El gobierno catalán ha advertido este miércoles de que si la sociedad concesionaria de la empresa Aigües Ter-Llobregat, liderada por Acciona, no entrega las instalaciones y el Govern no puede asumir el servicio de abastecimiento de agua, "pedirá autorización judicial para recuperar" dicha gestión.

Así lo ha asegurado esta mañana el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, en una comparecencia junto al conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, en el Parlamento catalán sobre el conflicto de ATLL, compañía ahora denominada ATL.

El Govern acordó el año pasado retomar la gestión pública de ATLL, y debía hacerlo ya desde el 1 de enero de 2019, pero Acciona ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar tener que entregar la gestión de esta empresa antes de que se efectúe la liquidación del contrato de gestión del servicio.

Aragonès ha explicado que el 5 de febrero se ha convocado una vista ante el TSJC para resolver la petición de cautelares hecha por la concesionaria, y que el Govern "esperará a la resolución del procedimiento judicial antes de continuar con el desahucio administrativo", pero a continuación ha remarcado que se pedirá autorización judicial si Acciona se niega a entregar la gestión.