"Truth is a masquerade down here" Shelba Lynne

El asalto antidemocrático perpetrado por Podemos y el PSOE para forzar el hachazo fiscal y el aumento de gasto clientelar sin aprobación del parlamento o el senado es mucho más que una irresponsabilidad. Nos puede costar una multa de la Unión Europea y poner en riesgo la recuperación.

Conviene aclarar varios puntos.

No, el acuerdo populista no “sube las pensiones”. Toda la “subida” se consume en mayores impuestos. El pensionista medio verá la subida de pensiones expropiada en nuevas cargas fiscales.

No, no se va a “garantizar el estado de bienestar”. Aumentando el déficit estructural y la deuda -no por una crisis, sino en bonanza- se pone en peligro lo que fingen proteger. Porque esos mayores déficits suponen mayores recortes en el futuro.

No, subir impuestos no es “abandonar la austeridad”, es hacer mayores recortes a todos los ciudadanos en su poder adquisitivo. Porque es una falacia que las subidas sean a las “grandes fortunas”. Llamar grandes fortunas a quienes ganan más de 45-60.000 euros es un insulto al contribuyente. Pero creerse que 600.000 contribuyentes -el total de esas mal llamadas rentas “altas” en España- van a soportar más de 100.000 millones de euros de nuevo gasto en cuatro años, es de una ingenuidad ridícula.

La multa de Bruselas puede caernos por lo de siempre. Hacer estimaciones de ingresos fiscales irrisorias y gastar mucho más de lo presupuestado, que es lo que invita este asalto al techo de gasto. La media de desviación frente a las estimaciones de ingresos presupuestados en España ha sido de 5.800 millones de euros anuales en el periodo 2014-17 y de 12.000 millones de euros en 2008-2011.

El legado con el que se han encontrado España es una economía que crece al 3% anual, crea 500.000 puestos de trabajo siendo el segundo mayor creado de empleo fijo de la eurozona, ha reducido el déficit un 70% desde el 2011 y ha mantenido la deuda sobre PIB bajo control desde 2014, tras tener que rescatar a las Comunidades Autónomas, a las cajas públicas, solucionar el pago a proveedores que hundió a miles de pymes por impago de las administraciones públicas, unos compromisos incumplidos de más de 120.000 millones de euros que se periodificaron irresponsablemente en 2011.

Con este irresponsable y antidemocrático decretazo se dispararía el déficit y se aumentaría la deuda mucho más, justo cuando deberíamos empezar a reducirla en términos absolutos, como mostraba la senda de compromisos con Europa.

Esto debería ser muy preocupante. Pero al Ministerio de Economía ni se le ve ni se le intuye. Ni tenemos una estrategia de Tesoro para el tsunami de vencimientos de deuda que se nos presenta, ni estrategia de comunicación ante el incumplimiento de nuestros propios objetivos de déficit y ante el asalto fiscal anunciado.

El otro día me comentaba un gran inversor norteamericano que el gobierno de coalición de izquierdas de Portugal había llevado a cabo una intensa campaña de información a inversores nada más llegar al gobierno. Esa intensa campaña de comunicación les ayudó a moderar sus agresivas “promesas”, a mantener una fiscalidad mucho más atractiva que la española, a ser mucho más prudentes y a garantizar una mínima estabilidad.

En el gobierno de España, de la minoría absoluta, de la foto y el decretazo, se creen que invertir en España es un privilegio que los políticos conceden a los “incautos” inversores. Ni una sola acción de comunicación, porque el ministerio de Economía y de Hacienda de España es una orden de Moncloa de “diles que sí” a todas las exigencias del populismo de ultraizquierda.

Y ese “diles que sí” para mantenerse en el sillón nos va a costar mucho a los españoles (lean ).

Muy probablemente, una multa de Bruselas. Porque los gastos clientelares que se van a disparar aumentando el techo de gasto no los va a controlar nadie. Y los ingresos de ciencia ficción estimados no se cumplirán.

Y, para seguir, una irresponsabilidad cuando España se enfrentaba al final de los estímulos con los deberes hechos y la confianza en la economía a máximos, y volvemos a lanzarnos a aumentar los desequilibrios, el déficit estructural y los impuestos. Así, pone en peligro eso que dicen defender.

Ni una sola medida para reducir las administraciones paralelas y redes clientelares, que nos cuestan más de 28.000 millones de euros anuales, ni una sola palabra de eficiencia en el gasto, ni una sola mención de devolver a los ciudadanos el esfuerzo realizado. Porque la carga fiscal ya existente a familias y empresas no se va a reducir en ningún tramo. En ninguno. Va a subir a todos por los impuestos indirectos, y a la mayoría de los mayores contribuyentes, vía cargas directas.

España se situará en 2019 como el único país de la eurozona que acomete la ralentización de la economía y el fin de los estímulos del BCE saltándose sus objetivos de estabilidad, aumentando mucho más el gasto corriente y aumentando de manera irresponsable los impuestos, no solo en contra de lo que hacen las economías líderes sino en contra de la lógica.

Cuando el objetivo no es construir y fortalecer la recuperación, sino destruir y crear clientes rehenes del asistencialismo, la lógica no impera. Impera el sectarismo.