Madrid, 16 feb (EFECOM).- La Audiencia Nacional prosigue con la investigación por el presunto fraude de casi 100 millones de euros que habrían llevado a cabo trece comercializadoras de energía eléctrica, después de que el cabecilla de la trama, Esteban roig, quedara en libertad el pasado diciembre.
Fuentes jurídicas han indicado a Efe que la decisión de dejar en libertad a Roig, al que junto con otras siete personas se le atribuyen delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, así como fraude fiscal, obedece al nulo riesgo de destrucción de pruebas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia ahora toda la documentación que obra en el sumario hasta la fecha para ver qué diligencias son necesarias.
Roig ingresó en prisión el 1 de diciembre de 2017, y según el juzgado central de Instrucción número 1 habría creado una "compleja estructura societaria" basada en la "creación de comercializadoras eléctricas, la interposición de colaboradores en los órganos de administración de éstas y la adquisición de una amplia cartera de clientes".
El fraude lo destapó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil en noviembre de 2017, tras constatar que trece comercializadoras piratas de energía eléctrica habían suministrado desde 2012 luz a unos 4.000 pymes a precios más bajos con facturación falsa.
En un principio fueron detenidas 18 personas, e incautados 18 vehículos y un velero, analizados 154 productos financieros y nueve inmuebles, descubiertas 180 sociedades del grupo y localizados 24 testaferros.
Pocos días después el juez Santiago Pedraz decretó prisión provisional sin fianza para Roig, considerado el cabecilla de la trama, y dejó en libertad a siete detenidos.
La captación de una "extensa bolsa de clientes" generó, según el magistrado, un aumento de la facturación de las comercializadoras, y por ende, de los investigados, así como perjuicios para el resto del mercado.
En total, las pesquisas identificaron 28 sociedades del "entramado empresarial blanqueador" vinculadas a Fix Control Rate, con sede en Barcelona y "centro neurálgico" de la trama, que habrían recibido 32,4 millones de euros de las comercializadoras fraudulentas.
Estas empresas "pirata", a nombre de testaferros, captaban a clientes a los que ofrecían luz a un coste entre un 20 % y un 30 % más bajo de lo habitual, aunque no compraban a las generadoras toda la energía que destinaban a sus consumidores.