La primera lista negra de este tipo de la UE fue aprobada en diciembre 2017 con un total de 17 países y en enero se redujo a nueve -cifra en la que permanecerá tras los cambios que efectuarán el próximo martes- por la salida de otras ocho jurisdicciones.
Para elaborarla, la UE evaluó el nivel de cooperación en materia fiscal de 92 jurisdicciones e instó a aquellas en las que detectó prácticas que favorecen la evasión de impuestos u opacidad fiscal a presentar compromisos de cambio en sus regímenes para evitar entrar en la lista.
En diciembre la UE concedió a Bahamas, las Islas Vírgenes estadounidenses, San Cristóbal y Nieves, Anguila, Antigua y Barguda, las Islas Turcas y Caicos, Dominica y las Islas Vírgenes británicas una prórroga para presentar estos compromisos por el impacto que sufrieron debido al huracán Irma que arrasó el Caribe.
Tras finalizar la prórroga en febrero y analizar las propuestas presentadas, los expertos europeos han concluido que Bahamas, las Islas Vírgenes estadounidenses y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves deben entrar en la lista negra, según el documento que prevén aprobar los ministros de Economía y Finanzas de la UE el próximo martes.
Bahamas "facilita la creación de estructuras offshore (opacas) y acuerdos con el fin de atraer beneficios sin sustancia económica real" y San Cristóbal y Nieves tienen un régimen fiscal preferencial "perjudicial", apunta el documento.
Las Islas Vírgenes estadounidenses, por su parte, además de tener un régimen perjudicial, no han firmado los acuerdos internacionales de intercambio automático de información y no aplica los relativos al traslado de beneficios y erosión de la base imponible (BEPS).
Ninguno de estos territorios se ha comprometido a aplicar cambios, algo que sí han hecho Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica y las Islas Vírgenes británicas, que pasarán a engrosar la denominada "lista gris".
También entrarán en este repertorio Baréin, Santa Lucía y las Islas Marshall que saldrán de la lista negra tras haber firmado compromisos a "alto nivel político" para enmendar aquellas partes de su legislación que generaban preocupación a los Veintiocho, según el segundo documento que prevén aprobar los ministros.
Todas ellas pasarán se unirán a las otras 55 jurisdicciones que se han comprometido también a hacer cambios.
Los compromisos se revisarán periódicamente, de modo que quienes no respeten lo pactado pasen a la lista negra y aquellos que solventen los problemas salgan de todo repertorio.
La última decisión de recortar la lista generó críticas de laxitud a la UE, pero fuentes diplomáticas recuerdan que el objetivo de la misma no es penalizar a los países sino empujarles a modificar sus reglas.
En enero salieron Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez.
En aras de la transparencia, la UE ha publicado todas las cartas que envió para pedir cambios a las jurisdicciones y ha solicitado a las que están en la lista gris que hagan públicos los compromisos que presentaron, algo que por el momento no ha ocurrido.