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Madrid, 30 ene (EFECOM).- La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha asegurado que el Gobierno tiene la intención de regular el registro de jornada para "perseguir a las empresas del siglo XIX, que siguen negando los derechos laborales de los trabajadores".

Así lo ha asegurado este miércoles Valdeolivas, que ha defendido en el Senado la necesidad de equilibrar la flexibilidad empresarial en la distribución del tiempo de trabajo con la atención a los intereses de los trabajadores, algo que hasta ahora introducía un elemento "precarizador".

Para ello, el Gobierno trabaja en la mesa de diálogo social en la regulación de un registro de jornada, una herramienta que "será posible y no se basará en los medios tradicionales", ha dicho Valdeolivas, quien ha rechazado que sea para "perseguir a las empresas del siglo XXI, como se ha dicho, o un instrumento viejuno".

"Queremos perseguir a las empresas del siglo XIX que siguen negando derechos como si siguiéramos anclados en el siglo XIX", ha dejado claro.

Otro de los aspectos que quiere modificar el Gobierno de la reforma laboral es el relativo a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, porque tal como está en la actualidad se ha demostrado "destructivo" sobre las pymes.

No obstante, el Gobierno "no tendría inconveniente" en mantenerlo en el caso de las grandes empresas que sí cuentan con una fuerte presencia sindical.

Respecto al límite a la ultraactividad que introdujo la reforma laboral, Valdeolivas ha señalado que sometió a los interlocutores sindicales a una presión "claramente intencionada" por parte de los empresarios que ha derivado en la pérdida de derechos adquiridos.

"Mal harán en defender medidas que, buscando la mayor flexibilidad empresarial y garantía a las empresas, abren la vía al dumping social a empresas que aprovechan los recovecos de la norma precarizando y ganando así productividad", ha dicho.

Entre los objetivos del Gobierno, ha indicado que buscará redefinir las causas para aplicar medidas de flexibilidad interna en las empresas con la intención de "proporcionar mayor seguridad jurídica y justificar de manera más reforzada la existencia de una verdadera necesidad empresarial".

Asimismo, condicionará la duración de esas medidas de rebaja de las condiciones de trabajo "a la causa que las dio vida", y reforzando el papel de la representación sindical realmente legitimada, para evitar que "cualquier proceso de consulta sea pura ficción".

En materia de despido, el Gobierno buscará reformar del despido colectivo por causas empresariales para convertirlo en la última opción, anticipando medidas anteriores que pueden evitarlo.

Valdeolivas ha resaltado también la necesidad de regular la subcontratación, para lo que ha hecho referencia a la proposición de ley que se tramita en el Congreso de los Diputados y que busca atajar este "intolerable mecanismo de dumping social para las empresas", por lo que confía en "encontrar espacios compartidos".

También quiere el Gobierno recuperar el papel de la negociación colectiva, tratando de revertir algunos de los elementos mas nocivos de la reforma laboral, porque el papel de convenio colectivo "ha perdido su rol de distribución riqueza y paz social para convertirse ne instrumento a favor de la unilateralidad empresarial".

Otro asunto sobre el que trabaja su departamento es una simplificación y reordenación del menú de contratos de trabajo, que actualmente "introduce dispersión, caos normativo e inseguridad jurídica".