El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario de los empleados públicos en un 2,25% el próximo año, según ha informado hoy la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo.



Esta subida salarial se complementará con un repunte del 0,25% en fondos adicionales cuya aplicación se decidirá en cada administración y podría sumar otro 0,25% en función de una serie de factores vinculados al crecimiento económico, tal y como acordaron sindicatos y Gobierno en marzo del pasado año.



Este acuerdo prevé un incremento salarial fijo del 1,75% este año, ya aplicado, el 2,25 % en 2019 y el 2 % en 2020, a lo que se suma una parte variable del 0,25% en 2019 y el 1% en 2020 si la economía crece al menos un 2,5 % cada año -si es menor a esta cifra disminuye proporcionalmente-.



En 2020, se añade un 0,55% adicional por el cumplimiento del objetivo de déficit público. El acuerdo también prevé fondos adicionales para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones que permitirán añadir subidas del 0,2% en 2018, del 0,25% en 2019 y del 0,3% en 2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado también en Barcelona el Real Decreto por el que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá a 900 euros mensuales por catorce pagas a partir del 1 de enero, lo que supone un aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía y su mayor alza desde 1977, según ha destacado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

"La subida del SMI es la mayor en 41 años"

Este incremento del SMI es fruto del acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y beneficia, según el Gobierno, a casi 2,5 millones de trabajadores, más de la mitad de ellos mujeres.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha resaltado además que esta subida sitúa el salario mínimo de España en una media del 80,6% en relación con Europa.



La cuantía del salario mínimo se aprueba habitualmente por decreto a finales de diciembre, para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente.