El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, una norma que incluye actuaciones dirigidas a proteger a los consumidores más vulnerables y para luchar con la pobreza energética.

En plena espiral alcista del precio de la electricidad en el mercado mayorista, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, avanzó en septiembre una serie de medidas para aliviar la carga que soportan los consumidores. 

El real decreto aborda, en seis bloques, medidas que van desde la modificación del vigente bono social, hasta la eliminación de las trabas burocráticas en la generación de energía renovable, la suspensión de impuestos a la generación y la eliminación del conocido como "impuesto al sol". 

Ampliación del bono social

Con los consumidores más vulnerables como prioridad, el real decreto ley modifica el bono social vigente para ampliar su cobertura, ha explicado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La norma prohíbe el corte de suministro eléctrico en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años o una persona con un nivel de discapacidad igual o superior al 33%. También se aplica esta medida si en la vivienda habita una persona en situación de dependencia (grado II y III). Para acreditar estas circunstancias, no incluidas hasta ahora en el bono social, la situación familiar deberá ser evaluada por los servicios sociales.

Además, se amplía el bono a las familias monoparentales, marcando criterios específicos de renta al considerar que son más susceptibles de padecer pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres (un 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre, apunta el Ministerio). Para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementa el umbral máximo de renta en 0,5 veces el IPREM respecto a las familias biparentales.

Por otra parte, se amplía también los límites de consumo de energía sobre los que se aplica el descuento que ofrece el bono social. La nueva norma amplía en un 15% esos máximos con dos objetivos: compensar el incremento de precios y ajustarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerales, por entender que disponen de electrodomésticos menos eficientes y un peor acondicionamiento del hogar. Como avanzó el Ministerio, el cómputo de consumo también se flexibiliza, de modo que la energía con derecho a descuento que no se consuma durante un mes pueda utilizarse en otros meses de mayor demanda energética, que suelen ser los de más frío. Hasta ahora, si un hogar consumía un mes menos energía del cupo al que le corresponde descuento, no tenía oportunidad de compensarlo en los meses posteriores.

Los consumidores tienen un nuevo plazo para renovar el bono social que tienen concedido y que no vea interrumpido el acceso al descuento: hasta el 31 de diciembre.

La última medida en este bloque va dirigida a las comercializadoras eléctricas, que gestionan y financian el bono social: las que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en la tramitación podrán ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros si se determina una infracción muy grave.

Ayuda para la calefacción

La protección a los hogares con bono social se amplía con un bono social térmico. "Una ayuda económica para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen", explica la ministra.

Los hogares recibirán este bono siempre que hayan renovado antes del 31 de diciembre. El importe que destinará el Gobierno a esta medida dependerá de la cantidad que se consigne en los Presupuestos Generales y del número de beneficiarios. Por otra parte, la cuantía que perciban los hogares dependerá de la condición de vulnerable o vulnerable severo y la zona climática donde esté ubicada la vivienda.

El Ministerio marca como ejemplo que si se dispone de 100 millones de euros en los Presupuestos y hay un total de 1,5 millones de beneficiarios, las ayudas líquidas que recibirían los hogares serían de mínimo 25 euros para un consumidor vulnerable en zona cálida y un máximo de 130 euros para uno vulnerable severo en zona muy fría.

Abajo el 'impuesto al sol'

"Por fin este país se libra del gran absurdo del que se han mofado a nivel internacional, el llamado impuesto al sol", ha afirmado Ribera para rubricar uno de los más esperados cambios que se esperaba de su Ministerio. Según la ministra, en plena transición energética es necesario "activar un modelo energético limpio y accesible" para todos los ciudadanos y, para lograrlo, se eliminan las barreras regulatorias que han dificultado y desincentivado el autoconsumo eléctrico en España.

La norma simplifica los trámites burocráticos y técnicos, reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores y reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. El desarrollo del autoconsumo tiene como finalidad que los consumidores accedan a fuentes alternativas y más baratas para obtener electricidad, disminuyendo las necesidades de la red eléctrica y fomentando la independencia energética y la reducción de gases contaminantes.

Fiscalidad energética

El real decreto ley aborda también la suspensión provisional y la exención de dos impuestos a la generación que encarecen el recibo de los consumidores. El objetivo, reconoce la ministra, es moderar de forma directa la evolución de los precios en el mercado mayorista. La medida es transitoria y el Ministerio aprovechará este tiempo para trabajar en una reforma más profunda del sistema eléctrico para lograr un ajuste en los precios en el largo plazo.

En primer lugar, como ya anticipó la ministra, se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante seis meses -ajustándose con el período de mayor demanda a causa del invierno-. En segundo lugar, introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el conocido como "céntimo verde". Se trata de un impuesto diseñado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos pero emite al mercado una señal opuesta, consideran desde el Ministerio: el céntimo se traslada al precio final de la electricidad cuando tecnologías como el gas fijan los precios en el mercado mayorista.

Las dos medidas fiscales reducirían la factura del último cuatrimestre en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5€ para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh, estima el Ministerio.

Otras medidas

Otro de los capítulos de la norma aprobada este viernes se dirige a impulsar la movilidad sostenible. Según la ministra, se aborda uno de los factores que están frenando la penetración de los vehículos eléctricos: la falta de puntos de recarga públicos. La norma elimina la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico al considerar que es demasiado rígida y que desincentiva la actividad.

La supresión no implica, matiza el Ministerio, una merma en la seguridad de las instalaciones que deben seguir cumpliendo la normativa correspondiente a la seguridad industrial. Además, se avanzará para poner a disposición de los ciudadanos un punto único de información sobre puntos de recarga disponible y las características de cada uno.