión del Gobierno. Unos números rojos que no se solventarán -al menos- hasta el año 2021.
¿Significa esto que las pensiones están en peligro? La respuesta es sí pero no. El hecho de que un pensionista vaya a tener una prestación parece garantizado tras la última reforma del Ejecutivo. Lo que no está tan claro, y eso es lo que debería dilucidarse en los próximos meses, es cuánto dinero va a percibir un jubilado. Es decir, la llamada tasa de sustitución que, según los expertos, irá en disminución a medida que pasen los años.
El papel del pacto de Toledo
En especial porque esa sostenibilidad de las pensiones sólo puede solventarse por tres vías, según explica la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos: un aumento de los ingresos del sistema (algo complejo por la evolución poblacional); una caída de las prestaciones, o un mix de ambas, que según ella sería “lo ideal”.
Es a la clase política a quien le corresponde avanzar en este tema a través del Pacto de Toledo. Una comisión que, por cierto, ha emitido ya en varias ocasiones distintas recomendaciones para efectuar nuevos cambios que garanticen las pensiones. Pero también que eviten que el Estado tenga que seguir haciendo esfuerzos para pagar las prestaciones; en especial las ‘extra’ de Navidad y Verano.
Un esfuerzo extraordinario que ha obligado a pedir un préstamo al Estado por valor de 16.000 millones de euros para hacerles frente; todo después de que el Fondo de Garantía de las Pensiones (la famosa hucha) haya quedado reducida a poco más de 8.000 millones de euros. Una cifra a la que se ha llegado tras distintas retiradas desde el año 2011.
Seis años de despilfarro
Por aquel entonces los ahorros llegaban a los 66.815 millones de euros, y en poco más de seis años ha quedado reducida a esos poco más de 8.000 millones de euros. Y parece claro que el Gobierno no quiere tocar ese remanente, dado que pretende evitar ser el Ejecutivo que terminó con los ahorros del Estado destinados para los pensionistas.
¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar las prestaciones? Se están planteando muchas y variadas. La primera que se ha puesto encima de la mesa, y que el propio Gobierno ha dejado entrever en algún momento, es incrementar la pensión fiscal. Es decir, que las pensiones se paguen con impuestos.
Según cálculos de BBVA Research esto supondría, en la práctica, que el tipo efectivo de las cotizaciones sociales tendrían que pasar del 28,3% del PIB al 38,9%. Es decir, que encarecería el coste empresarial -con lo que eso podría suponer a la hora de desincentivar la contratación-.
Blindar la pensión mínima
Lo mismo que ocurriría si se ‘destopa’ la cotización sin incrementar las pensiones máximas. Según la entidad, esto hace que “el sistema sea menos contributivo, encarece el factor trabajo, reduce el empleo y genera problemas de credibilidad y reputación”.
¿Y si se crean impuestos exclusivos para pagar la seguridad social? No parece una buena opción, por el riesgo de que esto pueda generar efectos distorsionadores sobre el ahorro, la inversión, la oferta y demanda de trabajo, etc. Al menos, si no va acompañado de una mayor eficiencia y contributividad.
Por tanto, la apuesta del BBVA Research y otros muchos actores implicados está clara: blindar la pensión mínima y, a partir de ahí, establecer otros complementos como un sistema de cuentas individuales de reparto. Una especie de mochila en la que trabajador y empresa puedan hacer aportaciones (con mayor o menor grado de voluntariedad); y asegurando que éstas sean portables y gestionadas por el Estado. Versiones de la ‘mochila austriaca’ que Ciudadanos lleva en sus programas electorales.
Pensiones flexibles
Pero no sólo eso. También deben hacerse otros cambios de mayor calado en el sistema. Como, por ejemplo, la compatibilización de pensión y trabajo al 100%, así como una edad de jubilación flexible.
Modificaciones que deben ir destinadas a garantizar las pensiones, y a que los trabajadores puedan tener, al finalizar su vida laboral, garantías sobre el dinero que les va a corresponder.
Pero, al mismo tiempo, desde Inverco y desde UNESA reclaman que se incentive la contratación de planes de pensiones complementarios. Un mercado que ahora mismo cuenta con unas aportaciones de 73.000 millones de euros, con cerca de 7,5 millones de partícipes.
La rentabilidad lograda varía en función del Plan escogido, pero la rentabilidad interanual a noviembre -con datos de Inverco- ronda el 4,79%.
La reticencia de la clase política
¿Son la solución? Los expertos dicen que no. Que lo ideal sería tener un mixto de los dos tipos de pensión; pero también coinciden en la importancia de que la clase política -y los distintos agentes sociales implicados- comiencen a tomar decisiones en torno a este tema.
¿El motivo? El hecho de que el tiempo se va acabando. El margen está en el período en el que la franja de edad entre 18 y 65 siga siendo mayor que la de 65 años; una vez que haya más pensionistas que cotizantes, habrá poco margen de actuación.